El 29 de diciembre de 2023 entró en vigencia la ley provincial n.º 14.239 de Adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, conocida coloquialmente como “ley de microtráfico”, y en función de lo establecido en esa norma que aprobó la Legislatura provincial, el Ministerio Público de la Acusación se hizo cargo de la investigación penal de estos casos en toda la bota provincial.
Al haberse cumplido un año de la aplicación de esta ley provincial, desde el MPA se dio a conocer en un informe público que, a lo largo del primer año de su implementación, se investigó a 5.700 personas por venta minorista de drogas.
A esto se suma que hubo 45 solicitudes de derribar búnkeres en diversas localidades de la provincia, se concretaron 500 allanamientos, los fiscales participaron de 900 audiencias, y un total de 833 personas fueron imputadas y 100 condenadas.
El equipo del MPA dedicado a perseguir el microtráfico de drogas en la provincia está conformado por la fiscal coordinadora en Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, los fiscales Diego Vigo y Franco Carbone, el subdirector de Investigación Criminal del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznik y la secretaria de Gestión en la Fiscalía General, Marina Pieretti. Y lo desarrollan de modo coordinado y conjunto con las cinco Fiscalías Regionales y sus fiscales y fiscales adjuntos.
“El abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema”, sostuvo la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, y aseguró que estas investigaciones “impactaron claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe”.
“La nueva ley nos permitió investigar los hechos y el fenómeno criminal de manera integral, lo cual impactó claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en los grandes centros urbanos, con resultados contundentes”, aseveró la fiscal general.
Algunos de los resultados del informe
El equipo de trabajo sobre microtráfico y la Secretaría de Política Criminal del MPA consignó un total de 900 audiencias en toda la provincia por la comercialización de estupefacientes; 5.700 personas fueron investigadas; 833 fueron imputadas y 100 fueron condenadas. Se logró la autorización judicial para que se concreten más de 45 inactivaciones y demoliciones de búnkeres. Aseguraron que el derribo o inactivación de estos establecimientos, permitió pacificar y recuperar el control de barrios que estaban cooptados por la violencia extrema. Vranicich subrayó que “el MPA entiende que la persecución penal del microtráfico debe ser realizada de manera articulada y coordinada con todas las instituciones del Estado, en particular con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, gobiernos locales, gobierno provincial y gobierno nacional”. Respecto al trabajo coordinado con los fiscales federales, agregó que “la delimitación y distribución de competencias, la formación de equipos conjuntos de investigación y el diseño de estrategias de coordinación nos permiten evitar atomizaciones, eventuales entorpecimientos en las investigaciones y mejorar resultados”.
