Este viernes se conocerá el veredicto en la causa de la “mega estafa inmobiliaria”, que sigue a una presunta organización que falsificaba documentación para quitarle propiedades a sus dueños y luego desplegar una serie de maniobras para darles una apariencia lícita a las falsas transacciones. La causa que comenzó en 2016 tuvo mucha repercusión por la participación en roles centrales de empresarios, inversores y escribanos ricos y famosos combinados con personajes del bajo mundo cercanos al mundo narco. La lectura del veredicto es a las 13.30 en el Centro de Justicia Penal y el tribunal está conformado por Nicolas Vico Gimena, Ismael Manfrin y Román Lanzón.
Hay mucha expectativa por el veredicto porque se trata del primer juicio en el sistema penal oral y público de esta magnitud en torno a un delito económico. Pero lo trascendental del resultado del veredicto no radica en ver a quién condenan y a quién no, sino en ver que no se convierta en una resolución dañina en términos jurídicos para el combate de los delitos de guante blanco, como sería que se definan exoneraciones en base a filigranas jurídicas en lugar de ir por el lado de que consideren o no probadas determinadas circunstancias.
Siete años pasaron desde que una serie de allanamientos en oficinas y propiedades sacudiera la city local en lo que fue una suerte de debut público a gran escala de la Unidad Especial de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), grupo de fiscales especializados en delitos de guante blanco y fuerte protagonismo a partir de esa fecha en resonantes casos como las caídas de Vicentin y el financista Luis Herrera, entre otros casos resonantes.
Luego de una larga instrucción –en parte demorada por la complejidad de la causa y en parte por el intento de correr al fiscal Sebastián Narvaja, quien lideró las investigaciones- el juicio arrancó en marzo de este año, y semanas atrás terminó una extensa ronda de alegatos finales en la que se expusieron al detalle la lista de casos en los que, según el fiscal, se robaban propiedades con guante blanco.
Entre 2016 y la hora del veredicto quedaron 13 acusados porque varios aceptaron previamente su culpabilidad en algunas maniobras vía juicios abreviados o acuerdos de oportunidad.
Por ejemplo, el agente de Bolsa Claudio Oneto y el gerente de La Capital Pablo Abdala fueron desvinculados con acuerdos basados en el “principio de oportunidad” con el ex fiscal regional Patricio Serjal (recordado funcionario judicial por haber quedo preso por actos de corrupción) a cambio de un resarcimiento económico a Ana Luppi, viuda del camarista Ernesto Navarro, quien vio esfumarse la propiedad de un campo de 124 hectáreas ubicado en jurisdicción de Villa Amelia en una cadena de compras y ventas urdida a partir de un poder fraguado. Precisamente, ese caso fue el que destapó la olla.
Según el fiscal Sebastián Narvaja, ninguno de los robos de propiedades que se produjeron podrían haber sido concretado sin la participación especial de cuatro escribanos que firmaron escrituras que sabían que eran falsas.
La Fiscalía pone como cabeza de todo al escribano Eduardo Torres (a quien le pidieron 20 años de prisión), quien cuando empezó a tener problemas en el Registro de la Propiedad para que les avalen sus documentos empezó a requerir la firma de otros tres escribanos.
Fue así que quedaron acusados los escribanos Luis Kurtzemman (pidieron 5 años de prisión y multa de $54M y 10 años de inhabilitación), Juan Aliau (9 años de prisión, multa de $344M y 12 años de inhabilitación) y José Luis Gordó (7 años de prisión, multa de $81M y 12 años de inhabilitación especial para ejercer el notariado) del total de 11 implicados que tiene la causa (que se suman a 5 ya condenados).
En la lista de los empresarios que participaron de la maniobra (como inversor, beneficiario y también artífice de las maniobras) está el empresario Marcelo Jaef (a quien le pidieron 7 años de prisión y $73M de multa), quien también está denunciado por apropiarse de la clínica odontológica de su hermano, el prestigioso profesional Salvador.
Completan la lista de acusados el presunto gremialista Maximiliano González de Gaetano y su hija Magalí, el gestor Juan Roberto Aymo y su esposa Ramona Isabel Rodríguez; el vendedor de autos Omar Busellato; Sandra Fabiana Moresco, Andrés Alejandro Martín y Vanina Elisa Viglione.
