“La guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo esta semana en Radiópolis la fiscal Mónica Cuñarro, una estudiosa de los delitos complejos. “No solo en Argentina, en el mundo” y agregó: “En Estados Unidos no podés ingresar un alicate en tu mochila, sin embargo los cargamentos de Bolivia, Perú y Colombia no tienen problemas de abastecer a los adictos de ese país. Eso explica casi todo. De esto no se habla”. Es una frase de ocasión que da pie a otras inquietudes. Un debate próximo y potente. ¿Qué hacemos con las drogas? ¿Qué hacemos con los consumidores? ¿Cómo se “ordena” el enriquecimiento clandestino del comercio?
Pero sí, mejor no hablar de ciertas cosas. Hasta esta semana que nadie quiso quedar afuera de los aforismos morales o progresistas del narco consumo. En este país no hay problemas de comprar y vender lo que sea, siempre y cuando sea en un mercado pacífico. Aunque ese fue justo el error Santa Fe. La matrix narco no está preparada para soportar una guerrilla bruta y armada regulando un mercado que debe hacerse en escritorios más perfumados y con reglas claras en la distribución de sus ganancias.
Esta semana la muerte de consumidores de cocaína adulterada ha desplazado a la auto promocionada narcocriminalidad rosarina. La guerra narco mata: a competidores, deudores, amenaza a autoridades, corrompe a las fuerzas de control pero es la primera vez que mata al cliente. Y eso además de inusual es complejo. Es patear un hormiguero que molestará a tobillos poderosos, un capítulo más de la obscena situación de aceptar que ese recurso ultra millonario puede abastecer a oficinas del Estado.
Hay una noticia deseada con nombres muy mencionados: Duhalde, Ishii, Aníbal Fernández, el narcosocialismo, los dirigentes que sean de donde sean Córdoba, Mendoza o Tucumán. Si quieren paz la rentabilidad del narcotráfico deberá organizarla el Estado. Y está claro que de eso no se habla. Un ejemplo: ¿por qué el narconegocio se disputa con tiros la competencia en Rosario y no en Córdoba Capital? El monopolio de la fuerza y las armas las debe tener el Estado y en casi todos los distritos de Argentina es así. ¿Y la ganancia?
Con ideas políticas la derecha y parte de la izquierda argentina coinciden en abrir el debate de la despenalización del tráfico. Que el Estado asuma su responsabilidad. ¿Es posible? La mugre siempre bajo la alfombra.
Después de las muertes de consumidores y las operaciones sobre la gravedad del asunto (versiones falsas sobre cantidad de fallecidos y nombres conocidos en esas listas) hubo tres momentos que sobresalieron: Berni (ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires) pidiendo a los compradores de la cocaína “rosa” que la descarten, el ansioso testimonio de los sobrevivientes de la intoxicación (su presencia como fuente destacada del episodio) y la detención y expulsión del presunto responsable, Joaquín “El Paisa” Aquino.
Si el dealer no la vendía adulterada, no lo iban a buscar. Al Estado y sus fuerzas de control no les interesa el vendedor de sustancias sino el episodio que enlode el negocio: la violencia narco (Santa Fe) o la adulteración letal del producto.
La declaración de Berni refleja lo que piensa el Estado Argentino del problema: no es problema vender cocaína, sino vender cocaína adulterada. El Estado es impotente o socio en este negocio. Asume su derrota al combate y se arrodilla antes la distribución de las ganancias.
Desde que asumió Alberto Fernández no hubo una sola frase ni acción política contra el narcotráfico. Si medidas contra las alteraciones antes mencionadas: que se distribuya y venda en paz. Porque así funciona en el mundo entero, dicen los resignados.
Un diputado en Santa Fe pide ingenuamente que la DEA intervenga en la provincia por los narcocrimenes. En Estados Unicos la DEA concentra el poder militar que controla que los adictos sigan consumiendo sin problemas hasta su muerte final.
Las muertes por el tóxico intoxicado reabren el repetido capítulo: la visibilidad de un negocio fastuoso con aroma a operación política. Cristina Fernández en su reciente viaje a Honduras dijo: "Cuando el neoliberalismo suprime el Estado aparecen los narcos". Cinco días después de esa exposición, ya Cristina reemplazando a Alberto por la gira mendigante a Rusia y China, distribuyeron una sustancia mortal a consumidores de los barrios bajos bonaerenses. Y todos mojando el pan en una salsa espesa y sucia.
Hace 30 años. En 1991, Mario Caserta, un oscuro dirigente peronista fue procesado y condenado por lavar dineros del narcotráfico. Implicado en el famoso Yomagate, Caserta cumplió su pena y cuando salió cambio la política por el evangelismo y antes de irse Menem le adjudico una radio FM en Córdoba. Caserta era cercano a Menem (fue vicepresidente del PJ bonaerense) por participar en el armado de la campaña de 1989 juntando fondos que paguen los costos de la logística y la difusión. Sus vínculos con un mercado sucio lo llevaron a prisión. Después de él, ¿nadie más se encargó de la valija poderosa del mundo narco?
¿Hay alguien capaz de urdir un plan siniestro? Intoxicar hasta la muerte fulminante a adictos para poner sobre los escritorios qué hacer con el negocio. O fue solo la torpeza codiciosa de un mezclador que quería ganar más. Las historias virosimiles de las noticias deseadas son infinitas. La derrota será cotidiana, como esa guerra ficcional contra el narcotráfico enriquecedor de los bolsillos del Poder.
