El caso conocido como megaestafa inmobiliaria tuvo su veredicto este viernes. De los 13 acusados, diez fueron absueltos y las tres condenas impuestas fueron “prácticamente ejemplares”, según el acusador Sebastián Narvaja, quien admitió que el tribunal no “favoreció” la posición de la Fiscalía, pero, de todas maneras, celebró que el sistema de justicia haya demostrado que tiene la “capacidad de procesar” este tipo de casos.
Para Narvaja, la absolución que resolvió el tribunal tienen que ver con dos ejes. “Uno es considerar desde el punto de vista jurídico qué es lo que hace falta para que exista o no lavado de activos. El tribunal puso un estándar más alto que el que considera la Fiscalía para decir que hay lavado de activos. La fiscalía tendrá que apelar”, dijo el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Ismael Manfrín y Román Lanzón absolvió a los imputados del delito de lavado de activos. Los condenados fueron Juan Roberto Aymo, que recibió 11 de prisión y 90 mil pesos de multa por ocho casos de estafa; el escribano Eduardo Martín Torres, 12 años, 90 mil pesos de multa y 10 años de inhabilitación por ocho casos. El sindicalista Maximiliano Rodrigo Fabián González de Gaetano, en tanto, recibió siete años de pena. Además de esta causa, González de Gaetano tiene una investigación abierta por asociación ilícita.
“Por otro lado –continuó Narvaja–, la base de la decisión del tribunal tiene que ver con considerar –con relación a la mayoría de las personas imputadas– que «no se produjo prueba suficiente» para demostrar que hicieron lo que hicieron con dolo –es decir, a propósito–, sino con descuido y negligencia. En ese sentido, también se apartó de lo que considera la Fiscalía”, agregó el acusador.
Narvaja destacó “haber llegado al juicio después de 7 años de presentada la acusación y después de toda una serie de factores que quisieron impedir que se haga”, y consideró importante demostrar que el sistema de justicia tiene capacidad de procesar este tipo de casos.
Las condenas impuestas, dijo, “tienen un carácter prácticamente ejemplar y se ajustan bastante al pedido que había hecho la Fiscalía en cuanto a la severidad. Es importante como mensaje a la sociedad en el sentido de que se va a condenar con dureza este tipo de fraudes que tiene que ver con quitarle a las personas su casa o propiedad”.
