Personal del Equipo Argentino de Antropología Forense realiza desde la mañana de este viernes un rastrillaje en el marco de la causa por la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi. El procedimiento se lleva a cabo en un lote privado que está situado a pocos metros del cruce de las rutas 34 y A012, entre Ibarlucea y Luis Palacios, a unos 18 kilómetros de San Lorenzo.
El operativo fue ordenado por dos fiscales: Matías Edery del Ministerio Público de la Acusación de Rosario y Leandro Lucente de la sede de San Lorenzo. En el lugar estaban presentes los profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).
"Un testigo dijo que ahí probablemente está el cuerpo de Paula. Esto arrancó a las 9 de la mañana. No se sabe si esto termina hoy. Pero no es como la cava donde se buscó en Puerto San Martín. El lugar tiene otras características", dijo José Ferrara, el abogado de la familia Perassi, a Rosario3.
Paula Perassi fue vista con vida por última vez el 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo. Por su desaparición fueron llevadas a juicio oral y público nueve personas, cuatro civiles y cinco policías, quienes resultaron absueltos en primera instancia.
El fallo absolutorio será revisado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal entre el 8 y el 10 de octubre. El tribunal de alzada estará integrado por los jueces Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández.
De esta forma, Gabriel Strumia, Roxana Michl, Mirta Rusñisky, Antonio Díaz y los policías Daniel Puyol, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez volverán a estar sentados en el banquillo de acusados.
Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, Mirta Rusñisky, presunta autora de la interrupción del embarazo y Antonio Díaz, empleado de Strumia fueron acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte en calidad de coautor y en concurso real. Para ellos la Fiscalía había solicitado la pena de prisión perpetua.
En tanto, al ex jefe de Cuerpos de San Lorenzo, Daniel Puyol se lo acusó por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en calidad de autor. La Fiscalía pidió 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación para funciones públicas.
El resto de los uniformados, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, fueron apuntados con los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal, por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por sustracción y destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente y falsedad ideológica de instrumento público en concurso real, en calidad de autor. Para ellos el fiscal Donato Trotta había exigido 16 años de prisión e inhabilitación de 10 años para funciones públicas.
