Este miércoles tuvo lugar un nuevo avance en la investigación contra la estructura criminal que lidera, según los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone, el fundador histórico de Los Monos, Máximo Ariel "El Viejo" Cantero. En 24 allanamientos cayeron 11 personas sospechadas de integrar la organización, quienes serán llevadas a audiencia imputativa la próxima semana por asociación ilícita, portación de armas y comercio ilegal de propiedades. En total, ya son más de 40 los involucrados en la misma banda.
El personal de la División Operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con colaboración de agentes de la Unidad Regional II, llevó a cabo la veintena de irrupciones en domicilios de las zona oeste, sudoeste, sur y norte de Rosario. Además, hubo procedimientos en Funes, Acebal y Pavón Arriba.
La redada arrojó el secuestro de dos armas de fuego, tres autos, 16 celulares, dosis de droga preparadas para la venta al menudeo y documentación de interés, enumeraron las fuentes. Nueve mujeres y cinco hombres quedaron aprehendidos a disposición de los fiscales.
La causa por asociación ilícita que se le sigue al patriarca de la banda de Los Monos, Máximo Ariel Cantero, y a su pareja Bibiana Montero, surgió en abril de 2022 con 21 detenciones de personas con presunta relación con ataques extorsivos, atentados contra estaciones de servicio, escuelas, balaceras, la gestión ilegal de cajas de asistencia alimentaria y de viviendas sociales, maltrato animal y el manejo del territorio para la venta de estupefacientes. Entre los nombres, la investigación destacó la figura del recluso Nelson “Pandu” Aguirre, alojado en la cárcel de Coronda y señalado como una especie de gerente de los intereses territoriales de Cantero.
El ya legajo fiscal ya tenía a una treintena de imputados, a los que se le suman las once detenciones de este miércoles, efectuadas en la zona de influencia del Viejo, como ser Vía Honda, los barrios Plata, Tío Rolo, Villa Banana, Bajo Ayolas y otros puntos de la ciudad.
El mes pasado, el Viejo Cantero sumó una imputación por abuso sexual y corrupción de menores, violaciones que cometió –según la investigación– mientras cumplía en la cárcel de Piñero la pena de 6 años de prisión por el juicio provincial que terminó en 2018 en Rosario.
