Los policías acusados de una amplia gama de delitos solían allanar ilegalmente y robar pertenencias a personas “vulnerables” que tenían –o habían tenido– problemas con la ley, o bien a familiares involucrados en la delincuencia, explicó el fiscal Luis Caterina. El fiscal habló con la prensa al final de la audiencia de este viernes, que culminó con la prisión preventiva efectiva de los diez efectivos por el plazo máximo.

Caterina señaló que las defensas de los policías no lograron contrarrestar las abundantes evidencias, presentadas en catorce carpetas judiciales sobre delitos cometidos por los uniformados en distintos barrios, con víctimas que no se conocían entre sí.

Para la Fiscalía, los uniformados encontraban la justificación para delinquir y manejarse como los dueños de la calle cuando estaban frente a personas de reputación dudosa o con algún vínculo con el delito, pero siempre de los estratos bajos: “Se han visto muchos hechos de allanamientos ilegales, generalmente contra personas bastante vulnerables, algunas de ellas con conflictos presentes o pasados con la ley penal, o de familiares suyos en conflicto con la ley penal, pero particularmente vulnerables”.

La evidencia contra los policías, explicó el fiscal, no se limita al testimonio de las víctimas, que inicialmente fueron imputadas por diversos delitos, como portación de armas y resistencia a la autoridad. Estas causas fueron luego desestimadas al detectarse irregularidades en las actas policiales y en las diligencias posteriores, tanto en el fuero ordinario como en el federal.

“Se trianguló mucha información: del 911, la geolocalización de los móviles policiales, los handies, y las transcripciones de las comunicaciones del tetra, es decir, la comunicación interna propia de la policía durante los procedimientos”, explicó el fiscal.

Y no menos importante: “Las contradicciones que tuvieron los policías cuando se los entrevistó al momento de ratificar en sede de la Fiscalía”.

“Hay muchos fiscales que ya iban archivando sus propias causas, marcando y denotando, justamente, todas estas irregularidades”, aclaró Caterina.

En dos causas penales, surgió la sospecha de que al menos dos de los policías imputados podrían tener vínculos con actores del crimen organizado, como la banda "Los Pimpis" –organización criminal de zona norte heredera del asesinado Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval–, y con Pablo Nicolás Camino, miembro de una facción disidente de la banda de "Los Monos", señalada por generar caos en la ciudad.

La Fiscalía no profundizó en estas cuestiones, y Caterina indicó que aún no se sabe con certeza qué intención tenía el personal policial sospechado de vínculos con estas bandas.

“Muchas veces personal policial hace investigaciones por fuera de cualquier órbita legal y con fines estrictamente privados. Por ejemplo, para mejicanear estupefacientes, armas o lo que sea”, dijo el fiscal.

Y agregó que, en caso de que hayan tenido contacto con los personajes del hampa nombrados con intenciones legales, “aún no se ha visto que realmente hayan volcado esta información en una investigación formal”.