Diciembre sumó 25 crímenes en 31 días y coronó a 2022 como el año más violento de la historia de Rosario. Enero fueron 24 en 31 días. El 1° de febrero bajaron de un auto a Lorenzo Jimi Altamirano después de levantarlo en la calle y lo ejecutaron frente al estadio de Newells. El 2 de marzo balearon el supermercado de la familia política de Messi. El domingo 5 mataron a Máximo Jerez, de 11 años, en una balacera e hirieron a otros dos nenes que siguen delicados. Son apenas hechos resonantes de un nuevo pico de la crisis permanente de seguridad en el que viven Rosario y Santa Fe.
La pregunta inmediata: ¿por qué de pronto todo se descalabra más de lo que estaba? ¿Es este verano endemoniado que enloquece a la gente para que salga a matar? Que un altísimo porcentaje de homicidios esté relacionado a narcocriminalidad sugiere que el cambio climático no es la explicación. El motivo es otro.
Por suerte el crimen de Rosario escribe. Como los lingüistas y antropólogos que descifraron los jeroglíficos pictóricos de los sumerios, los fiscales de Rosario están decodificando la trama que desató el pico de violencia con el que terminó 2022 y empezó 2023. No descifran tablas de arcilla como las de la civilización mesopotámica, sino papeles con textos cortos e intimidatorios, que los criminales dejan a propósito en el lugar del crimen, redactados en estilo informativo, las más de las veces imperativo, casi nunca narrativo. A veces lo arrojan envuelto en una piedra, otras doblado en un bolsillo de un cuerpo inerte, puede ser una bolsa de carbón o un pedazo de cartón.
Desde noviembre hasta aquí, esos papeles, sumados a las extracciones Ufed de los celulares secuestrados en detenciones y allanamientos, revelan que la sangre de estos días es resultado de un enfrentamiento sin cuartel entre jefes de facciones que están presos, y que se quedaron afuera de algún reparto o se sienten desplazados. Usan sus propias células de violencia organizada para hacer sentir su descontento. Peleas entre viejos socios, alianzas precarias y una violencia descomunal conmueven a la sociedad y ponen contra la pared a los gobiernos.
El pus de violencia supuró una vez más en el eje banda de Los Monos-barra de Newell’s, como dan cuenta el ataque al Hospital Privado de Rosario donde desempeña su labor profesional el presidente del club Ignacio Astore el 22 de noviembre, la ejecución de Altamirano a los pies del Coloso y la detención de Luciano Arellano, un policía que estaba infiltrado en la Agencia de Investigación Criminal y esta semana fue imputado como parte de una asociación ilícita que tiene al líder de Los Monos, Guille Cantero, como jefe.
Arellano y el policía Marcos Barúa (que salía a hacer balaceras) fueron acusados de integrar la célula que dirige Leandro “Pollo” Vinardi con Guillermo “Chupa” Sosa y brindarles apoyo desde sus puestos de policías. Sosa cuando fue detenido en mayo de 2022 era jefe de una de las facciones que disputa la barra de Newell’s, y su jefe era Vinardi, detenido en la cárcel federal de Ezeiza. Esta célula tiene un prófugo: se llama Juan José Raffo, a quien Arellano filtraba información y probablemente le permitió escapar. Antes de eso, en 2018 y 2019, Arellano visitaba a Raffo en la cárcel donde cumplió condena como integrante de la Banda de Los Monos.
La falta de rumbo
En el medio de la guerra de bandas, el 8 de febrero al gobernador Omar Perotti no le quedó otro remedio que echar al ministro de Seguridad Rubén Rimoldi. Seis meses antes le dio la llave del Ministerio para que un sector de la policía provincial, con apoyo político de una facción del PJ santafesino, haga lo necesario para calmar a las bandas y restablecer el mando en la Policía. No solo el Ministerio de los Comisarios no lo apagó, sino que Rimoldi se fue en medio de una tormenta de balas y sangre, tartamudeando y con una situación peor de la que heredó.
La sucesión se dio dentro del mismo ministerio. Asumió el gendarme Claudio Brilloni, hasta entonces secretario de Seguridad, pero relegado a segundo plano por Rimoldi. Brilloni es el primer ministro de Seguridad de la era Perotti que goza del crédito de la oposición y el único que asume sin que el gobernador le imponga un contrapeso dentro del Ministerio. Esa estrategia de poner a convivir a Dios y el diablo, en el caso del área de Seguridad, dio pésimos resultados. Sain-Sarnaglia, Sain-Morel, Jorge Lagna-Germán Montenegro; Lagna-Ana María Morel; Rimoldi-Ana María Morel. La gestión se esfumó en internas, peleas, parálisis y descoordinación y se va con un ministro de transición.
Ese listado no es caprichoso. Son hombres y mujeres que gestionaron el área más delicada del gobierno provincial, la encargada de cuidar vidas y bienes de los santafesinos, y que representan ideas y políticas flagrantemente contradictorias entre sí.
Además del desconcierto y la falta de rumbo, pasaron cuatro ministros y hubo problemas que excedieron la falta de resultados. Marcelo Sain se fue de Santa Fe con dos investigaciones penales abiertas. Nunca se aclaró la denuncia que llevó a la renuncia de Horacio Lucchini, ex director de Análisis Criminal, después de que se lo acusara de ofrecer un pacto al líder de Los Monos de beneficios a cambio de parar las balas ¿Fue verdad? ¿En nombre de quién? ¿Dónde está Lucchini?. Porque a su puesto laboral en el juzgado federal de Venado Tuerto, donde cumplía funciones con acceso directo al despacho del juez Cuello Murúa, nunca regresó.
Ahora, en allanamientos vinculados a la investigación de las muertes que disparó la guerra Monos-Newell’s, el comisario Marcelo “Malevo” Mendoza, que cumplió altas funciones en Rosario y estaba de jefe en Constitución, fue encontrado en un galpón con otros uniformados donde había una caja fuerte con dólares y pesos que se contaban de a miles, vehículos y armas. También estaba el comisario retirado Alejandro Franganillo, a quien el intendente de Granadero Baigorria Adrián Maglia designó como secretario de Seguridad. Franganillo, Mendoza y el comisario Álvaro Rosales (ya detenido) visitaban al interno Juan Raffo (el mismo que ahora está prófugo) cuando cumplía condena por ser parte de Los Monos, según una evidencia que los fiscales Edery y Caterina mostraron este viernes en la imputación a los policías Arellano y Barúa.
Los nombres y los votos
La descripción anterior intenta poner el acento en la trascendencia de las decisiones y acciones que la política santafesina deberá tomar en 2023. Hasta aquí lo referido a la (in)conducción de la seguridad, que pertenece a la órbita de la seguridad provincial. Pero para lo que viene la oposición no puede hacerse la distraída porque también es su responsabilidad.
Una primera cuestión es el proceso electoral: ¿cómo piensan canalizar el peronismo y la oposición, reunida en torno a un frente, una campaña en las actuales condiciones?
La otra decisión trascendental es la elección de autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación, de la Defensoría Pública Penal y de la Auditoría General. En especial el fiscal general y los cinco fiscales regionales son clave. Ellos serán los jefes de los fiscales en los próximos 5 años, los que organizarán y definirán la persecución del delito. El MPA es una pata esencial, pero si las fuerzas políticas quieren combatir la inseguridad con acuerdos que no garantizan concursos sólidos y se avalan postulantes que no son los más idóneos, no va a andar.
Los mandatos de Jorge Baclini y los cinco fiscales regionales terminan el 20 de abril. Entre mañana y pasado, el jurado evaluador del concurso elevará las ternas al gobernador para que éste elija un nombre para cada cargo y lo envíe a la Legislatura. No hay mucho tiempo.
Hay un problema. Los nombres que integrarán esas ternas en su mayoría ya se conocen a pesar de que no se publicaron. Circulan desde cuando empezaron los concursos, y se sabe qué sectores o qué figura del poder los respalda. Más aún, circulan los nombres que promoverá el gobernador.
El desempeño del tribunal evaluador no ha sido autónomo y fue técnicamente pobre, al menos en el caso de fiscales y auditoría, como se refleja en las entrevistas públicas que hicieron con los postulantes y que se pueden ver en el canal de Youtube del Ministerio de Gobierno. Se aclara, es una objeción al rol desempeñado, no a las personas, algunas de ellas muy reconocidas en sus áreas.
Es además un concurso que tuvo una bolilla negra para el fiscal Luis Schiappa Pietra, que concursó tanto para fiscal regional como general. Parece que en la política santafesina algunos no perdonan errores, otros no perdonan que hayan investigado a un “amigo” y otros sacrifican los elogios públicos al fiscal después de haberse amigado con quienes hace un rato querían ver preso. Parece que la política cree que esta provincia está en condiciones de desaprovechar a fiscales que no solo han sido valientes y acumularon una experiencia única en investigaciones complejas de las que habla todo el país (Los Monos, Alvarado) sino con trayectoria académica y que estuvieron en la fragua del nuevo sistema procesal.
Es lógico que los partidos tengan sus preferencias. Lo que no debería ocurrir es que los nombres se acuerden en una mesa que conviertan los concursos en una ficción que ni siquiera garantiza un piso de experiencia, idoneidad y perfil.
Mónica Fein, como ex intendenta y legisladora, y Pablo Javkin le ponen voz al pedido de que el próximo fiscal general vuelva a ser de Rosario, no por exceso de rosarinidad sino por la gravedad de la situación.
eguramente hay otros en esa línea. Otra preocupación es seleccionar fiscal regional y general con criterios semejantes. Si faltase esa visión la política habrá creado un problema más que una solución.
Sin entrar en el festival de nombres, aparecen cuestiones inquietantes: ¿se piensa darle el comando del MPA a los sectores judiciales que trabaron todo lo que pudieron su nacimiento? Hablando de perfiles, ¿el hecho de haber estado muchos años detrás de un escritorio leyendo expedientes penales y escribiendo fallos hace que un magistrado tenga el perfil adecuado para dirigir el MPA? ¿Incluso si en ese historial aparecen fallos controvertidos y revocados donde estaban en juego derechos de víctimas?
La relevancia de la Auditoría General del MPA es superlativa. Controla a fiscales que a su vez toman decisiones que afectan las libertades individuales y la seguridad pública. ¿Se concretará la profecía de que el nombre elegido para reemplazar a María Cecilia Vranicich, en caso de que ésta vaya a ocupar la fiscalía regional o la general, sea el de un abogado que un día es director de un sanatorio, otro de Aguas Santafesinas, otro de una caja de profesionales, otro candidato a concejal? ¿Cuál es la experiencia en materia penal? Una vez más, no es una objeción a la persona, sino al perfil para una función muy delicada donde, por ejemplo, se pueden tumbar o absolver fiscales.
Ser fiscal regional o auditor no es lo mismo que director del Enress o del canal de la provincia, donde es uno más, bien pago y de exigencia media a baja. El MPA ya pagó caro con Patricio Serjal cuando la política resignó idoneidad. Los equilibrios y las relaciones de fuerza son indispensables, pero con capacidad y proyecto de trabajo serio como piso.
El gobernador es el responsable de elegir y enviar los pliegos. Al hacerlo define una línea de acción a seguir. ¿Está definido hacia dónde se va? ¿Un MPA relativamente débil como hasta ahora, o se va a un MPA más potente institucionalmente, a la altura de Córdoba y otros lugares? ¿Se profundiza el camino, o en medio de la crisis mete reversa?
Sin embargo, el gobernador es una parte, porque hoy la última palabra en la Legislatura la tiene la oposición. Radicales, PRO, socialistas, PDP, algunos bloques minoritarios juntan una contundente mayoría en la Asamblea Legislativa para aprobar o rechazar cualquier nombre. Eso si votasen juntos. La votación de las autoridades superiores del MPA y la Defensa Penal será el bautismo de fuego para el frente de frentes. Para el mismo momento deberán unificar posiciones sobre la ley de emergencia de seguridad y la renovación de autoridades de la Cámara baja.
El miércoles será el acto formal de inicio del año judicial. El presidente de la Corte, el penalista Daniel Erbetta, resolvió que este año se hiciera en Rosario y no en la capital provincial. Una mínima señal de compenetración y empatía del Poder Judicial con el momento que atraviesa la ciudad. Erbetta ha sido un ferviente impulsor de la reforma procesal penal, como académico primero y como juez a partir de 2007, por lo tanto será inevitable alguna referencia a las decisiones que se avecinan en relación al MPA.
