La Justicia federal de Rosario indagó este martes al condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado por una causa de lavado de activos que fue girada desde la Justicia provincial, que está basada en la utilización de testaferros por parte del recluso para la titularidad de inmuebles, vehículos y embarcaciones. En la investigación, que contó con una puntillosa tarea de campo de la Policía de Investigaciones, también se avanzó sobre el uso de una distribuidora de carbón para poner en circulación “bienes de origen delictivo”.
La indagatoria tuvo lugar en el Juzgado federal Nº 4 de Rosario, donde Alvarado fue acusado de jefe de una asociación ilícita que, entre otros delitos, lavaba dinero de origen delictivo. En dicho acto participaron también Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, fiscales del Área de Investigación y Litigación de casos complejos, Diego Velasco y Juan Argibay Molina, titular de la Procelac y fiscal coadyuvante de la delegación Rosario, respectivamente.
El hecho ocurrió después de que la Justicia federal aceptara la competencia para intervenir en la investigación que inicialmente hicieron los fiscales provinciales Marisol Fabbro y Miguel Moreno del Ministerio Público de la Acusación, quienes se apoyaron en un minucioso trabajo de la Policía de Investigaciones, a cargo del comisario Natalio Marciani.
La imputación a Alvarado estuvo centrada en haber ejecutado acciones coordinadas junto a otras personas también imputadas, como la utilización de testaferros a efectos de "operar, inscribir y registrar la titularidad de inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves". También debió defenderse de la acusación de haber creado, capitalizado y utilizado –desde al menos mayo de 2022 hasta abril pasado– la distribuidora de carbón que opera en plaza bajo el nombre de Carbón Rosario, "un fondo de comercio mediante el cual se puso en circulación bienes de origen delictivo", señalaron los fiscales.
La imputación por estos hechos también se extendió a otras diez personas, en carácter de integrantes de la asociación ilícita dedicada al lavado de activos, quienes serán indagadas este miércoles.
De acuerdo con la acusación, Alvarado ejecutaba los delitos desde la cárcel federal de Ezeiza, donde se encuentra cumpliendo una pena a 15 años de prisión por transporte de estupefacientes y perpetua por parte de la Justicia provincial, por homicidio, extorsiones, amenazas, balaceras y lavado. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que, desde allí, “ordenaba distintas actividades ilícitas a personas en particular, ordenando los pagos de sumas de dinero correspondientes y las maniobras financieras a realizar".
En efecto, según indicaron los fiscales, "entre otras maniobras delictivas en pos de la obtención de sus fines, se encuentra la utilización de testaferros para la adquisición de vehículos con dinero habido de sus negociados ilícitos, y las órdenes de usurpación de galpones en distintos puntos de la ciudad para resguardar los bienes adquiridos en su nombre valiéndose para ello del poder de fuego que posee la organización a los fines de concretar las acciones extorsivas que preceden a la ocupación efectiva de los inmuebles”.
