Este lunes se llevaron a cabo los alegatos de clausura de la Fiscalía en el juicio por los atentados contra jueces, policías y edificios judiciales ocurridos en 2018. El fiscal Miguel Moreno, uno de los cuatro acusadores, sostuvo que los siete imputados que llegaron a esta etapa, entre ellos el líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, “no mostraron arrepentimiento” después de los ataques que buscaron intimidar a las víctimas que participaron o iban a intervenir en alguna investigación contra la banda narco. “El interés es económico, desde quien lo planificó hasta quien lo ejecutó”, aseveró.
Los fiscales tomaron el micrófono pasadas las 8.30 y partieron en cuatro la información con la que alegaron durante cinco horas sin la participación –ni virtual– de los acusados. Primero fue el turno de Aníbal Vescovo, luego de Gastón Ávila, posteriormente de Matías Edery y fue Miguel Moreno quien cerró con la reiteración de los pedidos de pena para los siete imputados, cuyos cabecillas Ariel Cantero, Lucía Uberti y Matías César afrontan una solicitud de 24 años de condena.
Para explicar una causa compleja, como fue la planificación de los atentados –de los cuales no todos tienen personas imputadas, aunque los indicios apunten a la misma organización y motivación–, los fiscales marcaron el punto principal de la teoría del caso: por qué el líder de Los Monos instigó esos ataques.
Los fiscales sostuvieron que en casi todos los domicilios atacados a tiros –salvo el caso de la sede de la PDI donde arrojaron una granada de gas lacrimógeno– hubo víctimas múltiples: por un lado, los policías que investigaron a Los Monos, jueces que intervinieron en la Megacausa, ya sea en la instrucción, en el juzgamiento o en la apelación de la sentencia; y por el otro, las personas que actualmente vivían en las casas que fueron baleadas, anteriormente viviendas de los funcionarios judiciales.
En ese marco, fue Miguel Moreno quien aseguró que las balaceras tuvieron “doble o triple finalidad. En primer lugar, los ataques a la PDI y al Ministerio Público de la Acusación surgen según la evidencia para interrumpir las investigaciones sobre las balaceras que habían tomado fuerza, ya que había medidas que direccionaban al esclarecimiento del hecho. También fueron para modificar la postura acusatoria que el MPA iba a llevar ese mismo día (de la balacera a la sede de Fiscalía del 14 de agosto de 2018) ante la Cámara de Apelaciones”.
Para el fiscal Moreno, con los atentados se “reclamó la impunidad de Cantero. ¿Tenía sentido pretender la impunidad en ese momento con las causas que tenía en curso? Entendemos que sí, porque en ese momento la única sentencia condenatoria (22 años de prisión) por la que estaba privado de la libertad era la causa Los Monos. Si se revocaba (el fallo), el panorama mejoraba mucho para Cantero”.
“El interés es económico desde quien lo planificó hasta quien lo ejecutó. Fue por plata. En el caso de Cantero porque no tiene resuelta la situación de los bienes decomisados. Todos los hechos fueron en la nocturnidad, ejecutados al filo o entrada la madrugada”, concluyó Moreno.
A este contexto, se añade que "Guille" Cantero planificó los primeros atentados cuando la Justicia federal decidió sacarlo de la cárcel provincial de Piñero para mandarlo al penal federal de Resistencia.
“Guille” para todos, y todos para “Guille”
Por su parte, el fiscal Ávila explicó que el líder de Los Monos –acusado de planificar siete de los atentados– canalizó la organización de los hechos a través de tres “células” o bandas que realizan trabajos criminales por encargo.
Las tres organizaciones están vinculadas a Guille Cantero por las armas de fuego y el negocio de la venta de droga, según dijo el fiscal. Adjuntó a esa afirmación una serie de imágenes que se encontraban en los celulares de los imputados donde se ve el fraccionamiento de marihuana, cocaína, uso de balanzas electrónicas para pesar los estupefacientes, fotos con pistolas de varios calibres y hasta con las granadas que poseían para luego atentar. Además, remarcó que los líderes de esas tres bandas se comunicaban entre sí y a través de un nexo común: Lucía Estefanía Uberti.
De acuerdo a la alocución del fiscal, una de las tres “células” criminales es la banda de barrio Alvear que está dirigida por Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado –condenado por el Triple Crimen de Villa Moreno–. Esa estructura además está integrada por Lucía Estefanía Uberti, Damián Oscar Enrique “Tito” Chávez, Leonel Alejandro Fernández, Matías Fernández, Gustavo Franz “Tete” Peralta, y los condenados Claudio Nahuel “Churro” Canavo (17 años de cárcel por esta causa más otra por un homicidio) y Aldana Mazzeo (3).
“Teletubi” Delgado –apodado en las conversaciones como “Ojitos claros”– encomendaba las tareas y Uberti era quien las gestionaba. Ella –en base a la teoría del caso– organizó los ataques con mano de obra de esa organización, como los hermanos Matías y Leonel Fernández, Gustavo Peralta y Claudio Canavo. Por su parte, Damián Chávez era quien llevaba las cuentas de la comercialización de droga y también articuló al menos uno de los atentados.
La relación entre Cantero y Delgado fue explicada por los acusadores por la cárcel de Piñero, donde compartieron el pabellón N° 7 hasta finales de mayo de 2018, cuando al líder de Los Monos lo trasladaron al penal federal de Resistencia, Chaco. Tenían línea directa.
La segunda “célula” criminal es la denominada “Banda de Quintana”, liderada por Matías Nicolás César –primo de Milton César, a quien Los Monos asesinaron a parte de su familia al suponer que era el autor del crimen de Claudio “Pájaro” Cantero–. En esa banda al menos participa un primo, Tobías Barrios, ya condenado en el transcurso de la investigación a 5 años y 6 meses de prisión.
Matías César tenía trato directo y frecuente con Guille Cantero. En tan solo cuatro días de actividad del teléfono secuestrado a César en septiembre de 2018 intercambiaron más de 400 mensajes de Whatsapp. La mayoría fueron eliminados.
Entre los mensajes que no se borraron en los diálogos entre Guille Cantero y César se encuentran los que el líder de Los Monos envió para atentar contra el empresario Andrés Lamboy, quien recibió 20 tiros el 18 de septiembre de 2018 en la puerta de la escuela San Bartolomé.
El fiscal Ávila identificó una tercera estructura que trabajó para Cantero en las balaceras. Es la dirigida por Leandro Daniel “Chulo” Olivera, quien se comunicaba de forma directa con Cantero. Para acreditar esa relación, los acusadores se apoyaron en uno de los testigos que informó que entre el 5 y el 7 de agosto de 2018, “Guille” llamó tres veces desde el penal de Chaco a Olivera.
“Chulo” Olivera además tenía un vínculo de vieja data con la familia Cantero, ya que se encuentra registrado como chofer de taxi de Silvana Gorosito, pareja de Ramón Machuca –alias Monchi Cantero–.
Atentados, de a dos
El fiscal Matías Edery, al repasar cada uno de las balaceras y hechos intimidatorios, enfatizó que al comienzo la mecánica pensada por la organización era realizar dos ataques en simultáneo. “¿Por qué? Porque el objetivo era que la Policía se distraiga, que tenga más dificultad para detener a las personas que lo habían hecho”, aseguró.
Si bien los integrantes de las organizaciones borraban generalmente los mensajes de Whatsapp en los que se enviaban las direcciones que tenían que atacar y otros datos que podían incriminarlos en caso de resultar detenidos, la llave de la causa fue el teléfono de Lucía Estefanía Uberti.
Uberti, si bien también borraba los mensajes de Whatsapp, hacía capturas de pantalla de los chats que mantenía con César, Delgado o con Olivera de forma constante. ¿Por qué? Porque era quien debía rendir cuentas, el nexo –según sostuvieron los fiscales– entre los cabecillas de las tres células, Guille y la planificación de los atentados. De esta forma, si bien no quedaban los mensajes en las conversaciones, sí estaban las capturas en la galería de imagen.
La joven no solo hacía capturas de pantalla sobre los diálogos para llevar a cabo los ataques. También hacía “screenshot” de la mediatización de esos atentados, entre ellos, los reflejados en el diario digital Rosario3 y en sus redes sociales.
Los atentados sin imputados
La investigación tuvo a once personas imputadas, de las que solo siete llegaron a este juicio, ya que las cuatro restantes aceptaron procedimientos abreviados y ya están condenadas. Son los ya mencionados Claudio Canavo, Aldana Mazzeo, Tobías Barrios y José Alberto Castillo (participó en la balacera al MPA) a 5 años y 6 meses.
De los quince hechos expuestos en el juicio, en al menos dos no hubo personas imputadas. Fueron los ataques al domicilio del padre del juez Juan Carlos Vienna, ocurrido el 13 de julio de 2018 en Laprida al 3600; y el del policía Luis Quevertoque, el 1 de julio de ese mismo año en Gálvez al 5900. No obstante, se sugirió que formaron parte de la saga ocurrida en el mismo período de tiempo de los ataques a las personas que participaron en investigaciones contra Los Monos, y en el caso de ambos, Vienna fue el juez de instrucción y Quevertoque fue uno de los uniformados que hizo tareas investigativas –actualmente está condenado como miembro de la banda de Esteban Alvarado–.
Los pedidos de pena
Los fiscales pidieron 24 años de prisión para Ariel Máximo “Guille” Cantero, Matías César y Lucía Uberti; 13 años para Daniel Delgado –cuya unificación de pena con el Triple Crimen quedaría en 34 años–; 13 años para Leandro Olivera; 12 años para Leonel Fernández; 9 años y 6 meses para Damián Chávez.
El juicio continuará el miércoles y jueves con los alegatos de clausura de los abogados de los imputados. El veredicto se prevé que se dará a conocer por parte del tribunal integrado por Hebe Marcogliese, Pablo Pinto y Rafael Coria el miércoles 29 de septiembre.
