Nueve horas continuadas de sesión conjunta y Asamblea Legislativa fue el tiempo que le demandó a diputados y senadores provinciales tratar la chorrera de 82 pliegos de jueces de distintos fueros, jueces comunitarios, fiscales, directores del ente de servicios sanitarios. Quizás haya sido un récord, aunque lo importante no es el récord en sí, sino el particular momento de la política santafesina, y especialmente de la etapa final del gobierno de Omar Perotti.
A lo largo de los dos primeros años y medio, el gobierno tuvo una errónea lectura del escenario político en el que le tocaba gobernar y sobrevaloró sus propias capacidades, o se dio una estrategia política equivocada. Probablemente hayan sido ambas. En el camino consumió ministros y secretarios en números extraordinarios y los resultados nunca aparecieron, lo que obligó a recalcular. Los malos dejaron de ser tan malos, e incluso recuperaron el protagonismo en la alianza de poder gobernante.
Y Marcelo Sain, que fue una pieza clave de un modelo político de imposición más que de consensos, este martes será imputado por una presunta serie de delitos cometidos durante su gestión. La Fiscalía de Santa Fe sospecha que los perfilamientos y uso de fondos reservados no eran necesariamente utilizados en investigación criminal sino un dispositivo de acumulación de poder ilegal y en algún caso hasta de enriquecimiento. “Todo lo que se hizo fue consensuado”, repite y repetirá Sain, como defensa y advertencia al mismo tiempo.
Ahora, él y otros siete ex funcionarios finalmente sabrán de qué delitos se los acusa. “El martes será un día histórico para Santa Fe”, se regocijó el senador Armando Traferri al tiempo que blandía la copia del perfilamiento que el Ministerio de Seguridad a cargo de Sain había hecho de él, su familia, cuentas bancarias y teléfonos, lo cual, dijo, lo convierte en una de las víctimas. El diputado Carlos del Frade lo cruzó fuerte y le reclamó que renuncie al “privilegio” de los fueros parlamentarios y dé explicaciones a la Justicia por la investigación de juego clandestino.
En el transcurso de su tercer año de gestión, el gobierno provincial revisó su política de diálogo con la Legislatura en general y con la oposición en particular, un poco porque vio que el mandato se le escurría de las manos sin avances y otro poco porque la muerte de Miguel Lifschitz y las elecciones de 2021 giraron 360 grados el tablero opositor.
El Ministerio de Gobierno y el Ministerio Coordinador recuperaron algo de volumen político. Al menos dejaron de ser tenidos como oficinas administrativas. Ahora los interlocutores saben que Marcos Corach, Celia Arena y Oscar Urruty –el operador político que hace el trabajo fino porque conoce a los actores y las dinámicas legislativas– pueden hablar con ellos con la certeza de que representan al gobernador.
Así es como recién a 12 meses de dejar la Casa Gris, la administración Perotti logró acuerdos legislativos significativos. Eso explica en buena medida la inverosímil acumulación de 82 pliegos para tratar en una misma tarde. Además, en días tendrá aprobado el presupuesto del año próximo.
Rabbia legislativa parte II
Todo el proceso de negociación parlamentaria dejó algunos datos relevantes que conviene anotar.
El senador peronista Miguel Rabbia, alineado políticamente con Marcelo Lewandowski, hace diez días rompió el bloque perottista y se armó un monobloque. Este jueves fue el único de la cámara alta que se abstuvo de votar los pliegos de jueces comunitarios. Y al final respaldó el del ascenso del fiscal Matías Edery, uno de los fiscales que pidió el desafuero del senador Armando Traferri para imputarlo. Rabbia (es decir Lewandowski) se diferencia abiertamente, y para que se note, votando el pliego de Edery que Traferri y su bloque defenestraron. Y se diferencia del bloque perottista (es decir de Perotti) con un cuestionamiento estructural a cómo el Ejecutivo llevó adelante los concursos de jueces comunitarios. Lo de Rabbia merece mención no por peso cuantitativo, porque su voto no puso en riesgo nada, sino porque su posicionamiento exhibe la decisión de Lewandowski, el senador que es una de las principales cartas electorales del PJ pero que se cansó de esperar una charla con vistas a 2023 y optó por constituirse como un espacio autónomo y ya no una pieza al servicio exclusivo del gobernador.
En el arco opositor, el proceso de negociación dejó como saldo el quiebre entre las dos bancadas que controlan la Cámara baja: la radical que lidera Maximiliano Pullaro y la socialista que preside Joaquín Blanco por los jueces comunitarios. A su vez, el pliego del ex ministro de Seguridad Jorge Lagna como director del ente regulador sanitario provocó un fuerte cortocircuito filas adentro de la UCR cuando los senadores Lisandro Enrico y Leonardo Diana votaron por la abstención, a diferencia del resto de su bloque que lo hizo por el rechazo, permitiendo una ajustada mayoría. Ese pliego se aprobó por 32 a 30, con 5 abstenciones, cuatro de ellas radicales. Si Enrico y Diana (o los diputados Galdeano y Boscarol) no se abstenían, el vecino de General López se hubiera quedado afuera.
Le pusieron remedio
Una inusual asamblea de 9 horas, tratamiento de 82 pliegos, aprobación de sanciones severas para dos fiscales, luz verde al presupuesto provincial. Mucho y todo junto para una misma tarde-noche. Sin embargo, quizás lo más potente del jueves pasado fue lo que no pasó.
En medio de esa voluminosa y estrepitosa agenda, la idea de un sector de la política santafesina era aprobar la ley titulada “Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos”, que tenía media sanción por unanimidad en el Senado y que en Diputados pasó por las comisiones de Salud y de Presupuesto a la velocidad de un rayo, sin debate, sin cambios, sin consultas, sin publicidad y con dictámenes a favor firmados por las principales fuerzas políticas y algunas minoritarias.
En síntesis, el proyecto apuesta a centralizar toda la compra y gestión del sector público a través de una unidad ejecutora que dependería del Ministerio de Economía y a la que le da la facultad de firmar convenios con colegios profesionales, entre otros, para la gestión de los medicamentos. Una ley a medida de una futura privatización a manos del Colegio de Farmacéuticos de la Primera Circunscripción, que hace años gestiona la compra, administración y provisión de todos los medicamentos que consumen los 550 mil afiliados de Iapos y que cumple todas las condiciones que el proyecto de ley promueve.
Un negocio económico y financiero que este año involucra el manejo de 20 mil millones de pesos de dineros púbicos y estuvo a horas, si se aprobaba la ley en Diputados, de tener la llave para expandirse al resto del sector público provincial, sumando varias decenas de miles de millones más y quedándose con el monopolio de la gestión de medicamentos, incluido lo que hoy el LIF adquiere en el mercado privado de forma centralizada y las compras que realizan los hospitales y Samcos.
Cualquier laboratorio, droguería o farmacia que quiera vender una aspirina a un afiliado de Iapos debería sí o sí pasar por la ventanilla del grupo privado que gestiona detrás de la fachada de ese Colegio de Farmacéuticos y aceptar sus condiciones, precios, proveedores y sistema administrativo.
Fue desde el periodismo que sonó el alerta sobre los alcances del proyecto y sobre el irregular tratamiento legislativo que se le estaba dando.
El jueves, el que tomó la posta fue el diputado de Creo Ariel Bermúdez, quien planteó en la comisión de Asuntos Constitucionales (era la última) que el proyecto debía ser estudiado en profundidad, convocar a los ministros de Economía y de Salud y a todas las partes involucrados. El planteo fue acompañado por el presidente de la comisión, el diputado socialista Blanco, y se convino poner el freno de mano.
De hecho ese mismo jueves ingresó una nota de una treintena de farmacias de centros de salud y hospitales provinciales pidiendo ser escuchados y planteando su oposición. No deja de ser curioso que sean las farmacias públicas las que se presenten en la Legislatura y no el Ministerio de Salud, al que nunca se convocó para pedirle opinión, cuando es notorio que la prioridad de la ministra Martorano y el secretario Prieto está puesta en continuar la línea de gobiernos anteriores en el sentido de fortalecer y ampliar el Laboratorio Industrial Farmacéutico y depender lo menos posible de los precios exorbitantes de la industria farmacéutica.
Otro dato curioso. Una ley que monta un “Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos” sin contemplar al LIF, que es la principal herramienta pública que el Estado provincial tiene. Hoy del LEM (el laboratorio público de Rosario que provee sueros) y el LIF proveen el 90 por ciento de los medicamentos de la atención primaria y el 60% de los de internación a precios mucho más económicos. Además se producen medicamentos para otras provincias y drogas anticonceptivas y misoprostol para garantizar derechos garantizados por ley. No hace falta ser experto para darse cuenta el destino que le aguarda al LIF y el LEM si fuesen los privados los que manejaran la política de medicamentos. El lobo cuidando las ovejas en su máxima expresión.
El proyecto de ley también distorsiona la competencia en el sector privado e inclina la balanza a favor de un jugador. Por eso el alerta periodístico también movilizó a empresarios de la salud del sur provincial y a todos aquellos que no son parte del esquema de negocio del Colegio de Farmacéuticos de la Primera Circunscripción. Por poco se salvaron de quedar atrapados en una red donde ser proveedor del sector público provincial iba a ser más dificultoso.
Quizás centralizar las compras de medicamentos, incluso contemplar la complementariedad con farmacias privadas en localidades donde la salud provincial aún es endeble, no son ideas malas en sí mismas. Lo que no puede cederse es el control de la caja y las políticas de salud, o dejar de comprar a través de licitaciones abiertas. Muchos menos neutralizar el LIF. Cualquier reforma de esta naturaleza debe conducirla la política y no un lobista privado con un racimo de promesas que deja caer en despachos políticos y entre legisladores y bloques parlamentarios. Se juegan enormes cifras de dinero público y la salud del 30% o más de la población que no tiene obra social. Demasiado importante como para resolverlo entre cuatro paredes, sin debate y en sigilo.
