La causa por el crimen de Carlos “Bocacha” Orellano se encamina a ir a juicio oral y público. Este jueves comenzó la audiencia preliminar, donde el fiscal Patricio Saldutti y la querella adelantaron las penas que pedirán a los cuatro imputados: una pareja de policías y dos agentes de seguridad privada del boliche Sr. Ming River House, que funcionó dentro del complejo La Fluvial.
La audiencia preliminar comenzó pasadas las 8 en el Centro de Justicia Penal ante el juez Nicolás Foppiani. Frente al edificio judicial se agruparon familiares y amigos de Orellano, el joven de 23 años que salió a bailar y nunca más volvió a su casa.
Los policías y los “patovicas” están acusados de haber golpeado a “Bocacha” el 24 de febrero de 2020 en la puerta del boliche, haberlo arrinconado contra una baranda, provocando que saltara al río, donde finalmente murió. Según pericias, cayó al agua entre las 4.30 y las 5 de ese día, y el cuerpo fue hallado cerca de allí dos días después.
“Eran cuatro contra uno. Y uno de ellos es profesor en artes marciales. Perpetua tienen que tener”, aseveró Edgardo Orellano en conferencia de prensa frente al edificio judicial.
El fiscal informó que solicitará en el juicio la pena de 19 años de cárcel para los policías Gabriel Julio Nicolossi (39 años) y Carina Laura Gómez (42), quienes hicieron adicionales en la madrugada de aquel 24 de febrero de 2020.
Nicolossi y Gómez están imputados por homicidio simple con dolo eventual, incumplimiento en los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Es porque, a criterio del fiscal, los policías presenciaron la caída de “Bocacha” al río y dieron aviso a la central del 911 y a Prefectura varios minutos –media hora aproximadamente– después del hecho, pero nunca se comunicaron con el Ministerio Público de la Acusación.
Además, Nicolossi y Gómez luego se fueron de La Fluvial sin haber documentado su actuación, por lo que Prefectura no contó con la información necesaria para una búsqueda eficaz del joven. Y, de acuerdo a la imputación, después brindaron declaraciones falsas al señalar que Orellano se había caído accidentalmente luego de haberse acostado entre el río y las barandas de seguridad.
En tanto, el fiscal solicitó 17 años de cárcel para Claudio Fabián Maidana (55) y Emiliano Oscar López (32), los “patovicas” del boliche. En su caso, están acusados por homicidio simple con dolo eventual, en carácter de coautores y en grado consumado.
Otros policías bajo investigación
En el transcurso de la investigación fueron imputados dos policías más: una sumariante de la comisaría 2ª y el por entonces jefe de esa seccional céntrica, ya que a criterio del Ministerio Público de la Acusación no fueron a secuestrar imágenes de las cámaras del boliche en el momento que se había ordenado por parte de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, la primera autoridad judicial que tomó intervención en la causa.
Justicia por la muerte de “Bocacha”
En la puerta del Centro de Justicia Penal se concentraron familiares y amigos del joven asesinado en febrero de 2020. El abogado querellante Salvador Vera, que representa a la familia de “Bocacha”, afirmó que la audiencia que empezó este jueves “significa que la investigación está terminada y que hay elementos que entiende tanto Fiscalía como la querella para obtener una sentencia condenatoria”.
“La querella hizo una valoración un poco más elevada de los montos de pena que Fiscalía. En términos generales, hay coincidencias en el encuadre jurídico del homicidio, incumplimiento en los deberes de funcionario público y en falsedad ideológica”, concluyó.
Vera, en la audiencia preliminar, pidió 23 años de prisión para los policías Nicolossi y Gómez, y 20 años para los "patovicas" Maidana y López.
Por su parte, Edgardo Orellano, padre del joven, aseguró que tras la muerte de su hijo fueron borradas “un montón de pruebas”. “Fiscalía cerró el lugar a los 14 días. Permitió que se borre todo, que se pisotee todo, que se haga un baile arriba de mi hijo”, expresó.
“Descubrimos que las actas eran todas mentirosas, descubrimos mensajes, grabaciones, que las cámaras funcionaban y estaban borradas. ¿Cómo voy a tener confianza con esta justicia?”, comentó Edgardo.
