A mitad de semana, en la noche del miércoles, la decena de tribus que son parte de Unidos se dieron cita en la capital provincial para un rito que no es acostumbre en la política. Todos los socios de la alianza gobernante se reunieron durante cuatro horas y media alrededor del fogón del poder, donde cada uno alimenta las llamas con aportes o diferencias.
El gobernador abona esa ceremonia, quizás un poco engorrosa porque exige dedicación, tiempo y paciencia para escuchar, pero a la vez es una forma efectiva de mantener al tanto a los aliados que no están en el día a día de cada área y asunto. También de evitar interpretaciones divergentes, unificar opiniones y compartir las líneas estratégicas del gobierno.
No es menor apostar por esa metodología. Unidos es ancho y heterogéneo ideológicamente, una criatura política que acaba de cumplir un año y lleva seis meses en el gobierno. Vida corta y vertiginosa que impidió sintetizar de antemano temas de fondo que se están hablando y consensuando mientras se gestiona. Por ejemplo la Caja de Jubilaciones, la renovación de la Corte Suprema o la ampliación de Unidos.
Si se toma como ejemplo la Caja de Jubilaciones, hay acuerdo sobre que algo hay que hacer, pero no se convino aún qué y cómo. Por eso no camina la idea de una comisión en los términos que votó el Senado. La proa de esa reforma primero será convenida dentro de Unidos. ¿Cuál es el objetivo a lograr? ¿Con quiénes se negociará la letra de la ley?
El gobierno llevó al encuentro de Unidos a los ministros Fabián Bastia, José Goity y Pablo Olivares, de Gobierno, Educación y Economía. No es casualidad que son los tres de mayor exposición pública en los últimos tiempos, a partir de las paritarias casi mensuales, los descuentos de días de paro y la implementación del premio por asistencia en el sector docente.
Los tres son del núcleo del gobernador y lo que hacen o dejan de hacer es con su respaldo. Son los funcionarios que hacen el gasto con los gremios de empleados públicos, que hoy encarnan el principal conflicto en el horizonte, ante una oposición que no muestra capacidad de interpelación ni influencia.
En ese campo de batalla, Pullaro muestra particularidades que otros gobernadores manejaron distinto. Por ejemplo la exposición de los ministros de Economía, Gobierno y Educación en la primera línea del conflicto gremial. Por lo general, los ministros de Economía se circunscribían al perfil técnico de la paritaria; los de Gobierno eran los batalladores y voceros; y en Educación era norma que hubiera una segunda figura para hacer el desgaste y preservar a el o la ministra para lo estructural y las buenas noticias.
La estrategia de Pullaro es poner toda la carne al asador a pesar de los riesgos de desgaste anticipado que acechan en política. “Es la impronta del gobernador trasladada a los ministros, es la concepción de que todos son laburantes de la gestión y no hay que guardarse nada”, opina una alta fuente de Unidos. Desde la otra punta de la coalición un referente coincide en que es “una marca de la gestión”, aunque le genera dudas que Goity haga el papel de bueno y malo a la vez, y descree de la lectura de que la base docente y la conducción gremial son escindibles y tienen intereses contrapuestos.
Una segunda particularidad de Pullaro es entender el descuento como la mejor forma de ordenar las relaciones del Estado con sus empleados o con privados. En el caso de los trabajadores, a diferencia de otros gobiernos que anunciaban el descuento de días de huelga y luego lo sacrificaban como prenda de pacificación del conflicto, permitiéndole también a los sindicatos mostrar la reversión como un logro de la lucha gremial, Pullaro efectivizó el no pago de los días y no dio marcha atrás.
La misma medida acaba de aplicarle a clínicas, sanatorios y otros prestadores de la obra social Iapos. Ordenó descontarles los días (semanas) que dejaron sin prestaciones a los afiliados para presionar por un aumento en los aranceles. Fue también una demostración de fuerza y mensaje hacia el futuro. Tampoco hubo ningún aumento en lo que va del año al Colegio de Farmacéuticos de la Primera Circunscripción, que tiene centraliza el manejo de los medicamentos de Iapos. El paso de Iapos de Salud a Economía le permite al gobierno tener en detalle fino de los aumentos que los prestadores y los proveedores de medicamentos consiguieron en los últimos cuatro meses de Perotti, que según las autoridades llevaron Iapos al déficit actual.
Cambios en la Justicia
También hubo novedades esta semana en materia judicial. Tal como se adelantó en esta columna hace dos meses, se modificó el reglamento del Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, fiscales y defensores públicos. Hay más medidas en proceso.
Los cambios, dicen en torno de Pullaro, obedecen a la necesidad de agilizar los concursos y que éstos cumplan la misión esencial de definir quiénes tienen los conocimientos y quiénes no. Son los elementos que el gobernador requiere para ejercer el mandato constitucional de elegir candidatos a ocupar cargos judiciales.
Por tratarse de un tema históricamente espinoso, que da lugar a interpretaciones de todo tipo, en la Casa Gris se cubren de antemano: “Vamos a tener un criterio de selección, un piso de calidad y a elegir los mejores –prometen–; evitaremos procesos de selección largos y engorrosos que han traído muchas dificultades. El objetivo es que la cosa funcione, ese es el desafío, no hacemos esto para poner gente nuestra”.
Uno de los principales cambios en los concursos es que en el anterior reglamento se establecía como criterio de nota final "Superó, Superó Ampliamente o No Superó" para quienes rendían. El nuevo, solo establece "Superó y No Superó".
Desde hace una década, cuando el resultado se establecía con números hasta la actualidad, las sucesivas reformas volvieron cada vez menos específica la nota final, hasta llegar al aprobó o no aprobó de hoy. Con el tiempo, la tendencia fue que dentro de los que aprobaron, pueda ser elegido cualquiera, ya sea que haya rendido para un 10 o para un 7 o que en el orden de mérito (que de por sí tiene su cuota de discrecionalidad) estuviera en primer lugar o el quinto. Estaba permitido alterarlo, pero el hecho de elegir al que no era primero en el examen generaba ruidos y suspicacias, algunas veces fundadas.
El nuevo reglamento introduce una modificación en ese punto. El gobernador recibirá el listado de quienes aprobaron ordenado alfabéticamente y no con un orden de mérito sugerido. De modo que todos llegan a la mesa del gobernador en igualdad de condiciones, para que éste tenga las manos libres de elegir de acuerdo a su criterio el nombre que propondrá a la Legislatura. El criterio estará definido por el perfil de Justicia que busca cada gobierno y por los acuerdos que sustentan sus políticas judiciales.
Una historia abierta
Estas cuestiones resultan extrañas al interés ciudadano masivo, pero tienen centralidad en la política santafesina desde 1989, cuando por decreto el exgobernador Víctor Reviglio creó un Consejo de la Magistratura. En ese tiempo quizás no lo motivó el espíritu de autolimitación ante la amplia discrecionalidad que la Constitución provincial le concede al gobernador para promover jueces, sino para desconcentrar la presión de los lobbies políticos, sindicales, religiosos, corporativos y económicos que presionaban sobre el gobernador de turno para que nombre a sus candidatos. El Consejo de la Magistratura no solo nacía para absorber esa presión sino también para dar una mayor legitimidad a lo que hasta entonces era un criterio estrictamente arbitrario y personal.
Luego vinieron autolimitaciones en tiempos de Jorge Obeid y sobre todo con la llegada de Hermes Binner y el Frente Progresista al gobierno, cuando se rediseñó el sistema de concursos bajo la idea de sistema prestablecidos, abiertos, menos corporativos y, sobre todo más objetivos.
Con el tiempo ese sistema demostró debilidades, por ejemplo en el tiempo de realización de los concursos y una rigidez que al final de cuentas no le quedaba cómoda a nadie, a lo que se sumaba que no necesariamente quien era el mejor a la hora de rendir un concurso luego era buen juez o fiscal en la práctica.
Desde entonces, cada cuatro o cinco años las reglas de juego para elegir jueces, fiscales y defensores se reacomodaron de acuerdo a los criterios del gobierno de turno, las cuotas de poder político de oficialismo y oposición, y la correlación con los lobbies antes mencionados. En el medio la provincia vivió un hecho refundacional con el nuevo Código Procesal Penal, que implicó designar alrededor de 170 fiscales.
En este proceso, la política santafesina fue recuperando margen de maniobra, pasando de un tiempo de autolimitaciones que inauguró a nivel nacional Néstor Kirchner para la renovación de la Corte Suprema, hasta los últimos años en lo que progresivamente recobraron peso los criterios políticos sobre la base de un piso de capacidad técnica.
Estos cambios periódicos en las reglas de juego generan malestares dentro del Poder Judicial, el MPA y la Defensoría Penal. Desde que el gobernador tenga la posibilidad de alterar el orden de mérito, hasta una lista donde todos los que aprobaron valen lo mismo, hay razones para que quienes pretendan concursar sientan que pueden esforzarse, prepararse a conciencia e igualmente quedar afuera, porque al final de cuentas interfieren otras instancias, padrinazgos, reparto de cuotas de poder.
La marca del gobierno de Maximiliano Pullaro en este aspecto es una incógnita, ya que solo envió un puñado de pliegos de urgencia que eligió a criterio propio y que sacó de un concurso que no hizo su gestión. Optó por un reseteo total del sistema, del cual el reglamento de selección de jueces es apenas el primer paso.
El segundo es la baja de los concursos hechos en la era Perotti y el próximo llamado a nuevos, que serán múltiples y en dos grupos. Uno para las circunscripciones Santa Fe, Rafaela y Reconquista, y otro para Rosario y Venado Tuerto.
Con quienes hayan aprobado se cubrirá un número de vacantes mucho más bajo del que solicita la Corte Suprema y se conformará un banco de suplentes. Salvo que surja alguna emergencia, la decisión inicial es no concursar cargos para cámaras.
La tercera batalla es la renovación de la Corte Suprema, todavía en veremos, a pesar de que el tiempo pasa y el gobierno tiene disponibles las herramientas y legitimidad para avanzar. Mientras magistrados y empleados de toda la provincia aceleran el trámite jubilatorio por temor a las reformas que se avecinan y a posibles topes en las jubilaciones más altas, en la cumbre del Poder Judicial no pasa nada.
Ni siquiera con aquellos que esperan una alfombra roja para salir por la puerta del frente para ponerle el broche a extensa carrera judicial. Quizás como con la Caja de Jubilaciones, la renovación de la Corte (los potenciales reemplazantes y los criterios de selección), sea otro de los temas que la nóvel alianza Unidos y los sectores pullaristas aún tienen en proceso.
