Este miércoles habrá una audiencia "de visu" sobre el caso de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, en la que la jueza Gabriela Sansó, en reemplazo del juez Daniel Acosta, escuchará junto a los otros dos jueces de alzada a los imputados y a la querella, para interiorizarse en la causa que revisa las sentencias que condenan a seis años a un patovica; a dos policías, a nueve y a doce años; y en la que se dejó absuelto a un segundo custodio.
Los familiares del joven de 23 años, que murió ahogado en el río Paraná en inmediaciones del boliche Señor Ming en febrero del 2020, temen que el hecho de que uno de los jueces de alzada (Daniel Acosta) se haya jubilado cuando se iba a conocer la resolución, y que en su lugar lo reemplace la magistrada Sansó, “perjudique de alguna forma su reclamo de justicia a cuatro años y medio del hecho”.
De todas formas, desde la Fiscalía aclararon a Rosario3 que “en la audiencia –que se realizará a las 11 en los Tribunales Provinciales de calle Balcarce al 1600– no se hablará del caso, es una audiencia formal”.
El abogado de la querella, Salvador Vera, explicó a este medio que “el 28 de junio pasado la familia de Bocacha recibió con mucha preocupación el cambio de jueces, ya que sienten que al tener que volver a declarar (y pasar por la memoria todo lo ocurrido) son revictimizados”.
A eso sumó que ve como “un riesgo" si vuelven a declarar los cuatro imputados, "que tomaron ya la palabra en otras oportunidades, y al comienzo de este juicio de segunda instancia”.
El abogado de la familia Orellano recapituló: “Cuando se canceló la fecha de la sentencia fue una desilusión porque era grande la expectativa y el nerviosismo porque estaban en juego las condenas obtenidas en la primera instancia. Puede que se confirmen las condenas y que se aumenten, pero también pueden quedar absueltos todos los imputados”.
Destacó “desprolijidades en la comunicación”, ya que "esperaron cuatro meses una resolución que se echó para atrás por la jubilación de uno de los jueces, y el decreto aludía que no había una mayoría en los tres magistrados de Apelación”.
Esta nueva audiencia “de visu” genera una nueva situación de espera para que se logre una mayoría que llegue a una sentencia del tribunal, y el temor de la querella es que las declaraciones de los imputados este miércoles los favorezca de alguna forma: “Las defensas de los cuatro imputados pidieron su presencialidad en esta audiencia, a pesar de que hay una resolución para el no traslado de detenidos. Asumo tendrán intenciones de hablar allí, como lo hicieron en febrero pasado y en otras instancias”.
La teoría del caso
Según el fiscal de la causa, Patricio Saldutti, los cuatro acusados golpearon a “Bocacha” en la madrugada del 24 de febrero de 2020 al sacarlo del boliche. Luego, lo arrinconaron contra una baranda y en ese marco provocaron que Orellano saltara al río, donde finalmente murió por asfixia. Según pericias, Orellano cayó al agua entre las 4.30 y las 5 de ese día, y el cuerpo fue hallado en la costa dos días después, el 26 de febrero. En la teoría del caso, los policías presenciaron la caída de “Bocacha” al río y dieron aviso a la central del 911 y a Prefectura varios minutos después del hecho, aproximadamente media hora, pero en ningún momento se comunicaron con el Ministerio Público de la Acusación. Además, Nicolossi y Gómez se fueron de La Fluvial sin haber documentado su actuación, por lo que Prefectura no contó con la información necesaria para una búsqueda eficaz del joven. De acuerdo a la imputación, después brindaron falsas declaraciones al señalar que Orellano se había caído accidentalmente luego de haberse acostado entre el río y las barandas de seguridad. A tres años y medio de la muerte de “Bocacha”, en junio del 2023 los magistrados de Primera Instancia Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Suárez condenaron a tres de los cuatro acusados por homicidio preterintencional y absolvieron al cuarto. El policía Gabriel Julio Nicolossi fue sentenciado por homicidio y abandono de persona, seguido de muerte y falsedad ideológica de instrumento público agravada a 12 años de prisión La policía Karina Laura Gomez fue sancionada a nueve años de cárcel por homicidio preterintencional y abandono de persona seguido de muerte, más el ilícito de falsedad ideológica de instrumento público, con cumplimiento de la pena en arresto domiciliario. El custodio Emiliano Oscar López fue condenado por homicidio preterintencional y abandono de persona seguido de muerte a la pena de seis años de prisión. En tanto que Claudio Maidana, el otro custodio del lugar fue absuelto por el beneficio de la duda. El fallo fue apelado por la fiscalía, las dos defensas y la querella. Y en febrero de 2024 fue el comienzo del juicio de Segunda Instancia. Cuando finalmente se iba a conocer la sentencia del tribunal, la audiencia fue cancelada a último momento, con el anuncio de que el juez Daniel Acosta se jubilaba el 1º de julio pasado.
