Cinco allanamientos hechos en Rosario el miércoles de la semana pasada expusieron públicamente un delito "muy frecuente" pero poco visible como la pornografía infantil. Según la fiscal que acusó a cuatro rosarinos por la tenencia de ese tipo de materiales –tres quedaron presos–, los operativos realizados permiten el "corte" de circulación de esas imágenes en la web que, aparentemente, no ocurrieron en Argentina.
La fiscal de la unidad de Delitos contra la integridad sexual Alejandra Raigal dijo a Rosario3 que el material hallado en los dispositivos de los cuatro rosarinos imputados, de acuerdo a los indicios que tiene, "no fueron hechos en Argentina".
"Por las características físicas parecen de otras nacionalidades. En los videos además hay descripciones que se usan con palabras clave para buscar en la red por parte de los usuarios", aclaró la fiscal.
Según señaló, es crucial el aporte de organismos internacionales que luchan contra la pornografría infantil y que envían reportes para investigar a sospechosos a través de sus IP (identidad de un dispositivo mediante el cual se da una conexión a internet). "Acá no hemos podido acreditar la creación de material", subrayó.
"No es el primer operativo Luz de infancia que se hace, que arrancó en 2017 para desbaratar redes de pedofilia. Sí es la primera vez que se hace en Rosario. Es difícil ir a la raíz. Posibilitar que se deje de publicar, difundir o poner en circulación los videos contribuye un poco a que se pueda cortar", agregó.
Consultada sobre este tipo de delitos en Rosario, Raigal explicó: "Es muy frecuente la pornografía infantil. Tenemos muchas investigaciones. Nuestra unidad se especializa en todos los delitos contra la integridad sexual; abarca muchos delitos, y muchas veces es súper difícil de denunciar porque impera mucho el silencio en la víctima por las amenazas del adulto".
De qué imputaron a los rosarinos
Los acusados fueron Leandro Andrés G.; Mariano Emanuel E.; Germán Fabio A.; y Cristian Eduardo A. Para la fiscal, los cuatro contaban con "experticia informática para poder acceder al material para posteriormente compartirlo y difundirlo".
Leandro Andrés G. fue imputado por haber distribuido y facilitado 305 archivos de explotación sexual infantil. Su accionar consistió, según la acusación de la fiscal, en descargar archivos y haberlos puesto a disposición en la red en reiteradas oportunidades entre el 15 de agosto de 2019 y el 13 de febrero de 2021 desde distintas IP que fueron asignadas a su domicilio de Güemes al 2400.
A Cristian Eduardo A. la fiscal lo acusó por haber facilitado 103 archivos de explotación sexual infantil. Su accionar consistió, según la acusación de la fiscal, en descargar archivos y haberlos puesto a disposición en la red en reiteradas oportunidades entre el 27 de enero de 2014 hasta el 1° de enero de 2021 desde distintas IP que fueron detectadas en su domicilio de Cordiviola al 900.
Germán Fabio A. fue imputado por haber facilitado 304 archivos de explotación sexual infantil. También le atribuyeron haber descargado archivos y haberlos puesto a disposición de la red entre el 14 de febrero de 2020 y el 3 de marzo de 2021 desde distintas IP asignadas a su casa de Pasaje Masson al 3100.
Por último, Mariano Emanuel E. fue acusado por haber distribuido y haber facilitado 96 archivos de explotación sexual infantil. Según la imputación, su accionar fue detectado entre el 28 de abril de 2020 y el 28 de febrero de 2021 desde distintas IP de su casa de Mitre al 1600.
El único que quedó en libertad bajo reglas de conducta fue Mariano Emanuel E., mientras que Germán Fabio A., Cristian Eduardo A. y Leandro Andrés G. quedaron en prisión preventiva por 90 días.
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