Distintos sectores de la oposición santafesina están convencidos de que la reforma previsional le significó al gobierno provincial un costo político mayor del que había calculado, y que en consecuencia está obligado a revisar sus planes políticos.
Incluso avistan conflictos en el horizonte si la negociación paritaria reabierta esta semana –próximamente serán también municipios y comunas– no contempla y contiene el descontento por los mayores aportes al sistema previsional de los agentes públicos que aportan a la Caja provincial.
Ambas hipótesis se basan en situaciones reales. A nadie le gusta resignar dinero y el trámite legislativo de la reforma previsional abroqueló a toda la oposición en contra de Unidos. Y de hecho, si se considerara que el resultado de la votación de la reforma previsional es indicativo de una oposición en bloque, consolidada e inamovible, una reforma constitucional sería imposible.
Sin embargo no hay nada lineal ni definitivo en esa votación. Ni la izquierda de Carlos Del Frade tiene una alianza con el bloque de Amalia Granata, ni el perottismo, los senadores del PJ y el resto de las bancadas del peronismo juegan los mismos intereses. Por el contrario, Unidos salió de ese trámite delicado sin fisuras y haciendo honor a su nombre.
Otro tema es el de los costos políticos. “Que algún sector de Unidos haya entrado en tensión con sectores con los que históricamente tuvo relación es una cosa, pero hoy por hoy, mientras Milei baja, Pullaro mantiene su imagen positiva de 60 a 67% según el lugar de a provincia. Incluso Pablo Javkin crece un poco de la mano del gobierno provincial”, hacen cuentas en la Casa de Gobierno.
Paritarias y descuentos
Con respecto a la conflictividad que pueda alcanzar la nueva ronda paritaria, entrarán a jugar de ahora en más aspectos de la reforma previsional de los que poco se habló.
La ley en la práctica refuerza el rol de la paritaria porque amplían el menú de negociación de los sindicatos, porque les permite, ahora que hay aportes previsionales segmentados, defender sector por sector, según escalafón y categorías. Desde los plazos para hacer efectivo el traslado de los aumentos a los pasivos, hasta qué grupos de activos deberían ser más reforzados y con qué herramientas. Si bien el vínculo con el potente gremio docente está en tensión, quizás el termómetro a seguir sea el de la paritaria de ATE y UPCN, dos gremios que fueron decisivos la última vez. Ahí se verificarán los coletazos de la reforma previsional.
La reforma tuvo tres argumentos centrales: controlar el déficit de una caja de empleados públicos que soportan todos los santafesinos, corregir desequilibrios internos del sistema previsional y evitar que la Caja termine en la Ansés, que paga jubilaciones promedio de 420 mil pesos, contra los más de 600 mil de Santa Fe.
Esos argumentos esta semana comenzaron a contrastarse con los descuentos en los recibos de sueldos. A nadie le gusta perder dinero, pero el gobierno confía en que los motivos que justificaron la reforma con el tiempo van a ser valorados por quienes integran las escalas de la base de la pirámide salarial, es decir los que no están salvados por la perspectiva de cobrar una jubilación millonaria, y que son los pasaron a aportar porcentajes más altos.
Round judicial
Entre estos últimos está el Poder Judicial. La semana fue un hervidero de agitación en los tribunales. Versiones de todo tipo alimentaban el enojo de quienes, según la jerarquía, habían sufrido descuentos de decenas y cientos de miles de pesos.
Desde que era inminente una ley para revertir el enganche salarial con la Justicia federal, hasta que los jueces serían obligados a marcar tarjeta, pasando por la promoción del intendente Pablo Javkin a la Corte Suprema. Son todas medidas posibles, pero el gobierno dice que no las contempla hoy. Esos temas, además, no se conversaron en ninguna mesa política de Unidos.
“¿De dónde sacan lo de Javkin?”, se preguntaba un miembro del gabinete provincial, recordando que el mandato del intendente recién termina en diciembre de 2027. Para ese entonces la Casa Gris espera haber cumplido con la renovación de la Corte. Por lo demás, la versión debe haber corrido de alguien que con algo de malicia pretende que un dirigente que hace política desde que es adolescente y gobernó la tercera ciudad del país, por el solo hecho de tener un título de abogado termine licuado en un tribunal múltiple a la espera de su jubilación.
En el mar de fondo de los tribunales subyace alguna interna sindical y la negativa del Ejecutivo a cubrir vacantes de juzgados, firmar ascensos de personal hasta tanto la Corte no le entregue un mapa de prioridades y criterios de asignación de recursos humanos y cargas laborales.
Las voces menos corporativas que habitan el Poder Judicial muestran preocupación por el nivel de conflictividad y malestar que se respira en los Tribunales. “Poner a todos del mismo lado tampoco le sirve al gobierno”, dicen en relación de los movimientos internos que se vieron en los últimos meses, incluso entre sectores con intereses no solo distintos sino contrapuestos.
La Casa Gris, donde las relaciones de poder ocupan un lugar central de la agenda, no demuestra preocupación. Para el pullarismo, el conflicto en determinados sectores es señal de que los cambios que se propone están en el camino correcto. En su lógica, si no hay ruido es porque ese cambio no está llegando a donde quieren que llegue. Y avisan: “Al gobernador, lo que le saquen va a ser por las buenas; presionando van a seguir con las manos vacías”.
El secretario general de los Judiciales de Rosario, Jorge Perlo, repitió días atrás una frase que se escucha mucho en los tribunales: “El gobierno nos toma de rehenes en su pelea contra la Corte Suprema”. ¿Será así? ¿El día que el Ejecutivo haya logrado el propósito de renovar la Corte, firmará todos los ascensos y cubrirá los juzgados vacantes y todo volverá a la normalidad?
La pregunta va y viene todo el tiempo. ¿Todo esto se circunscribe a un conflicto de poder, que está a la vista, o además hay una vocación reformista más profunda? “Las dos cosas”, dicen en Unidos.
Ese debate está abierto en la coalición gobernante. Se hicieron reformas parciales con amplio consenso legislativo a principio de año; otras están en proceso, como el Código Procesal Civil y Comercial; otras para aplicarse, como la del fuero laboral, y otras en estudio.
En la semana el Partido Socialista, uno de los socios mayoritarios de Unidos, dio una señal en ese sentido: sacó a la luz un decálogo de ideas para reformar el Poder Judicial, en el que la renovación de la Corte Suprema sería una parte. Habla de una reforma desde “un enfoque de servicio de justicia y no de poder”.
Desde instaurar audiencias públicas en todo lo que se pueda como método de transparencia, pasando por la generación de un sistema integrado de estadísticas judiciales, reducción de tiempos y evaluación constante de funcionarios judiciales.
Sobre la Corte, apunta a pautas claras en la edad de jubilación, democratizar el procedimiento de juicio político y fijar formas de nombramientos de jueces, con alguna instancia de participación ciudadana como a nivel nacional. Esas ideas en las próximas semanas tomarán forma de sugerencias al Ejecutivo y proyectos de leyes.
El capítulo de la Corte
Con respecto a la renovación de la Corte, el anuncio de retiro de la jueza María Angélica Gastaldi descomprimió notablemente. Desde el gobernador para abajo la llenaron de elogios al igual que a Mario Netri, quien se retira dentro de 30 días. Destacaron sus actitudes institucionales pero también la "integraidad personal”.
Eduardo Spuller, que sería el próximo, y Roberto Falistoco, aún no anunciaron su retiro, pero las flores llueven también para ellos. Muy particularmente para el más antiguo de los supremos: “Falistocco es el más prudente y político de los seis. Siempre ayuda, no se mete ni genera quilombos”, dicen quienes hablan del tema con el gobernador. La Corte santafesina ya no es el bloque de mayoría monolítica que el pullarismo veía cuando llegó al gobierno. El distanciamiento interno se respira en Tribunales y lo lee toda la política.
Al fin de cuentas había alfombra roja y honores para la mayoría de la Corte. Hoy por hoy, el único signo de interrogación está sobre Rafael Gutiérrez, el hombre fuerte del máximo tribunal en los últimos 20 años.
La renovación de la Corte consume más tiempo del que el gobierno planificó, pero sus planes se fueron cumpliendo. En abril se habrán renovado dos vacantes como mínimo y se avanzaría con la creación de una séptima silla. En términos de poder, es una victoria política enorme, que cambia las relaciones de fuerza internas e irradia sobre “puestos intocables” que están inmediatamente por debajo del máximo tribunal. En términos de gestión judicial estarían dadas las condiciones para iniciar una nueva era.
Los sobrevivientes de esta Corte, el juez Daniel Erbetta y el procurador Jorge Barraguirre, son reformistas natos.
Lo que venga
Unidos todavía no definió en profundidad la Corte que viene. “La renovación se dará con consenso de Unidos y con el de algún sector más”, dice el pullarismo. Más aún: “Tienen que ser hombres y mujeres de no más de 60 años y que estén dispuestos a dar algunas señales que para nosotros son simbólicas, pero importantes, como estar dispuestos a pagar impuesto a las Ganancias, aportar a Iapos, tomar el compromiso de irse a los 75 años y gestionar de otra manera el Poder Judicial”.
Mientras en la oposición auscultan si la reforma previsional afectó el resto de los planes políticos del oficialismo, entre ellos la reforma constitucional, hay un último dato por consignar que parece significativo para lo que viene.
Mientras conduce y se ocupa del diálogo con los miembros de la Corte, el gobernador Pullaro por primera vez dio una señal hacia la reforma constitucional: “Veo que está madurando, que está consolidando el camino”, le dijo a Rosario3.
Es una diferencia con respecto a la respuesta automática que se le escuchaba hasta aquí: “Es un tema que no está entre mis prioridades y está en la Legislatura”, tomaba distancia. Quizás sea la señal que esperaba el socialismo, el abanderado de la reforma constitucional, que demandaba un mayor involucramiento del gobernador para cumplir el objetivo de tener antes de fin de año la ley de necesidad de reforma.
