Poco más de tres años después de que la Cámara Penal le otorgara la libertad tras cinco meses en prisión preventiva en una causa por lavado de activos floja de papeles, el capo de la barra de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte volvió a caer detenido, esta vez en una carpeta judicial que lo investiga como supuesto miembro de una organización mafiosa junto con Carlos Vergara, el secretario local del gremio Uocra y otras cinco personas. Otra vez, el arresto fue a pedido del fiscal Miguel Moreno, al que el barra tildó de "vende humo" antes de ser trasladado al Order.
Al igual que en 2020, la policía volvió a secuestrar millones de pesos en efectivo de la lujosa casa de Bracamonte ubicada en el country Los Álamos de Ibarlucea. Esta vez fueron 6 millones de pesos en efectivo, acompañados de un sugestivo sobre de la Uocra.
A fines de junio de 2020, el fiscal de Delitos Económicos Miguel Moreno había acusado a Pillín por presunto lavado de activos a través de testaferros y sociedades comerciales por un monto de más de 38 millones de pesos. Por entonces, la jueza de primera instancia Valeria Pedrana le había dado la derecha a la teoría fiscal y dejó detenido sin plazos al capo de la barra auriazul desde hace 20 años.
Para fin de ese año signado por la cuarentena del coronavirus, la acusación había perdido fuerza y en una audiencia de apelación de prisión preventiva la camarista Georgina Depetris le otorgó la libertad al “Pillo” con reglas de conducta como la prohibición para salir del país y para acercarse a cualquiera de las sedes e instalaciones de la entidad de Arroyito.
"No desconoce esta magistrada el funcionamiento de las barras bravas y de sus líderes, pero a la hora de resolver no basta en derecho con el saber popular, sino que las decisiones deben tomarse y para todos los ciudadanos, sin excepción, en el marco del debido proceso legal que establece la Constitución, y de lo aquí expuesto, en esta etapa de la investigación, entiendo que las evidencias no alcanzan para obtener el grado de probabilidad requerido por la ley para el dictado de la más gravosa de las medidas cautelares, esto es la prisión preventiva", había argumentado la jueza de segunda instancia, que el 13 de noviembre otorgó la libertad a Pillín.
Incluso el entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain había tildado la investigación de Moreno como “derecho de autor”, tal y como dijo en Rosario12 tras la liberación del capo de la pesada auriazul.
“La imputación penal efectuada sobre Bracamonte era totalmente infundada, no había delito comprobado en esa instancia y, por ende, la medida de coerción (prisión preventiva) que pesaba sobre él era injusta. A las personas se las debe investigar o coercionar por lo que hacen, no por lo que «quizás» han hecho. Tiene razón la jueza: no hay delito precedente, ni indicio de delito precedente”.
Ahora el fiscal Moreno volvió a la carga con otra carpeta judicial que surgió en junio y puso bajo la lupa una supuesta sociedad mafiosa entre Pillín y Carlos Vergara.
Los trascendidos hablan de aprietes a otros afiliados al gremio, a empresarios; de la exigencia de pagos de dinero en negro en las obras en construcción y de negocios turbios con viandas y baños químicos.
Recién la semana próxima se conocerá en detalle la evidencia de la Fiscalía. Mientras tanto, Pillín le dijo al acusador: "Que me termine la causa anterior".
"Andrés Bracamonte no ha cometido ilícito alguno"
Carlos Varela, abogado de Pillín Bracamonte aseguró en el programa Telenoche Rosario (El Tres) que su cliente “no ha cometido ilícito alguno”. Sobre el posible vínculo de su defendido con el titular de la Uocra Rosario, Carlos Vergara, el abogado respondió: “Es posible que lo conozca” y reconoció que Bracamonte tiene emprendimientos vinculados a la venta de viandas. “De ahí a que esa conducta tenga un reproche penal hay un océano de distancia”, manifestó Varela.
