Brandon Gabriel “Gordo” Bay, uno de los nombres más repetidos en los últimos siete años con relación a la violencia narco en las calles de Rosario y la región, quedó al borde de un juicio oral con un pedido de prisión perpetua. Esta semana, culminó en los tribunales de San Lorenzo la audiencia preliminar, paso previo al debate oral, a ocho integrantes de la banda “Los Gorditos”, entre ellos el jefe Brandon, y la jueza Griselda Strológo aceptó las pruebas ofrecidas por el fiscal Aquiles Balbis.
La banda de "Los Gorditos" quedó en la mira judicial a raíz de denuncias de los vecinos de los barrios Tiro Suizo, Fuerte Apache y Las Delicias que sufrían balaceras y usurpaciones violentas de sus viviendas. Ello desde 2015, luego de la caída de José “Cepillo” Fernández, un transero de la vieja guardia asesinado en diciembre de 2015. En 2017 en el marco de un megaoperativo de la Policía Federal cayó el Gordo Bay y firmó una condena por acuerdo de partes a 10 años y 6 meses como jefe de una asociación ilícita, al igual que varios de sus integrantes. Ello fue el primer capítulo de banda, que continuó operando.
En 2019 la violencia territorial en San Lorenzo escaló a niveles inusitados. La principal ciudad del Cordón Industrial ocupó gran parte de la crónica policial a base de homicidios y balaceras que daban cuenta del alto de fuego de los supuestos grupos en pugna. A partir de escuchas, entrevistas e informes los fiscales llegaron a otra vez a Bay, entonces alojado en Coronda, que con su teléfono daba órdenes a un violento grupo al que imputaron por tres homicidios: el de Rodrigo Gigena, ocurrido el 9 de agosto de 2019; el de Gerardo “Pecho” Pérez, perpetrado el 25 de mayo de 2020; y el de Brian “Runi” Sánchez, cometido el 28 de mayo de 2020, que provocó el hartazgo de los vecinos.
Para junio de 2020 un equipo de fiscales desglosó evidencia con escuchas sugerentes sobre el funcionamiento de la banda, cuyo objetivo, se develó, era ganar el territorio del norte de San Lorenzo para la venta de drogas al menudeo y eliminar a la competencia, que eran tres grupos de transeros que mantenían un delgado equilibrio en la distribución de los puestos de venta. Bay se propuso desembarcar allí y “revolucionar todo”, según quedó plasmado en una escucha.
Una brigada recabó sobre el contexto de los homicidios de Villegas, Acosta y Gigena, que sacudieron San Lorenzo en 2019. Según informantes de calle, “la zona de venta de drogas la tenían en parte Willy Velázquez; Pipi Leys y los «Santafesinos»; entre ellos estaba todo bien, no se molestaban porque cada cual conoce los límites. Los que intentaron entrar a ocupar esa zona son rosarinos, son varios, pero el que dirige a los demás es un tal Dani Godoy –un hombre investigado en la causa del homicidio de Marcelo «Coto» Medrano–, relacionado con la barra brava de Newell`s Old Boys, muy violentos”.
Además, los informante aseguraron: “Los homicidios son una operación para hacer parecer una guerra entre ellos (Willy-Pipi-Santafesinos), pero en realidad los únicos beneficiados con todo esto serían los rosarinos. Puntualmente en el homicidio de Villegas, la maniobra viene desde la cárcel de Coronda, más precisamente del pabellón 4, de Brandon”.
“La consigna era tirar permanentemente. Usar la violencia que traían a San Lorenzo, importar esa violencia contra los grupos que no les respondían”, describieron los funcionarios que investigaron a Bay en aquella audiencia de junio.
Por esa incursión al Cordón Industrial llegaron audiencia preliminar Brandon Bay, Nair Cintia Estrella, pareja del líder de la banda, Claudio Gustavo “Primo” Ríos y Fabián Agustín Sandoval (sindicados como sicarios de la organización), y Juan Manuel “Pera” Alvarez, encargado del manejo de las armas. Para ellos, el fiscal Balbis pidió prisión perpetua.
Asimismo Balbis solicitó 20 años de condena para Maximiliano “Marrón” Deniz, establecido en el barrio San Sebastián de San Lorenzo y cuya función era mover las armas de la organización y disponer de una casa para esconder cosas y personas luego de los hechos, y para Pablo “Macana” González, encargado de conducir los vehículos de la gavilla cuando se cometían los delitos.
También requirió 7 años de cárcel para Franco “Capote” Torres, descripto como un sicario de la organización que dispone y dispara armas de fuego y participa de amenazas atacando a tiros el frente de inmuebles de las personas que pertenecen a bandas antagónicas; y 4 años de cárcel para Santiago “Pino” Niz, acusado de realizar diversos hechos violentos con armas de fuego como amenazar a personas disparando contra sus domicilios.
En diciembre de 2021 se abrió un tercer capítulo de la saga cuando el fiscal Pablo Socca imputó a ocho personas por integrar el remanente de la asociación ilícita, esta vez con Erica Altamirano –madre de Bay– como organizadora. Entre los nuevos implicados están dos hermanas de Brandon.
Giuliana, por actuar como cadete de los quioscos de droga además de visitar a su hermano en la cárcel para recibir directivas, y Flavia por decidir y supervisar la ejecución de balaceras a rivales. Entre otros imputados están Javier Alejandro “Negro” Aquino como encargado de búnkers y Luis Gabriel “Gordo” Saucedo como recaudador y a cargo de conseguir vehículos.
En tanto, son varios los integrantes que ya aceptaron participar de la banda y cerraron acuerdos abreviado a lo largo de esta saga.
En noviembre de 2020, el policía del Comando Radioeléctrico Lucas Romero, primo de Bay, firmó un abreviado a tres años de cárcel por los delitos de miembro de una asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución penal. Había sido detenido en julio de ese año. Y escuchas telefónicas lo incriminaron en el rol de proveedor de drogas, municiones y armas de fuego a la organización.
En abril de 2022, dos mujeres que estaban detenidas y acusadas de integrar la organización aceptaron su participación en la asociación ilícita y fueron condenadas a tres años de cárcel efectiva. Una de ellas es Giuliana Soledad Bay, de 27 años hermana del jefe –preso en el penal federal de Marcos Paz– a quien le encargaban diversas tareas operativas para el funcionamiento de la banda. La otra es Mabel Noemí Aranda, de 39 años, delegada a atender el búnker histórico del clan en barrio Tiro Suizo, en Lamadrid 1609.
En mayo de 2022, Érica Altamirano y Aldana Bay, madre y hermana de Brandon, fueron sentenciadas por narcotráfico al término de un juicio oral en los Tribunales Federales de Rosario. Como tenían condenas anteriores, la pena para Altamirano se redondeó en siete años y seis meses. Y para Aldana se establecieron seis años y seis meses, ya que tenía pendiente una sentencia a dos años de ejecución condicional.
En febrero de 2022, Joan Ulises Leyton recibió 5 años y 4 meses por disparar a una casa de Flammarión al 5000, un hecho del 5 de diciembre de 2020. Jorge Fernández, una pena única de 4 años como quien lo condujo hasta allí en moto.
Federico Ezequiel “Polaquito” Igaribide y Alan Vladimir “Gordo” Estrella, dos antiguos lugartenientes de la banda investigados por delitos violentos en la Villa Flammarión, ya habían sido condenados en 2019 a 9 años de cárcel en procesos abreviados.
Lucas Eduardo “Ratita” Aranda, que tenía 19 años cuando en 2018 firmó un abreviado a 5 años por integrar la asociación ilícita, volvió a caer preso el pasado 5 de octubre por portación de arma y por no volver de una salida transitoria.
