La investigación por el asesinato del subinspector Leoncio Bermúdez (42 años), ocurrido el 14 de noviembre pasado en la puerta del hospital Provincial, tuvo un importante avance este jueves por la mañana. La fiscal Gisela Paolicelli imputó a Pablo Cristian Gastón Sosa (22), el sospechoso que ingresó al centro de salud para rescatar al preso que estaba internado y a la salida mató a tiros al policía. También fueron acusados los reclusos Joel Gabriel Ibarra y Lautaro Román Núñez –alojados en el pabellón 9 de Piñero–, por haber sido quienes planificaron el golpe, por el que ofrecieron un pago de 2 millones de pesos en caso de lograr el cometido. Todos quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, según resolvió la jueza Verónica Lamas González, que consideró que como agravante que se trató de un crimen de odio, una calificación legal que habían pedido los abogados querellantes Nair Moreno, Nicholas Oviedo y Gabriel Sarla.
En la audiencia imputativa que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, la fiscal ubicó a Sosa como el sicario de Bermúdez, quien quedó filmado disparándole en el rostro a la salida de la guardia del hospital. El gatillero fue arrestado por la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones el pasado 20 de diciembre en inmediaciones de Presidente Roca y Anchorena después de tareas de inteligencia.
Sosa y un cómplice –que permanece prófugo– ingresaron armados a la guardia del Provincial con el objetivo de liberar a Gabriel Guillermo Lencina, un preso de Piñero, condenado por homicidio, que estaba internado por un tratamiento de tuberculosis. Afuera, hicieron de campana dos adolescentes de 14 y 15 años –y una tercera persona no identificada– que quedaron filmados y que, una vez viralizadas las imágenes del homicidio, se presentaron ante la Justicia de Menores, aunque por su edad no son punibles.
Según ya anticipó en conferencia de prensa la fiscal Paolicelli, en el interior del hospital, Sosa y su cómplice redujeron a un agente penitenciario, le sacaron su arma reglamentaria y le dieron un culatazo. Sin embargo, como había otro custodio más, se frustró el plan y se fueron. Ya en la puerta, Sosa asesinó a Bermúdez de un tiro en el cráneo y otro en la mejilla izquierda. En el camino, sus disparos también hirieron a dos mujeres que recibieron impactos en las piernas. Otros balazos impactaron en el destacamento policial donde estaba la hija del subinspector, una nena de 12 años.
Paolicelli explicó ante la jueza Lamas González que el plan se gestó el mismo 14 de noviembre, cuando los internos del pabellón 9 de Piñero Joel Gabriel Ibarra y Lautaro Román Núñez recibieron información –se investiga si hubo complicidad del Servicio Penitenciario– de que el preso Gabriel Lencina estaba por ser dado de alta del Provincial. A través de celulares que tenían ilegalmente en la unidad penitenciaria, convocaron a distintas personas para liberar al recluso a cambio de 2 millones de pesos.
El primero en recibir la orden del plan criminal fue el adolescente de 15 años que luego hizo de campana afuera de la guardia. Ese menor, de acuerdo a la detallada labor de la fiscal, tomó un remis junto al otro adolescente de 14 años, en el camino buscaron a Pablo Sosa y se dirigieron al hospital de 9 de Julio y Alem. Una vez que llegaron, se sumó el otro participante, quien actualmente está prófugo por haber sido quien entró con Sosa a la guardia para sacar a Lencina.
En las afueras del centro de salud también estuvieron una mujer y un hombre que se bajaron de un Fiat Uno gris, quienes dieron instrucciones a algunos de los que fueron convocados para cometer el ataque. Sobre esas personas hay medidas en curso.
Como el plan no salió como tenían pensado, ya que no liberaron el preso y además mataron al policía que estaba en el destacamento del hospital, Sosa, su cómplice y los dos adolescentes corrieron por Zeballos y se subieron al Fit Uno gris, que rápidamente tomó Juan Manuel de Rosas en dirección a la zona sur.
La calificación legal escogida por la fiscal para los imputados es de las más graves. Les atribuyó el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por precio o promesa remuneratoria y criminis causa; agravado por la participación de dos menores y por el uso de arma de fuego; abuso de armas; robo calificado; y tentativa de favorecimiento de evasión. Sin embargo, la querella también pidió que sea incorporado el agravante del crimen de odio, al que hizo lugar la jueza Lamas González.
Un mal dato y un adolescente a cargo de reclutar cómplices
A lo largo de la exhaustiva investigación, la fiscal y los investigadores policiales detectaron una conversación privada vía Instagram del adolescente de 15 años con una persona, a la que le comentó horas antes del golpe que tenía que “rescatar a uno de los jefes, que está en el hospital” y que le habían ofrecido “una buena teca (dinero)”. “No hay que matar ni nada. Está todo arreglado. Dos millones de pesos pagaron y el jefe sale solo”, añadió por mensaje privado.
El mismo menor, que según las comunicaciones mantenidas se encargó de reclutar mano de obra para el ataque, convocó también a un sospechoso al que le relató: “Hay que rescatar a uno de los jefes. Está en el hospital con un cobani. Hay que matar al cobani, lo que sea, pero hay que rescatar al jefe”.
En el diálogo, el adolescente de 15 años da a entender que tienen mal un dato. “Está el cobani solo y van a ir un par. Está re jugado y van a ir un par re empipados”, le señaló a esa persona a la que pretendía sumar. Esa información es la que tal vez los hizo entrar a la guardia con la idea de que se iban a topar con un agente penitenciario y no con dos, como ocurrió.
Al término de la audiencia, la jueza Verónica Lamas González dictó prisión preventiva para los acusados por el delito homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por precio o promesa remuneratoria y criminis causa; agravado por la participación de dos menores de edad y por el uso de arma de fuego; abuso de armas; robo calificado, tentativa de favorecimiento de evasión.
