Ayer, la multitudinaria marcha plurinacional contra los incendios en las islas logró tener espacio es el interés público nacional.
Este humo, nuestro fuego, también llegó en la semana al Obelisco acompañado por un pequeño y entusiasta manojo de intendentes que pidieron soluciones. Cuando hay viento norte y llamas en Zárate y Campana, tal vez se respire ese aire viciado en Capital, si no hay que llevarlos en frasquitos y reclamos a la Casa de Gobierno.
¿Quién incendia las islas y por qué? Preguntas hechas desde hace dos años con distintas y espasmódicas insistencias. Para Juan Cabandié, el Ministro de Medio Ambiente, siempre fueron los dueños de los campos y sus trabajadores. La producción agropecuaria en esas dos millones de hectáreas de campo inundable ha sido, según el ministro, la responsable de instalar esa práctica contra el ambiente, la fauna y flora del Humedal. No dudó en distribuir datos finos del catastro de quienes y desde cuándo, explotan ganado allí.
La idea de exponerlos era aportar elementos que sean útiles a la investigación judicial. El juez Daniel Alonso, titular del juzgado Nº 1 de Paraná, se entusiasmó con la causa. Asumía la presión social y política y, además, con las llamas apagadas y resueltas, la obtención de la cucarda lo podía ayudar a ocupar un lugar que codiciaba por concurso: la Cámara Federal de Rosario.
Rosca, fuego y humo. En febrero de este año llegó a Victoria un juez federal, Federico Martín, con la idea de ocupar el espacio del Estado en la observación de los delitos que pudieran ocurrir en ese extenso terreno entrerriano. Sin más intervención del Estado que lo expuesto livianamente por las discusiones en los medios. Lo que piensan los entrerrianos del fuego es claro: los que prenden fuego no son los dueños de los campos sino aquellos que quieren quedarse con la tierra.
“Nos quieren correr con fuego, como lo hicieron hace 150 años con los indios”, dijo un veterano trabajador de islas hace algunas semanas, mientras clamaba por aviones hidrantes que auxilien en la tarea.
Entre Ríos participa como provincia de la organicidad productiva de esas tierras. No es de ahora y con estos fuegos. Es de siempre. El fuego fue la herramienta de desmalezamiento y renovación de pasturas acordada con una ley. Los productores estaban habilitados por esas normas. Hoy no. El fuego como herramienta de trabajo para esos campos está prohibido. Quien lo hace debe ir preso. ¿Quién se arriesgaría a perderlo todo?
El gran problema del productor no era el fuego sino el agua. Las inundaciones, sacar el ganado de esas tierras (algunas bajas) era costoso y por falta de infraestructura (embarcaciones), imposible. Hoy sin agua, con una sequía inédita, el campo se devela inmenso: dos millones de hectáreas con salida rápida al océano.
Los isleros creen que hay una mano negra encendiendo. Algunos se han mostrado prudentes y sin información judicial no se atreven a decir quiénes. Hay campos encendidos que nunca fueron tierras ganaderas (un recordado incendio de domingo frente al Monumento) o las llamas vitales en las espaldas de un acto por la hidrovía en agosto del 2020, con Alberto Fernández y varios gobernadores en Puerto General San Martín. Muchos fuegos sin explicación. Ocho mil focos coordinados en espantosa figura escenográfica.
¿El fuego es una herramienta de discusión política? ¿Se quiere desmalezar en primavera? ¿Quieren correr a los dueños de esas tierras haciendo que su trabajo se dificulte con la idea de que “solo el fuego apagará el fuego”?
En la semana hubo varias reuniones importantes que no trascendieron. El tema angustia a funcionarios que no dan más viendo cómo los brigadistas llegan chamuscados después de intentar apagar tanto fuego. Hubo reproches, celos y estrategias. El Ministro Juan Cabandié no quiere ser el “puteado” por la militancia ambientalista y accionó a sus militantes para que dejen en claro eso. Intensificó estratégicamente sus críticas a la política entrerriana y pidió que alguien vaya preso.
La militancia diseñó un rápido video donde expone a cuatro productores con nombre y apellido como posibles responsables del “Ecocidio”. Operación tras operación. Humo tras humo.
Hace un año se incendiaba la isla Sabino Corzi, frente a la estación fluvial. Insólitamente, algún borrador informativo, casi un chimento, explicó que un vecino, intentando quemar su basura, no pudo controlar el efecto del viento. En esa tierra no hay ganado ni lo hubo, solo es un inmenso banco de arena que es codiciado por sus valores turísticos. Pero rindió. Mantener viva la llama para que el tema empuje el desgaste. Quiénes son y por qué.
Los productores viralizaron un video de Rafael Sugasti, habitante del humedal, productor ganadero y también responsable del espacio turístico El Pimpollal, ubicado en el Paraná Viejo. Allí, en la exposición que hizo en el Concejo Municipal en el marco de la Ley de Humedales, Sugasti insistió con los argumentos que los productores claman sin que la política escuche. “El que hoy incendia las islas no trabaja en ellas”. El islero tuvo que apagar el fuego de sus campos para evitar perder sus cosas y ayudar a otros vecinos a hacer lo mismo.
La discusión política usa el fuego para sentarlos chamuscados a todos en la mesa. La Ley de humedales es un botín político. Una bandera que será agitada y festejada a pesar de haber sido cajoneada por el oficialismo durante varias temporadas.
Dos millones de hectáreas de campo argentino con salida rápida al mar. En toda balanza, esa oración es un mantra que pega fuerte en el bolsillo de un Gobierno que propone desde su llegada al poder discutir la propiedad, el uso y la rentabilidad de las tierras de la Argentina.
