Tras la crisis de seguridad por los crímenes de cuatro de trabajadores que le tomó todo el mes de marzo y la mitad de abril, el gobernador Maximiliano Pullaro retomó la marcha reformista de su gobierno. Lanzó un beneficio económico para los docentes para reducir el ausentismo y habilitó al Senado provincial a analizar una reforma previsional. El próximo frente a abrir es el judicial, donde se vienen decisiones destinadas a generar polémica. Entre otras, se dejarán de lado los concursos hechos durante la gestión Perotti, se cubrirá el mínimo de vacantes de jueces, muy lejos del número que esta semana reclamaron el Colegio de Magistrados y el Colegio de Abogados, y un puñado de fiscales.
Lo que cocina el gobierno es un decreto que modifica el reglamento de selección de jueces y fiscales. Acto seguido llamará a nuevos concursos que pretenden ser ágiles y cortos. En el caso del MPA será un concurso de fiscales subrogantes, lo que en la práctica implica una suerte de periodo de prueba en el cargo. Es de esperar una ardua polémica pública con estas innovaciones, a la que el entorno del gobernador dice no temerle, convencido de que hay una retórica argumentativa que los favorece en esa batalla, sumada a la mayoría legislativa y el millón de votos de capital inicial.
En el Poder Judicial los trascendidos sobre algunas de estas medidas generan controversias. Las más controvertidas son prescindir de los concursos hechos en la gestión Perotti para llamar a nuevos, con otras reglas de juego, y no cubrir de inmediato vacantes cuando hay jurisdicciones como Rafaela o Reconquista que tienen casi la mitad de los juzgados sin magistrados.
Para el pullarismo esos concursos, que comenzó el ex secretario de Justicia Gabriel Somaglia (apartado del cargo por una serie de escándalos, entre ellos sospecha de manipulación de jurados de concursos) y terminó la ex ministra de Gobierno Celia Arena, “fueron amañados” “para meter elefantes entre a manada”.
Con esa convicción preparan un decreto para modificar la selección de jueces, fiscales y defensores, que permitirá llamar a concursos con nuevas pautas. Entre otras, un mayor puntaje por la carrera judicial en detrimento de los antecedentes académicos. Esto busca, en particular en el caso de fiscalía, promover a quienes ya están trabajando a la par de fiscales, que conocen el trabajo, técnicas investigativas y participaron de equipos de litigación.
“Si el gobernador tiene dudas sobre las ternas que armó el Consejo de la Magistratura, es preferible que analice una medida de excepcionalidad teniendo en cuenta la emergencia, que es real, y puede tomar con criterio a concursantes que aprobaron y que son gente indiscutible, con trayectoria que no están ahí porque alguien los empuja pero a la vez nadie los va a objetar”, propone un juez que está al tanto de lo que viene.
En Santa Fe, la Constitución provincial pone en manos del Ejecutivo la elección de jueces, y es un decreto de autolimitación el que creó el Consejo de la Magistratura y rige los mecanismos de selección. “Se puede hacer por decreto”, insiste este magistrado.
El gobernador definió otro camino, basado en el diagnóstico que explicitó en su discurso de asunción: “La Justicia de Santa Fe es cara e ineficiente”.
La figura de los fiscales subrogantes está pensada como solución en base a un diagnóstico según el cual hay un núcleo de fiscales muy comprometidos y que trabajan muy bien en la persecución del delito y “una mayoría” que a pesar de “los muy buenos sueldos hacen la plancha, no trabajan como debe trabajar un fiscal”.
En esa línea, Pullaro ensaya una fórmula sui generis. “Vamos a abrir el concurso, se mandan los pliegos, si la Legislatura los aprueba los nombramos como fiscales subrogantes, no como adjuntos. Los vamos a probar, si trabajan bien y con compromiso, antes de dejar el gobierno, mandamos el pliego para que ahí sí los designen titulares”, describe un funcionario muy cercano a Pullaro que está trabajando en el tema.
Este sábado la fiscal general María Cecilia Vranicich reunió a fiscales de toda la provincia para bajar línea sobre el funcionamiento del MPA. No se habló del tema, pero no ve mal la idea de probar el perfil y la capacidad de los fiscales.
El capítulo vacantes de jueces arrastra otras tensiones, que vienen de la crítica mirada que el gobernador tiene del funcionamiento de la Justicia provincial. Mientras madura el proceso institucional con el que avanza en su intención explícita de renovar la Corte Suprema, hace oídos sordos a los reclamos de corporaciones de abogados y jueces, que esta semana pidieron la cobertura de casi un centenar de vacantes de magistrados.
Pullaro no da el brazo a torcer. A lo sumo mandará unos pliegos urgentes para suplir casos urgentes, “pero muchísimos menos del número del que están hablando, que ni lo sueñen”. Luego a esperar el nuevo concurso, que en el gobierno creen “será mucho más ágil y rápido” con el nuevo reglamento de selección. Estiman entre cuatro y cinco meses.
Las relaciones entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial suben de temperatura. En lo protocolar casi no hay fricciones, pero cuando las luces se apagan la película es otra. “El gobernador no debe nada a nadie. Llegó sin pedir nada, convencido de que el que no traspasa la línea de la legalidad no tiene nada que temer”, repiten.
Una alta fuente política contó que hace dos meses le pidieron por nota a la Corte que informe cuáles son las vacantes que consideran prioritarias para cubrir, pero que nunca les respondieron, por lo tanto definirá el gobierno esas prioridades y urgencias. Lo curioso es que en la Corte funcionarios y algunos de los ministros dijeron no estar al tanto de ese pedido del Ejecutivo.
"Siempre dijimos que no íbamos a llenar casilleros por qué sí, que queríamos un mapa detallado de necesidades y eficiencia. No pagar por pagar cargos caros para poca cantidad de trabajo. Se puede suplir de otra manera", repiten en el gobierno.
El año pasado la Corte implementó algunas medidas en este sentido para optimizar recursos y cargas de trabajo. Dispuso que camaristas penales de Venado Tuerto que tenían poca carga laboral viajaran a otra jurisdicción a cubrir faltantes. Otro tanto con jueces de Vera a los que se les asignó asistir en la diezmada Reconquista.
La apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura el próximo 1° de mayo será la oportunidad para que el gobernador exponga detalladamente estos planes y sus razones.
El frente judicial que está abriendo el gobernador se suma al frente docente y el de la Caja de Jubilaciones. Lo que no se le puede negar a Pullaro es la determinación a hacerse cargo de problemas calientes, complejos y proponer un abordaje.
Es el caso del ausentismo docente. Eligió un camino diferente al que habían ensayado los gobiernos del Frente Progresista, que en su momento innovaron con controles que le permitieron contenerlo alrededor del 20%, como explicó la exministra de Educación Claudia Balagué desde su banca de diputada, siendo ella partidaria de asumir el problema pero con un abordaje que no se centre en el bolsillo de quienes trabajan. Perotti los desmontó y terminó con 32% de ausentismo.
El programa Asistencia Perfecta enfrenta al gobierno con los sindicatos, “pero no con los docentes”, se ufanan en la Casa Gris. “Nuestra aliada es la base de trabajadores que sabe que si cumple a fin de mes se va a llevar buen dinero en el bolsillo. Nos reclamaban que la provincia asuma el Fonid que dejó de pagarles la Nación. Bueno, les vamos a dar nueve Fonid en tres meses”.
El modelo supone un salario promedio surgido de la paritaria, y el beneficio económico para quienes cumplan. Más dinero en el bolsillo a los maestros con la misma plata que se ahorra en pagarles reemplazos. El dinero queda dentro del sistema educativo, como había prometido Pullaro. Pero ahora él puede direccionar cómo usa esa masa de dinero –que este año se calcula en 250 mil millones– y a quién beneficia. Es la misma lógica que usó en diciembre con los policías.
Un 32% de ausentismo era demasiado alto. Por eso no pasó desapercibido para las comunidades escolares, las cuentas públicas y el servicio educativo en general. La problemática estaba a la vista de todos. La pregunta que flota es si los gremios docentes (y los otros porque el ausentismo no es solo docente) no pudieron o no quisieron ser parte de la solución, en lugar de descansar en la responsabilidad de control de “la patronal”.
La medida, además, tiene un segundo efecto que es desincentivar la huelga en un gremio que usa esa metodología para reclamar salarios con más frecuencia que otros sindicatos. Es evidente que el gobierno fortalece su posición en la negociación paritaria y que los gremios docentes deberán alumbrar nuevas estrategias para que los paros no sean la principal opción.
El gobierno evalúa de forma positiva la recepción de la medida. “Los sindicatos pasaron de criticarla, decirnos que somos el gobierno de la derecha y compararnos con el presentismo de Reutemann, a pedirla para los docentes del sector privado”, marcan.
Lo que no puede olvidarse el gobierno es que si bien el abuso estaba a la vista de quienes están adentro y afuera del sistema, sólo una parte de ese ausentismo se debía a ese motivo. La docencia es una profesión de alto desgaste físico y psíquico, las enfermedades asociadas a ese empleo son harto conocidas y no van a desaparecer poniendo un premio económico.
Por último, los senadores provinciales abrieron la puerta a la reforma del sistema previsional. El gobierno dio luz verde, porque quiere abordar el problema de un déficit que se proyecta superior al presupuesto de obras públicas, según el cálculo oficial.
Esa movida generó rispideces con otros socios de Unidos, que en la cámara de Diputados no estaban al tanto. El socialismo en particular está incómodo con esto de un debate abierto sin consulta ni definiciones previas de qué y cómo se quiere reformar.
“No hay proyecto todavía”, dicen en el gobierno. Que la Legislatura inicie una conversación plural y en profundidad, con una reforma a largo plazo en función de los tiempos que van a venir”, dicen a la par del gobernador.
La noticia inquietó a empleados de todo el Estado provincial que temen jubilarse con peores condiciones que las actuales. Salieron a consultar y los que pueden a juntar papeles. Los sindicatos por ahora observan y aguardan una convocatoria al no haber un proyecto explicitado.
Edad jubilatoria, regímenes especiales, aportes, todo entrará en revisión. El mundo discute sobre cómo financiar sus sistemas previsionales, el gobierno provincial abre la discusión, dice, porque va “a dejar de esconder el problema debajo de la alfombra como hicieron los anteriores”.
“A menos que la política nos diga que hay que seguir cubriendo con rentas generales un déficit que cada vez va a ser mayor, habrá que acordar una reforma de largo plazo, en lo posible preservando el 82% móvil”. La Caja de Jubilaciones es, sin duda el último frente de batalla abierto.
