La contienda judicial entre la Fiscalía de Delitos Económicos, encabezada por Miguel Moreno, y los abogados del capo de la barra de Central Andrés “Pillín” Bracamonte, un socio y jerarcas del sindicato Uocra terminó este viernes. Al menos en su etapa de audiencias imputativas, que habían empezado el 7 de diciembre. Pillín, por el momento, vio la luz al final del túnel. El juez Facundo Becerra le dictó la libertad y para pasar la Navidad en su casa deberá desembolsar 20 millones de fianza.
El fiscal Moreno, que integra el equipo acusador junto con Sebastián Narvaja y César Pierantoni, precisó que si bien el juez entendió que en esta instancia no está acreditado con el grado de fortaleza que se exige su pertenencia a la asociación ilícita, el magistrado sí dio por acreditada una extorsión contra un representante de un jugador de fútbol.
Se trata de Jorge Andrés Bilicich, representante del defensor Gastón Ávila, vendido a Boca en 2019.
Según la Fiscalía, Bilicich le cedió el 20 por ciento de las ganancias a Bracamonte por el “temor” que el barra infundió en una reunión. El dinero que habría recibido Pillín: dos cheques por más de 1.300.000 pesos – en su momento, 28 mil dólares, dijo Moreno–.
“Uno de los cheques estaba en poder de Bracamonte y el otro fue cobrado por el hijo en la secretaría del club de calle Mitre”, confió este viernes el fiscal en conferencia de prensa.
Sobre Bracamonte, el fiscal dijo: “La estimación en cuanto incrementó su patrimonio es difícil; se encuentra confundido con el de sus empresas, con el de su hijo, de su ex esposa y entendemos también con el patrimonio de su actual pareja”.
En tanto, el secretario general de la Uocra, Carlos Vergara, y sus laderos Cristian Raúl Díaz, Juan Manuel Enríquez, Horacio Manzo y Carlos Pérez quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley por delitos de extorsión, amenazas y, en el caso de Vergara, por ser el presunto jefe de una asociación ilícita. A fines de noviembre en su casa de barrio La Florida Asuntos Internos secuestró 39 millones de pesos en efectivo y 18 mil dólares. Dinero “en negro” cuyo origen no pudo ser justificado, dijo el fiscal.
“Utilizando la estructura de la Uocra, este grupo hacía exigencias dinerarias a contratistas que trabajan en plantas agroexportadoras del Cordón Industrial” para que pudieran desarrollar sus tareas de trabajo", dijo el fiscal Moreno sobre la modalidad de apriete mafioso.
“Se les exigía una suma dineraria en función de la cantidad de empleados, la magnitud de la obra y el tiempo que llevara a la obra. A medida que se incrementaban estas tres estas tres variables incrementaba el monto que Uocra exigía a los contratistas. Se pagaba alrededor de 50 y 100 mil pesos por mes por cada operario”, agregó el representante del Ministerio Público de la Acusación.
El fiscal mencionó la creación de un “libre de deuda sindical” local que iba por fuera de lo que estipula la ley e incluso el reglamento interno de Uocra como una de las herramientas extorsivas.
También los rentamientos que implican “la toma por parte del contratista de empleados que son personas vinculadas a los imputados”.
“Hemos detectado familiares de Vergara; allegados y también el caso del hijo de Bracamonte”, dijo el acusador.
Y agregó: “Nuestra hipótesis es que el hijo de Bracamonte no iba a trabajar, puesto que los 53 recibos de sueldo que fueron secuestrados se lo hacía llegar uno de los imputados”.
Moreno dijo que la facturación de las empresas de Bracamonte “no se encuentra justificada por la calidad del servicio que brinda, sino por la intimidación a las empresas que contratan con él” los servicios de baños químicos y viandas.
La amenaza con que esta presunta banda lograba intimidar a los contratistas es que “sin la colaboración no hay posibilidad de que ingresen a las plantas a trabajar. Esto en muchos casos les hace perder el contrato con la agroexportadora y en otras otras oportunidades retrasan el trabajo”, describió la fiscalía.
Por último, Moreno dijo que los contratistas hacían “un análisis de costo-beneficio, y entre llegar al colapso de su propia empresa o acceder a este tipo de extorsión, no han visto otra alternativa que acceder a las exigencias ilegítimas”.
