Rosario atraviesa el año más violento de su historia. Alcanzó los 264 homicidios dolosos, la cifra tristemente récord de 2013, y todavía falta todo el mes de diciembre. Se trata de un 2022 marcado por familias enteras asesinadas a tiros y por personas que murieron por el solo hecho de quedar en medio de la línea de disparos de sicarios.
Antes del desarrollo de la nota, cabe una aclaración: en 2013 hubo 264 personas asesinadas. Sin embargo, en las estadísticas criminales figura que hubo 271. Eso es porque en los registros se incluyeron siete fallecimientos ocurridos en 2014 de personas que habían sido atacadas el año anterior.
Ya que fueron mencionadas, las estadísticas criminales suelen servir como foto y como diagnóstico de cuáles son o dónde están los problemas. En el caso de Rosario, hay una particularidad: son los mismos territorios “calientes” hace una década. Se trata de Las Flores, Vía Honda, Ludueña, Empalme Graneros, Godoy, Triángulo, el Cordón Ayacucho, Grandoli y Gutiérrez y Nuevo Alberdi.
Dentro de los datos que obtuvo el Observatorio de Seguridad Públic, se pudo establecer que, en promedio, siete de cada diez asesinatos que se cometieron en Rosario estuvieron “relacionados con organizaciones criminales o economías ilegales”. Eso, según un experimentado investigador judicial, explica en parte el fenómeno de la violencia: en Rosario aumentó el consumo de droga y las bandas, cuyos líderes están presos, se fragmentan, y esas divisiones generan nuevas disputas sangrientas que se suman a las ya existentes contra estructuras antagónicas. Todo esto, además, ocurre porque hay un colchón de policías que cobran coimas para que todo eso ocurra mientras hacen la “vista gorda”.
Para muestra, a veces sirven los ejemplos. Una pareja del Comando Radioeléctrico actualmente está presa por haber sido imputada por el fiscal José Luis Caterina por cobrar 50 mil pesos para “liberar zonas” para que se cometan delitos. Mirar para otro lado tiene un valor, y eso puede implicar desde que se perpetre un robo hasta una balacera o un homicidio.
Una de las cuestiones más destacadas en materia de criminalidad también es que este año, casi el 54 por ciento de las víctimas de los homicidios fueron menores de 29 años. Las disputas, los ajustes, muchas veces se cobran las vidas de los más chicos. Y en algunos casos esas víctimas son asesinadas por una confusión de los sicarios, como pareciera haber ocurrido la semana pasada en el complejo Fonavi de Sanguinetti al 5600, de acuerdo a la investigación del fiscal Adrián Spelta.
De hecho, más del 4 por ciento de las personas asesinadas este año tenían entre 0 y 14 años, según el Observatorio de Seguridad Pública. Otro dato significativo es que las mujeres víctimas de asesinatos eran, en promedio, el 7 por ciento del total y este año fueron casi el 20 por ciento. “Eso te muestra que se dejó de lado un código en las bandas. Antes no se tocaban mujeres ni niños para los vueltos”, apuntó un investigador judicial de extensa trayectoria.
“Un caso emblemático de este año es el de Zacarías Sharif Azum –adolescente de 15 años que estaba sospechado de haber cometido un crimen y que luego fue asesinado–. Te expone cómo bajó la edad en todo sentido, para matar, para balear, para vender y para morir”, agregó el funcionario que optó por mantener su nombre en reserva.
Por su parte, un reconocido investigador de homicidios ponderó el doble crimen de Claudia Deldebbio y su hija Virginia Ferreyra, ocurrido el 23 de julio, como un ejemplo del alcance que tienen determinadas bandas a la hora de tirar “porque sí”. “Eso fue matar por matar para infundir miedo y respeto en el barrio. Ahí quedó claro que quienes recibieron los disparos estaban en el lugar y en el momento equivocado. Y la víctima pudo haber sido cualquiera, como les pasó a ellas”, concluyó.
Otra característica que no había ocurrido antes en el narcotráfico es la del “escrache” al rival. En septiembre pasado, cuando fue imputada la organización liderada por Mauro Gerez y Jonatan Almada, fueron empapelados distintos edificios públicos con los nombres de aquellos “enemigos” que les disputaban territorio en los barrios Industrial, Ludueña y Empalme: Francisco Riquelme, René Ungaro y Los Funes. Eso, de alguna forma, buscó “poner presión” al Ministerio Público de la Acusación para que también avancen sobre ellos, algo que efectivamente luego sucedió.
Hace cuatro años se había corrido un límite, que era el de atentar contra funcionarios judiciales. Balearon casas de jueces, policías y edificios judiciales. Pero en 2022 lo “novedoso” fue intimidar al periodismo, como fue el cartel dejado en las instalaciones de Telefé Rosario, que estaba dirigido a todos los medios de comunicación e indicaba que iban a “matar periodistas”. Por esa causa hay un imputado por los fiscales Federico Rébola y Franco Carbone, cabe resaltar.
“Saben que son delincuentes, pero no interiorizan que cometen delitos. Es decir, personifican su fracaso criminal en el fiscal que los investiga o en el periodista que cuenta la crónica. Antes, los delincuentes tenían la famosa frase «perdí». Sin embargo, ahora hacen show y se sienten inocentes injustamente perseguidos”, opinó un funcionario del Ministerio Público de la Acusación.
