La Cámara Federal de Casación este martes anuló las absoluciones para los 19 policías y un civil que habían sido dictadas en julio del año pasado por la Justicia federal de Rosario por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, el joven de 20 años cuyo cuerpo fue encontrado en el río Paraná en 2014 tras haber estado detenido en la comisaría 7ª. En un fallo de 324 páginas, los jueces también ordenaron remitir el legajo para que se vuelva a dictar sentencia.
La resolución lleva la firma de los camaristas Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Calos Mahiques, quienes hicieron lugar a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y los querellantes.
El fallo somete a revisión las absoluciones del comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino, quienes habían sido acusados por “desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte”.
También alcanza a Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli, quienes habían llegado a juicio como “coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”.
Los otros agentes implicados son Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa, quienes habían llegado acusados como “partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”; los dos integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, que estaban imputados como “coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado”; y el vecino Alberto Daniel Crespo, sindicado por haber formulado una falsa denuncia con la que –según los fiscales y los querellantes– se intentó justificar la detención de Casco.
El caso
Franco Casco, de 20 años, llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a sus familiares en barrio Empalme Graneros. Según la acusación, el 6 de octubre, cuando emprendía el regreso a la localidad bonaerense de Florencio Varela, Casco fue detenido por efectivos de la comisaría 7ª. El 31 de octubre, el cuerpo de Casco fue encontrado en las aguas del río Paraná.
Antes del hallazgo, el tomar conocimiento de que Franco no había vuelto, se presentó una denuncia en la comisaría 20ª de Rosario y se inició una investigación por averiguación de paradero. Al día siguiente, su papá viajó hacia Rosario y se presentó en la comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información.
El 12 de octubre, Elsa fue a Rosario desde su hogar en Florencio Varela para buscar a su hijo. En la seccional 7ª (Cafferata 342), logró hablar con un comisario, pero en la denuncia refirió que mientras el funcionario policial le formulaba un relato bastante extraño sobre el motivo por el cual fue detenido Franco. El responsable de la comisaría argumentó que el joven había sido aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad, que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, y que finalmente fue liberado. El fiscal que había intervenido por el Ministerio Público de la Acusación fue Guillermo Apanowicz, por búsqueda de paradero.
Los policías de la comisaría 7ª aseguraron que Casco no había sido detenido el 6 de octubre sino el 7, luego del llamado de un vecino que había alertado por una persona sospechosa cerca de la seccional. Esta versión sostuvo que Casco fue liberado esa misma noche y que los policías nada tenían que ver con la muerte del joven bonaerense.
A fines de octubre, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal.
El 16 de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco. Esto sucedería un día después del pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario. Antes, el juez federal Marcelo Bailaque se había declarado incompetente.
Para octubre de 2017, Vera Barros procesó a 30 policías, la mayoría de la seccional 7ª y de Asuntos Internos, ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad no sólo en la muerte de Casco, sino también “en la intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.
Desde entonces, abogados y familiares de los policías acusados nunca dejaron de asegurar de que se trataba de una "causa armada" y aseguraron que eran inocentes. A 8 años y 9 meses de la última vez que Casco fue visto con vida, el fallo de la Justicia Federal, que dejó el sabor amargo de la impunidad en los allegados a Casco, liberó de responsabilidad a todos los policías involucrados.
