Dos importantes agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y una suboficial del Comando Radioeléctrico fueron detenidos en procedimientos ordenados por la unidad fiscal de Gravedad Institucional. Están sospechados de integrar una asociación ilícita cuyo líder es el presunto narco Esteban Lindor Alvarado. Se trata de dos hermanos, el comisario Martín Rey y el subcomisario Marcelo Rey, y de Jorgelina Chávez, alias "La Pepo".
Según informaron fuentes policiales a Rosario3, los procedimientos fueron llevados a cabo por personal de Asuntos Internos y por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), de importante participación en la causa, ya que fue la fuerza que capturó a Alvarado en Embalse Río Tercero, Córdoba, a principios de febrero.
Tras la caída de Alvarado comenzaron una serie de medidas para tratar de comprender la organización que éste lideraba y que está asociada a distintos delitos. El presunto capo narco quedó en la mira de la Justicia por haber planificado el violento asesinato del prestamista Lucio Maldonado, quien fue hallado muerto en Circunvalación y Oroño en noviembre del año pasado. El cuerpo estaba boca abajo, maniatado y con tres disparos. Además, entre sus prendas se incautó un cartel que decía la frase "Con la mafia no se jode".
Se desarrollaron otros operativos policiales para dar con otros presuntos miembros de la asociación ilícita y por la noche se concretó la tercera detención del día en en Buenos Aires, donde la suboficial Chávez cayó a manos de la Policía Federal.
Todos serán llevados a audiencia imputativa este viernes en el Centro de Justicia Penal. Las acusaciones serán realizadas por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
Los hermanos Rey, Chávez y eventualmente una cuarta persona que seguía siendo buscada por distintas fuerzas de seguridad, por orden de la Fiscalía, serán imputadas por el delito de asociación ilícita. También por balaceras contra el Poder Judicial ocurridas sobre el final del año pasado y enero de este año. Los hechos que están bajo la lupa son los disparos contra el Centro de Justicia Penal, Tribunales provinciales y el domicilio de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en barrio Martin.
