El juez Marcelo Bailaque procesó este martes con prisión preventiva y embargos por 200 mil pesos a tres integrantes de la banda de "La Mamu", una organización que investiga la Justicia federal de Rosario por trata de personas en San Lorenzo.

La resolución del titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario alcanza a Mariam S. –alias "Mamu"–, Marisa V. y María de los Ángeles G. y es por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Todas ellas permanecerán detenidas y podrían ser derivadas a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.

En tanto, el magistrado dictó tres falta de mérito y ordenó la inmediata libertad de Celeste C., Diego S. y Franco C., quienes habían sido indagados a pedido de la Fiscalía Federal N°2 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Sin elementos para sobreseerlos o procesarlos, sí el juez solicitó embargos.

Las seis personas ya indagadas –tres quedaron en libertad– son representadas por los abogados Paul Krupnik, Martín Marini y Martina Lianza.

La situación de Raimundo

El nombre del intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, sonó en los pasillos de los Tribunales federales por esta investigación. Fue porque los fiscales Claudio Kishimoto, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo pidieron a Bailaque que lo cite a indagatoria como parte la banda, cosa que hasta el momento no ocurrió.

Sin embargo, dos de las personas procesadas aparecen junto a Raimundo en una serie de fotos tomadas a mediadas de este 2018 en actos públicos. Son repetidas e incluyen a Eduardo Ros, concejal local ladero de Raimundo. En las imágenes están los dos funcionarios junto a Marisa V. y Miriam S., alias "Mamu", jefa de la organización según el rol que le otorga la Justicia.

En particular al indendente, los fiscales Kishimoto, Mángano y Colombo lo señalan por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Esta organización ha logrado garantizar su impunidad gracias al accionar del intendente de la ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, que ha consistido en garantizar la continuidad de la explotación sexual de mujeres en el inmueble, como también la impunidad de los miembros de la organización, evitando que el municipio que preside lleve a cabo los debidos controles y disponga la correspondiente clausura del lugar", describieron.

La prueba principal a la que se aferran los fiscales es un testimonio de una mujer de San Nicolás que denunció ser víctima de la banda de "La Mamu". Fue tomado por funcionarios judiciales, psicólogos y otros especialistas en Buenos Aires, en la Protex. Para los fiscales eso respalda la veracidad de los dichos.

"No existen dudas de que la explotación sexual de las víctimas se dio en un local que se encontraba en funcionamiento por falta de control y consecuente clausura por parte del Estado Municipal, pese al conocimiento que el propio intendente tenía acerca de los hechos que ocurrían en el lugar", indicaron los funcionarios del MPF.