El gobierno nacional vuela en zona de máxima turbulencia. El frente económico-financiero no le dio respiro a la ministra de Economía, Silvina Batakis, desde que asumió el comando de la nave. La gestión está en una especie de minitransición, desde un sistema de toma de decisiones centrado exclusivamente en el presidente pero torpedeado todo el tiempo, hacia una mesa política en la que se sientan Alberto Fernández y los dos socios fundados del Frente de Todos (FDT), Cristina Fernández y Sergio Massa. Hasta aquí trascendieron tres encuentros y nada de su contenido, por eso es aventurado cualquier pronóstico sobre si funcionará o no, o quién gana y pierde protagonismo en esa terna.
Lo que está claro es que el presidente Alberto Fernández está sentado donde resistía sentarse. Cristina consiguió que la participen del rumbo del gobierno, pero nada hasta ahora le garantiza que el rumbo económico sea el que ella recomienda. Massa está incómodo y su tropa duda de la conveniencia de seguir jugando a ser el puente entre los Fernández, contrariada porque la vicepresidenta se corta sola y el presidente le cierra el paso a las áreas de Economía y empodera al adversario Daniel Scioli en el Ministerio de Producción.
En el afuera, la disparada inflacionaria y los desajustes financieros pusieron al rojo vivo la puja distributiva. Autoconvocados y la Mesa de Enlace pusieron un pie en las rutas, en una remake devaluada de la lucha contra la 125 (derrota épica por antonomasia cuyas ondas expansivas vibran 14 años después y no necesariamente de forma positiva para el oficialismo). La CGT anuncia una movilización para dentro un mes; difumina el destinatario del reclamo, pero si los caciques mueven el tablero es porque el sismógrafo sindical les dice que las bases están inquietas. Ninguno quiere ser desplazado como el metalúrgico Antonio Caló.
El mundo empresario juega su partido. Unos incendian las góndolas con el argumento de proteger sus stocks; otros reclaman por devolver poder adquisitivo y fortalecer el mercado interno; otros presionan por la devaluación, porque las presiones para devaluar no se terminaron cuando el presidente dijo que no lo haría. También ahí se expresa la puja distributiva.
Los movimientos sociales inquietan la calle, motivados por la necesidad de actualizar ingresos y molestos por la desafío de poder que les plantean Cristina y los gobernadores del PJ. Es apenas el iceberg de una discusión que hace rato tiene enredado al Frente de Todos y que se aceleró por la escalada inflacionaria y la proximidad del año electoral.
Llámese Salario Básico Universal, ingreso complementario, monotributo social, o como se llame, el oficialismo busca contrarreloj una herramienta linda, bonita y barata que arrime recursos al bolsillo de los más vulnerables sin dinamitar la caja de Batakis y el acuerdo con el FMI. Todo un desafío sintetizar en unas cuantas semanas, y en medio de la crisis, lo que no logró concretarse cuando el panorama era más favorable.
Disputa de fondos en Santa Fe
Los partidos de la oposición santafesina volvieron a mostrarse en bloque contra el acuerdo que hizo el gobernador Omar Perotti por la deuda histórica de coparticipación. Esta vez fue en Rosario, con representantes comunales. De allí salió un documento donde afirman que el acuerdo “inconsultamente firmado por Perotti es perjudicial para los intereses de Santa Fe” y rechazan de plano la detracción del 1,9% de la Coparticipación Federal en favor de la AFIP: una sentencia de muerte para ese convenio teniendo en cuenta que la oposición controla con amplitud la Cámara de Diputados.
El arco opositor insiste en que el acuerdo “debió haber sido consensuado entre todos los poderes del Estado” y que hubo una “actitud inconsulta y en absoluta soledad del gobernador Perotti”. Luego enumera cinco “propuestas” ante el hecho consumado, como el pedido de que la provincia absorba todos los títulos que Nación entregue como forma de pago y le adelante en efectivo el 13,4% que corresponde a municipios y comunas. La Casa Gris ya dijo que no está en condiciones de hacerlo, y que trasladará los bonos a cada municipio.
Otro reclamo opositor es constituir una comisión parlamentaria de seguimiento del uso de los títulos y que los mismos se integren a un “Fondo de Sustentabilidad que fortalezca la capacidad de inversión pública y generación de puestos de trabajo, aplicándose a proyectos estratégicos conforme se defina estrictamente en cada ley de presupuesto provincial”. Esta última propuesta tiene como antecedente un proyecto de ley de Fondo de Autonomía, Sustentabilidad y Garantía Provincial de junio de 2017 que presentaron el ex gobernador y entonces presidente de la Cámara baja, Antonio Bonfatti, el diputado Rubén Galassi y trabajado por los equipos técnicos del ex ministro de Economía Ángel Sciara. Buscaba que ese Fondo administre el resultante de las sentencias de la Corte y su flujo de recursos, que sirva como garantía y oficie de plataforma anticíclica.
Todo esto preanuncia una larga puja por el manejo y control de los recursos. El Ejecutivo aclara que se manejará con las pautas que puso la propia oposición en el actual presupuesto y las normas previas: coparticipación a municipios y comunas, y el resto aplicación a obras de infraestructura. Y no se moverá de ahí. El tratamiento del presupuesto 2023 en diciembre y a las puertas del año electoral se preanuncia brutal.
De frentes y candidatos
El encuentro de diputados y autoridades partidarias de la UCR, PRO, Partido Socialista, PDP, CREO y GEN de donde salió ese documento es el segundo en 15 días. Alimenta especulaciones electorales a futuro, pero en realidad es la mala gestión política que el gobierno hace de una buena noticia lo que alentó esas fotos de unidad que hasta aquí no habían conseguido ni los más entusiastas impulsores de un gran frente electoral opositor santafesino.
Como sea, que todos los espacios hayan decidido sentarse a la mesa conjunta es una señal. ¿De qué? De algo muy básico: que nadie le cierra la puerta de antemano a la posibilidad de ese gran frente, pero de ahí a ser una señal indubitable de su concreción es un abismo.
El único precandidato a gobernador firme que hoy recorre la provincia es el radical Maximiliano Pullaro. Encarna un proyecto de poder que se desenvuelve como tal, con giros discursivos acordes al momento: antikirchnerismo explícito y saturado, diálogo fluido con el PRO pero sin descuidar a los antiguos socios del Frente Progresista, fidelización de la estructura radical en el interior y apertura del candidato a círculos diferentes a los que frecuentaba como ministro de Seguridad, como es el ciclo Caja de Herramientas que inició esta semana. Todo apuntado a copar la centralidad de Juntos por el Cambio en Santa Fe.
Los otros nombres que caminan la provincia no necesariamente terminarán siendo precandidatos a gobernador y en buena medida dependen de si se arma el frentes de frentes o si Juntos por el Cambio va por un lado, y socialistas y CREO por el otro.
Son los casos de la socialista Clara García, que tendrá un papel protagónico sea cual fuere el lugar del socialismo en 2023, al que calificó como “un partido que quiere ser gobierno en Santa Fe”; y de Federico Angelini del PRO, que está en proceso de acelerar su posicionamiento para no quedar rezagado con respecto a Pullaro y García, que llevan meses caminando la provincia. En el PRO aseguran que tendrán un precandidato a gobernador y será Angelini, a pesar de los que lo proponen como compañero de fórmula de un radical o candidato a intendente en Rosario.
Angelini dijo desde Venado Tuerto que no veía motivos para confluir en una alianza con el socialismo. A los referentes que lo llamaron después de esas declaraciones para medir de qué se trataba les dijo: “Yo no cierro la puerta ni pongo límites, no estoy en esa. Pero veo que perdimos un tiempo importante y hay que sentarse a hablar de qué Estado queremos, qué hacemos con Macri y Bullrich, qué vamos a hacer con la educación, porque estamos de acuerdo que el camino no es la privatización pero yo no creo que la gestión de (la ex ministra Claudia) Balagué haya dado resultados resultados, entre otros temas”. Será necesario darle poder a la creatividad para saldar cuestiones que diferenciaron y diferencian a ambas fuerzas. Ambas, además, le bajan el precio electoral a la otra: los socialistas ven al PRO con peso electoral marginal en Santa Fe; el PRO cree que después de la muerte de Lifschitz los socialistas serán hundidos por la fuerza de atracción de pelea nacional entre JxC y el Frente de Todos.
Mientras tanto, la UCR esta semana se reunió con el PDP y con la Coalición Cívica. En este último caso se trató de un gesto de contención hacia una fuerza muy minoritaria temerosa que una alianza más grande les quite la banca de diputados nacionales por Santa Fe. Así de modestos son los objetivos de Elisa Carrió para la provincia.
La otra variante que sigue orbitando sin bajar a tierra es la de la senadora Carolina Losada. Afianzada política y afectivamente en el Senado nacional, por ahora una precandidatura no es más que la carta que el sector de la UCR que referencian Julián Galdeano, Mario Barletta, Dionisio Scarpin y un sector del PRO que rompió con Angelini hacen valer en el universo opositor. La ganadora de las últimas elecciones tiene poca trayectoria política aún y su vida no pasa por Santa Fe. Da la impresión que no es su deseo ser precandidata, pero como se dijo antes, todas las puertas están abiertas.
Las decisiones futuras tendrán que ver con ese complejo entramado interno pero también con los movimientos que se den en el peronismo. Por ahora pasa poco. El gobernador Perotti se mueve exclusivamente en función de sus tiempos y su futuro personal. Habilitó a Marcos Cleri de La Cámpora y a su ladero Roberto Mirabella a caminar la provincia. Con el rossista Leandro Busatto tuvieron un mano a mano: le dio garantías de regla de juego claras, al menos en esta etapa previa a la campaña, y a cambio la gestión recuperó una voz parlamentaria que la defienda.
El peso de Perotti en las decisiones y la futura estrategia electoral será decisivo, pero no exclusivo, ni jugará solo. No existe como en otros tiempos subordinación de los demás núcleos de poder partidario e institucional. En general la política santafesina ya no valida jefes políticos absolutos que lo definen todo. Con matices, Lifschitz quizás haya sido el último después de las elecciones de 2019 y hasta su fallecimiento.
El desapego del gobernador y los suyos con el gobierno nacional, salvo de algunos ministros como Julián Domínguez y Daniel Scioli, con quienes Perotti ya hizo campañas y se siente cómodo, motivó esta semana un primer roce entre Busatto y Mirabella. El primero dijo que cree en un federalismo inserto en el Frente de Todos y no en proyectos “comarcales” y sugirió que el rafaelino usa frases diseñadas por consultoras que dicen lo mismo que Juntos por el Cambio. Mirabella había dicho que “a veces parece que Santa Fe en lugar de estar integrada a un proyecto de país está anexada”.
Mirabella estaba enojado porque las fábricas de cosechadoras no entraron en la ley de promoción de la industria automotriz y por el reparto de los subsidios de transporte. Legisladores de su propio partido le retrucan que la primera ley beneficia a otra gran empresa radicada en Santa Fe como General Motors y que el aumento de los subsidios tiene dictamen para votarse en Diputados apenas termine el receso. A pesar del mal momento que atraviesa, el presidente está disgustado con la actitud del gobernador. Por eso en la medida que puede viene en persona a anunciar inversiones nacionales. Lo hizo en el caso de las plantas potabilizadoras de Rosario y Santa Fe, que incluyó el anuncio sorpresa del pago de la deuda histórica, y ya tiene como posibilidad venir el 29 para el viaje inaugural del tren Cañada de Gómez-Rosario.
