Nueve personas son acusadas este jueves por la mañana por el fiscal Pablo Lanza por un alto número de estafas cometidas en los últimos meses en al menos tres agencias de autos, ubicadas en Independencia al 3200 y en Pellegrini al 3100 y al 4800. Entre los imputados se encuentra Nelson Ugolini, ex empleado del Ministerio Público de la Acusación, quien a su vez está involucrado en la causa por juego clandestino por la que fue condenado un ex fiscal y está próximo a ir a juicio el ex fiscal regional Patricio Serjal.
La audiencia comenzó ante el juez Alejandro Negroni pasadas las 8 en la sala 10 del Centro de Justicia Penal, donde se atribuyeron 32 casos de estafa, aunque el funcionario del Ministerio Público de la Acusación tiene material para luego ampliar la cantidad de hechos. Los involucrados son Andrés Javier Alarcón, Camila Giselle Mendoza, Roberto Pereyra, Walter Ríos, Nelson Ugolini, Maximiliano Hernán Alarcón, Leandro Jaquet, Diego Alberto Gordillo y Fernando Ortellado Rodríguez.
De las personas acusadas, algunas pertenecen a la agencia de autos de Pellegrini y Francia, donde el caso cobró notoriedad mediática luego de una manifestación de damnificados en la puerta del local. Otros son de la agencia de Pasaje Independencia al 3200 y otros de Pellegrini al 4800 que, según clientes que hicieron la denuncia, estaban “conectadas entre sí” a la hora de llevar adelante algunas operaciones de compraventa.
“En mi caso compré un auto que valía seis millones de pesos. Lo señé con 2.400 dólares y el resto lo iba a pagar con un crédito prendario. Pasaron los días y el banco no nos llamaba. Averiguamos y era porque (el local) no había entregado el 08. Cuando fuimos a preguntar qué había pasado nos dijeron (en la agencia) que el dueño del auto se había arrepentido y le estaban por iniciar acciones legales. Y que no me podían devolver la plata porque ya la habían invertido”, relató Ezequiel, una de las víctimas, en Radio 2.
La acusación, punto por punto
Según indicaron a Rosario3 desde el Ministerio Público de la Acusación, a Camila Mendoza le atribuyeron 32 casos de “estafa reiterada por abuso de confianza", a Andrés Alarcón 25, a Walter Ríos 11, a Roberto Pereyra 9, a Leandro Jaquet 8, a Nelson Ugolini 6, a Fernando Ortellado Rodríguez 3, a Diego Gordillo 2 y a Maximiliano Alarcón 1.
De acuerdo a la acusación de Lanza, al menos desde diciembre del año pasado todos formaron parte de una asociación ilícita que, “en forma organizada, sistemática y con notas de permanencia en el tiempo”, se destinó a cometer delitos vinculados a la compraventa de automotores.
Para el fiscal, los sospechosos sacaron “un provecho patrimonial ilícito e injusto mediante el abuso de confianza que generaba las fachadas de los locales comerciales que utilizaban, defraudando a las víctimas”.
En su alocución, explicó que los imputados hacían caer en distintos errores a sus clientes “a través de engaños, que consistían en la suscripción de documentos (contrato de compraventa de automotor, recibo de dinero, contrato de compraventa automotor, contrato de consignación de automotor para vender, contrato de compraventa automotor compra) y aparentando bienes o negociaciones, lo que lograba que las víctimas hicieran disposiciones patrimoniales voluntarias y entrega de dinero o vehículos, extracción de un préstamo o crédito prendario en bancos y/o entidades financieras, con el objeto de concretar operaciones comerciales con vehículos” en las agencias de Pellegrini al 3100, Independencia al 3200 y Pellegrini al 4800.
Lanza ponderó que la organización “montó locales como agencias de autos” y constituyó dos cooperativas. “También contaban con oficinas en el micro y macrocentro de Rosario, como eran las de calle Corrientes al 600, Paraguay al 1700, Rodríguez al 1100, donde las víctimas eran mandadas a realizar distintos tipos de maniobras –suscripción de documentos– que concluyeron con desapoderamiento de sus vehículos y de una suma importante de dinero, o de ambos”, comentó.
“También contaban con gestores para los trámites administrativos en los registros de propiedad automotor y para realizar la transferencia del rodado”, sostuvo.
El fiscal señaló que algunos de los imputados se comunicaban por redes sociales con personas que habían puesto su vehículo a la venta con la finalidad de mostrarles interés. Luego les pedían que se acercaran a algunos de los locales “montados” y los inducían a suscribir contratos de consignación. “Solicitaban la entrega del rodado con su documentación y fotocopia del DNI, suscripción del formulario 08, y en ocasiones les entregaban a la víctima sumas de dinero a cuenta de una futura venta pactada en pesos”, contó al tiempo que añadió: “En ocasiones, retiraban el rodado y al utilizarlo infringían normas de tránsito, conducían en estado de ebriedad, lo que hacía que les remitieran el vehículo al corralón, generando una importante deuda de dinero por la multa en cabeza de la víctima”.
“En otros casos, los clientes compraban en la agencia un rodado usado, suscribiendo un contrato de compraventa automotor, en el que se establecía el rodado y la forma de pago, en la que entregaban una suma de dinero a cuenta en efectivo por la adquisición del rodado y el plan de pago, desapoderándolos de la suma de dinero entregada o transferida, muchas veces a cuentas de terceras personas, siendo que posteriormente no cumplían con lo pactado y con la entrega del rodado, generándole a la víctima importantes perjuicios económicos”, indicó.
El fiscal subrayó que en otros casos, los clientes daban sus vehículos y suscribían un contrato de compraventa de automotor en el que se detallaba la forma de pago, el rodado que entregaba, una suma de dinero en un crédito prendario, y un monto restante que se entregaba por transferencia bancaria, pero después no recibían ni el auto ni la plata.
