Un preso que está imputado por planificar el crimen de un ladero de Esteban Lindor Alvarado ahora quedó bajo sospecha por una seguidilla de extorsiones, amenazas y balaceras. Se trata de Fabio Giménez, que actualmente se encuentra en la cárcel de Coronda. Este jueves fue detenida su novia, sospechada de participar en el armado de los ataques. El año pasado ocurrió algo similar, cuando fue arrestada la anterior pareja del recluso, pero por el asesinato de Nicolás "Fino" Ocampo.
Por orden del fiscal de Balaceras Pablo Socca y por las tareas realizadas por la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Samanta Joana V. fue detenida a la salida de una visita a Fabio Giménez en Coronda.
La mujer del recluso está sospechada de ser la encargada de llevar a cabo todas las órdenes que imparte el hombre desde su lugar de alojamiento penitenciario. Pero también hay personas vinculadas a ella que fueron allanadas en la tarde de este jueves y ahora se encuentran con pedido de captura. Entre los buscados está un taxista.
Entre los sospechosos que no fueron detenidos hay parientes de la pareja, que están investigados como presuntos gatilleros o por dejar carteles intimidatorios en los domicilios de las víctimas.
Por esta investigación de balaceras y extorsiones hubo procedimientos en Montevideo al 3200, Alsina al 5300, Estudiantes Aguilar al 7700, Cerrito al 7500, Provincia de Misiones al 2100, Spiro 300 bis y Ayacucho al 4000. También en Noruega al 2600 y Chubut al 1300, en Villa Gobernador Gálvez; y en Paraguay al 200, en la localidad de Puerto San Martín.
En los allanamientos se secuestraron celulares, municiones, armas de fuego y documentación.
La investigación del fiscal Socca cobró impulso en enero, a partir de extorsiones cometidas en la zona sur de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, donde a las víctimas le llegaban a pedir hasta tres millones de pesos para no balearlas.
Después de varias medidas, el funcionario de la unidad de Balaceras pudo determinar que todas las comunicaciones con fines extorsivos (mensajes de texto vía Whatsapp y llamadas) provenían de la línea telefónica de Fabio Giménez, recluso del pabellón 2 de Coronda, que a su vez cambiaba constantemente de chip.
Una vez que se posó la atención en Giménez, se constató que frecuentemente se comunicaba con su pareja Samanta Joana V., a quien le impartía directivas que después eran ejecutadas por parientes o por personas que balean por encargo (gatilleros).
El interno de Coronda, según consta en las intervenciones telefónicas, además se dedica a la venta de droga. No obstante, no está determinado si lo hace por ser jefe de una estructura o si pertenece a una banda más grande.
El preso del crimen resonante
Fabio Giménez ya fue mencionado en crónicas policiales por un hecho resonante: el asesinato de Nicolás “Fino” Ocampo, perpetrado el 16 de abril del año pasado en Ocampo al 6600. Y, como particularidad, también quien era su pareja en ese momento fue imputada por obedecer sus órdenes para armar la logística del homicidio.
Ocampo había sido condenado como miembro de la asociación ilícita que, a criterio de la Fiscalía, lidera Esteban Lindor Alvarado. De hecho, en una investigación en conjunto entre la Justicia provincial y federal, los investigadores lo ubicaron como un presunto “lugarteniente” de Alvarado en barrio Godoy, en la zona oeste.
Por el homicidio del “Fino”, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery imputaron a Fabio Giménez, que por entonces estaba en la Unidad Nº 3 de Rosario, en carácter de instigador. Junto a él, acusaron a Joana Bernal, por entonces su novia, que participó en la logística del ataque; Uriel Reynoso, el conductor de la moto; y Brian Josué González, el sicario.
El fiscal Schiappa Pietra aseveró que Giménez organizó el crimen desde su lugar de detención –aún no se sabe por pedido de quién– haciendo uso de celulares que "poseía indebidamente". "Dispuso a personas no identificadas que se ubiquen cerca de la casa de Ocampo para reportar movimientos. Comunicó a los autores las ubicaciones desde la mañana del 16 de abril para hacer un seguimiento que terminó con la ejecución de la víctima", agregó.
Para el funcionario judicial, Giménez "acordó con personas no identificadas (quienes pidieron el homicidio) el precio que se pagaría por la ejecución del crimen, por un monto de 270 mil pesos, la moto y el arma usadas".
Según la acusación, el asesinato fue el 16 de abril de 2021 a las 15.24. La entrega del dinero acordado se concretó ese mismo día a las 21.35 en la estación de servicios Shell de Presidente Perón y Provincia Unidas. Quien distribuyó allí el dinero fue Joana Bernal. Cien mil fueron para el autor del homicidio y sesenta para el conductor de la moto.
