El Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materias Controlados (Anmac) firmaron un acuerdo de colaboración e intercambio de información que, aseguran, servirá para abordar la problemática de la violencia altamente lesiva que involucra la utilización de armas de fuego. Además, prometen profundizar investigaciones sobre el mercado ilegal de armas. No es ninguna novedad que la gran mayoría de los homicidios en Rosario se comenten con armas. Y si bien hubo pesquisas puntuales sobre el mercado negro de las armas, las investigaciones no abundan.
El documento fue rubricado este lunes en la ciudad de Buenos Aires por la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich; la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y el director ejecutivo de la ANMac, Juan Pablo Allan.
“Con este acuerdo generaremos instancias de colaboración interinstitucional y de intercambio de información para trabajar sobre la problemática de las violencias altamente lesivas que involucran la utilización de armas de fuego”, sostuvo Vranicich.
Al respecto, indicó que “el MPA va a comenzar no sólo a investigar fraccionadamente aquellos delitos que se realizan con armas de fuego, sino también profundizar estratégica y focalizadamente el mercado ilegal de armas.”
La jefa de los fiscales de la provincia precisó que “el trabajo coordinado se dará a partir del registro de evidencia balística y su sistematización y análisis en causas de relevancia o en balaceras recurrentes”.
Vranicich sostuvo que próximamente se creará un equipo de trabajo especializado en armas de fuego. “Funcionará bajo la órbita de la Fiscalía General y se ocupará de gestionar la información para desarrollar investigaciones estratégicas de los mercados ilegales en las cinco Fiscalías regionales”.
Desde el entorno de Bullrich indicaron que el convenio establece la cooperación interagencial e intercambio de información para impedir los desvíos de armas y municiones hacia las organizaciones criminales y que se pretende gestionar información orientada a identificar los “desvíos” –eufemismo para referirse a las armas policiales o judicializas que terminan en el mercado negro–, venta ilegal e identificar armas involucradas en delitos.
Los mercados de armas de fuego son un territorio no muchas veces explorado en investigaciones penales. En al menos tres investigaciones relevantes de los últimos años se detectó la mano negra policial detrás de la sustracción de armas que debían estar en depósitos judiciales, lugares que, por su parte, están sumidos en la precariedad estructural. O bien en la venta
Por caso, en octubre de 2020 el Ministerio de Seguridad de Santa Fe elaboró un documento oficial titulado “Modernización policial en Santa Fe: una supervisión estatal débil y escuálida de las armas de fuego y las municiones” que señalaba entonces que “al observar las capacidades estatales para comprender y gestionar una política sobre armas de fuego, lo primero que salta a la vista es una ausencia general de normativa, sumada al severo déficit institucional a nivel estructural, lagunas jurídicas crónicas, e incongruencias orgánicas en la materia”.
Y agregaba: “La situación de las armas incautadas y resguardadas por investigaciones judiciales en dependencias policiales, dada la marcada falta de control estatal, podría constituir una de las principales fuentes de provisión de los mencionados circuitos ilegales”. Por entonces, se estimó que “cada cuatro días un policía de la provincia pierde o le sustraen un arma”.
Antecedentes de investigaciones sobre mercados ilegales de armas
En mayo de 2021, la Fiscalía imputó a ocho integrantes de una “banda mixta” (integrada por tres policías) dedicada a la venta de armas. "No les importaba a quiénes vendían ni para qué lo iban a usar. Puede ser desde un sicario hasta una persona que caza", había dicho entonces la fiscal Valeria Haurigot. La organización, según la propia acusadora, incluía en las operaciones de venta el "servicio" de brindar tarjetas de consumo de municiones en armerías. En ese marco, había criticado "los huecos" del sistema de control de la Anmac y aseguró que era "un enchastre".
En agosto de 2021, dos uniformados y un civil fueron acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al robo y comercialización de armas que eran sustraídas de un depósito judicial de la entonces Agencia de Investigación Criminal (hoy PDI) en su sede de Casilda. La faltante se había detectado cuatro meses antes: 27 elementos entre pistolas, revólveres y escopetas.
Para abril de 2022, un allanamiento en Empalme Graneros culminó con el secuestro de once pistolas. La investigación sobre el origen de ese arsenal condujo a un joven empleado policial de la Sección Balística de la ex AIC, que fue imputado por sustraer la decena de armas con sus cargadores y 107 municiones del depósito judicial de Francia al 5200.
