Tras escuchar la acusación del fiscal Juan Pablo Baños, la mayoría de los imputados por la estafa piramidal de Peak Team Capital, en Casilda, recuperó la libertad. Solo Yamil Santis, el representante y vocero de la firma fantasma, permanece en prisión preventiva, con la posibilidad de pasar las fiestas en su casa. El juez fijó la revisión de la medida cautelar para el 23 de diciembre.
En la audiencia, celebrada este viernes en los Tribunales de Casilda, la Fiscalía detalló el funcionamiento de Peak Team Capital, que operó entre los meses de abril y octubre. Durante este período, los imputados –en especial Santis– desempeñaron un "aporte esencial" para un responsable superior cuya identidad y paradero son desconocidos. Esto se debe al carácter transnacional del esquema y al uso de herramientas tecnológicas avanzadas que dificultan el rastreo de fondos.
El fiscal Baños explicó que este representante anónimo de la firma utilizaba un alias y se comunicaba por WhatsApp a través de un número con característica de Los Ángeles, Estados Unidos. Sin embargo, la IP –número que identifica un dispositivo dentro de una red– fue detectada en Hong Kong, China. Aunque es posible que haya utilizado una red privada virtual (VPN), lo que podría indicar una ubicación diferente a la mostrada por la IP.
Según la Fiscalía, el esquema dejó de funcionar en octubre, afectando a 36 inversores que denunciaron pérdidas por 23 millones de pesos y 35 mil dólares.
Ninguno de los imputados puede considerarse el cerebro de la estafa. Según la Fiscalía, todos fueron cómplices primarios. Santis, que brindó entrevistas, aseguraba la fiabilidad del sistema y organizaba eventos en el Club Círculo Deportivo de Casilda, se encargaba de los premios y pagos. Rodrigo P. se ocupaba de los regalos, como mates, jarros, agendas y bolígrafos; Agustín A. organizaba el salón y las sillas; Alejo P. se encargaba del sonido; Gonzalo A. también se ocupaba del sonido y catering; y Giuliana D. L. C. organizaba los salones y las sillas.
"A las víctimas se les prometía altas rentas mensuales (por encima de los valores usuales de mercado) de forma segura realizando una inversión e incentivando a los inversores a incorporar otros mediante un incentivo económico. Todo ello con el fin de provocar engaño en todas estas personas, haciéndoles creer que los imputados eran los representantes locales de la firma (con Santis como el principal referente y vocero) y quienes responderían por ocasionales pérdidas", explicó el fiscal Baños.
Las personas tomaban la decisión de invertir dinero mediante transferencia a una cuenta de Exchange OKX, para la compra de USDT (dólar cripto), y luego transferían esos fondos a la plataforma MGS Trade utilizando la red TRX, lugar en el que supuestamente se operaba el activo ASX30 (un supuesto índice de las principales empresas australianas), según las "señales" que se enviaban diariamente en un grupo de WhatsApp creado a fines de abril.
El grupo alcanzó más de 800 participantes y era administrado por los imputados. Según los organizadores, estas operaciones eran calculadas por un grupo de profesionales que, tras analizar el precio del activo o “manipularlo”, lograban predecir la tendencia del precio y generar ganancias.
Baños también explicó la vulnerabilidad del esquema Ponzi: "Todo era realizado a sabiendas de no poder abonar lo prometido a todos los inversores, lo que ocurrió en octubre cuando se dejó de abonar intereses y finalmente impidieron el reintegro del capital invertido. Esto sucedió porque comenzó a disminuir el flujo de nuevos inversores, debido a la necesidad de incorporar una mayor cantidad de personas a medida que aumentaban los inversores. La repercusión de noticias negativas sobre personas afectadas por sistemas similares colapsados, junto con la intervención de la justicia, generó un mayor número de retiros, el bloqueo definitivo de las cuentas y la fuga del dinero, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar sus fondos."
