La investigación sobre juego clandestino en la provincia de Santa Fe sumó este sábado un nuevo capítulo con la audiencia imputativa al ex diputado provincial y asesor legislativo del PJ, Darío Scataglini. Durante el procedimiento judicial, los fiscales lo acusaron por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
De acuerdo a la argumentación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Investigación Criminal y Delitos Complejos, Scataglini hizo uso de sus influencias durante una negociación que tenía como objetivo que la Lotería de Santa Fe le otorgue a la empresa Wildar Gaming SRL, cuyo titular es Leonardo Peiti, la explotación de las terminales de lotería virtual.
Esas negociaciones se realizaron mientras Scataglini cumplía funciones como asesor parlamentario del diputado y presidente del partido Justicialista de Santa Fe, Ricardo Olivera. Según los fiscales, el objetivo era beneficiar económicamente a Peiti, al senador provincial Armando Traferri y al propio imputado.
Entre las pruebas presentadas, los fiscales mencionaron una reunión de Peiti con su abogado José Fernández Chémez en la oficina de Traferri. En ese encuentro, los participantes acordaron las gestiones que iban a llevar a cabo para que el Ministerio de Economía de Santa Fe celebre un convenio con la empresa Wildar Gaming S.R.L para que pueda colocar las terminales de lotería virtual en los locales de la Lotería de Santa Fe.
Para los fiscales, el trabajo de Scataglini era el de “ejercer influencia para que concrete el acuerdo haciendo uso de sus contactos por haber integrado la comisión Bicameral de Bingos y Casinos”.
En abril del 2020, un mes después de esa reunión, Fernández Chémez presentó por correo electrónico en la Lotería de Santa Fe una petición en carácter de apoderado de la firma Wildar Gaming S.R.L en la que solicitaba la suscripción de un convenio como el que habían acordado en el encuentro.
Según los fiscales, pese a la presentación, aparecieron algunas dificultades para el otorgamiento de esa contratación debido a las causas penales iniciadas contra Leonardo Peiti. Ante esto, en fecha 4 de septiembre de 2020 se simula la transferencia de las cuotas sociales del empresario investigado a favor de su abogado. “En cumplimiento de la recomendación que le hiciera Traferri y con el objetivo de que ello facilite el otorgamiento de dicho contrato”, aseguraron los investigadores.
Tras la presentación de las pruebas la jueza de Primera Instancia, Eleonora Verón, tuvo por formalizada la audiencia imputativa y rechazó los planteos de la defensa con respecto a la detención y las pruebas presentadas.
La magistrada sí dio lugar al pedido de otorgar la libertad del imputado para que continúe el proceso en esa condición, a cambio de un inmueble que Scataglini ofreció como caución. Además, la doctora Verón estableció algunas reglas de conducta que el ex legislador deberá cumplir durante el tiempo que esté involucrado en la causa, como la prohibición de salir de la provincia sin autorización y el contacto con personas relacionadas a la investigación de juego clandestino.
