El "Tribunal Internacional Monsanto", conformado por cinco prestigiosos jueces de diferentes países que analizaron el testimonio de más de 30 personas, incluidos el doctor rosarino Damián Verzeñassi -coordinador de los campamentos sanitarios- y el productor Diego Fernández, concluyó este martes tras un simulacro de juicio en La Haya que la empresa estadounidense de biotecnología fue hallada responsable de "ecocidio".

La Corte determinó que sus productos utilizados para fumigar contaminan a las poblaciones y que los Estados que lo permiten son cómplices. Aunque esa decisión no tiene implicancias penales, porque es un Tribunal de Opinión, se espera que la prueba sanitaria y jurídica producida impulse procesos que sí puedan derivar en condenas concretas.

"Si bien las conclusiones a las que arribamos no tienen un efecto vinculante, el valor de los Tribunales de Opinión, que es lo que fue el Tribunal Internacional Monsanto, fue históricamente muy importante porque pone en evidencia la problemática, genera una presión social muy relevante y la prueba que reúne puede servir para los procesos penales que la sociedad civil impulse en sus jurisdicciones", dijo a Télam la jueza mendocina Eleonora Lamm, que integró la Corte.

El proceso contra la máxima productora mundial de herbicidas (el más famoso es Roundup, con glifosato), impulsado por más de mil organizaciones de todo el mundo, se llevó a cabo entre el 15 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya emulando los mecanismos de la Corte Penal Internacional que tiene sede en esa ciudad.

Durante esas jornadas, Lamm junto a su par senegalesa Dior Fall Sow (consultora de la Corte Penal Internacional), el mexicano Jorge Fernández Souza (Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de México), el canadiense Steven Shrybman, y la belga Françoise Tulkens (ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) evaluaron pruebas y testimonios de investigadores, médicos, científicos y supuestas víctimas sobre las consecuencias del uso de los productos fabricados por Monsanto.

El Tribunal consideró a la empresa responsable de ecocidio, de causar daño severo o destruir el medioambiente"

El Tribunal consideró a la empresa responsable de "ecocidio", entendiendo esa figura como la de "causar daño severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen" e instó a Naciones Unidas a incorporarlo como delito penal al Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Además, concluyó que Monsanto estuvo involucrada en prácticas que impactaron de forma negativa en los derechos a un medioambiente sano, a la alimentación, la salud y la información, tomando como base tratados y leyes internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y la Convención de los Derechos del Niño.

En referencia a la acusación de ser cómplice en crímenes de guerra por proveer "Agente Naranja" en la guerra de Vietnam, el pronunciamiento indicó que "debido al estado actual de la legislación internacional y la ausencia de evidencia específica, este Tribunal no puede dar una respuesta definitiva".

La reacción de Monsanto

Consultada por Télam sobre la decisión del tribunal de opinión, la Comisión Directiva Global de Derechos Humanos de Monsanto expresó que "el evento fue organizado por un selecto grupo de críticos anti-tecnología en la agricultura y anti-Monsanto, que actuaron como organizadores, jueces y jurados".

Fue organizado con un resultado ya predeterminado"

La empresa afirmó que "se negó la evidencia científica existente y los antecedentes jurídicos de varios temas; y fue organizado con un resultado ya predeterminado" y añadió que "en una época en la que el público está tratando de separar los hechos de la ficción, esta opinión no-judicial emitida recientemente podría ser malinterpretada".

Una sanción ética

Los Tribunales de Opinión fueron creados en la década del 60 e impulsados por los filósofos Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre y buscaron una sanción, en principio ética, a los crímenes cometidos en Vietnam que no encontraban tribunales donde ser juzgados.

Con el tiempo, la relevancia de las "opiniones" vertidas fue tan influyente que ante la existencia de graves delitos internacionales se generaron decenas de este tipo de tribunales, como fue el caso de violación de los derechos humanos en Sri Lanka o de Desaparición Forzada en Colombia.