Dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe fueron asignados en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, en el marco de la denuncia del empresario Omar Santero.

Como sucede en investigaciones contra funcionarios del MPA, las causas se reasignan fuera de la jurisdicción donde cumple tareas el acusado. En este caso, quedó bajo la órbita de las funcionarias de Delitos Complejos Mariela Jiménez y Laura Urquiza, ambas de la capital provincial, según información que este lunes difundió el programa Telenoche Rosario (El Tres).

Patrocinado por los abogados Gustavo Peirone y Walter Stramazzo, Santero pidió investigar la conducta de Serjal en la confirmación del archivo de su anterior denuncia contra el titular de Auto Rosario, Rómulo González.

A menos de un mes de firmar esa resolución, el fiscal regional de Rosario compró dos autos Toyota cero kilómetro de la concesionaria de quien resultó beneficiado. Se supone que corresponde a una erogación de más de dos millones de pesos, sobre la cual Serjal ofreció voluntariamente un descargo y documentación.

Santero argumentó su denuncia en una "razonable desconfianza" por los hechos y pidió que "se determine si existen hechos, circunstancias o comportamientos funcionales o de particulares que sean anteriores y/o concomitantes y/o posteriores que eventualmente se vinculen con la investigación que he presentado en la Justicia y que también en forma contingente hayan incidido negativamente en el cumplimiento del deber objetivo del Ministerio Público de la Acusación".

En otras palabras, pidió aclarar si Serjal vio afectada su objetividad u obtuvo algún beneficio. "Además de denunciante, soy querellante, porque el doctor Ivaldi (por Alfredo Ivaldi Artacho) me reconoció como damnificado directo", argumentó.

"Me genera una razonable desconfianza que justifica mi pedido de investigación", expresó respecto de la compra de dos autos por parte del fiscal regional.

El propio jefe de los fiscales de Rosario sostuvo que la causa "fue resuelta con criterio jurídico, mediante la evaluación de evidencias y el estudio de las mismas".

La controversia ya generó que el fiscal general, Jorge Baclini, reabriera la causa por delitos económicos, apartara a Serjal (lo que él mismo solicitó) y enviara las actuaciones para consideración de la Legislatura provincial, bajo advertencia de que los hechos "implicarían" una "violación a la responsabilidad ética y a la transparencia".

También la causa original

Jiménez y Urquiza son las mismas fiscales que quedaron al mando de la causa original de Santero contra González por el vaciamiento fraudulento de Carrocera Sudemericana.

La investigación había sido archivada en primera instancia por los fiscales David Carizza y Natalia Benvenutto, situación confirmada por Patricio Serjal en junio de este año. En julio obtuvo los automóviles.

Días atrás, y por pedido del denunciante, fue reabierta por el fiscal general. Allí, Serjal pidió su apartamiento para evitar volver a resolver e informó de la compra de los vehículos.

En la Legislatura, el miércoles

Además de la Justicia, la Comisión Bicameral de Acuerdos, compuesta por diputados y senadores, debe expedirse. En ese caso, por la remisión de las actuaciones por parte del fiscal general Jorge Baclini.

La diputada Alicia Gutiérrez impulsó la apertura de una investigación y la suspensión preventiva de Serjal.

El tema será tratado este miércoles 4 de diciembre a las 18.30.

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