El pedido presidencial para que municipios y provincias argentinas eliminen cobros adicionales de las facturas de servicios públicos generó distintas reacciones en las administraciones de Santa Fe. Mientras el intendente de la capital provincial, José Corral, adhirió al pedido de Mauricio Macri, la rosarina Mónica Fein cuestionó la propuesta.
En diálogo con la prensa, la intendenta Fein aclaró que “los municipios no tienen impuestos” y luego se quejó: “No hemos sido convocados ni para discutir el pacto fiscal, ni para discutir el aumento de tarifas”.
“Nos tendrían que convocar a discutir cuál es el plan y después todos podemos hacer un esfuerzo”, expresó la jefa municipal y concluyó: “Que algunos decidan y los demás hagamos esfuerzos, no me parece”.
En tanto, José Corral anunció que la ciudad de Santa Fe rescindirá el convenio con la EPE, algo que representaría una baja del del 10% en la tarifa de luz.
En la conferencia de prensa, el intendente santafesino explicó que el acuerdo con la EPE "autorizaba cobrar una cuota de alumbrado público que significaba, en la mayoría de las boletas, más del 10%".
El debate en el Concejo rosarino
La concejala rosarina Norma López se metió en la discusión y recordó que hace casi dos años presentó una iniciativa para eliminar impuestos locales sobre los impuestos de luz y gas y “nunca fue apoyada por el Pro y sus aliados”.
"Nuestra propuesta establece que la Municipalidad deje sin efecto el cobro del 10 por ciento en la factura del gas, del 6 por ciento en la factura de la EPE y del 0,6 por ciento de la Tasa de Contraste para entidades de bien público. Hicimos este proyecto hace casi dos años", aseguró la concejala.
En este sentido, argumentó: “El presidente Mauricio Macri hizo este pedido explícitamente a provincias y municipios. Increíblemente ahora nos encontramos con un proyecto en el Concejo en ese sentido pese al nulo apoyo que hemos recibido".
Un proyecto en el Congreso nacional
El proyecto de ley que el gobierno nacional enviará en las próximas horas al Congreso sobre facturación de servicios públicos esenciales, pretende eliminar los cargos provinciales y municipales en las boletas de tarifas de electricidad, gas y agua que llegan a los hogares de todo el país.
La iniciativa se llama “Ley de Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales”, tiene trece artículos e incluye sanciones a quienes incumplan con su articulado.
El punto central de la iniciativa es el artículo seis, que establece: “Las facturas de los servicios públicos esenciales” deberán “contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere”, incluyendo IVA e Ingresos Brutos “si correspondiere” también.
El artículo siete, en tanto, exige que “no se podrá incorporar a la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados” en el párrafo anterior.
Además, para asegurar que el contribuyente pague sólo por lo que consume, el artículo octavo señala que “el usuario podrá hacer uso del derecho de pagar sólo el monto que totalicen los conceptos previstos en el artículo seis, imputándose válido el pago del servicio público en cuestión”.
Las sanciones ante el incumplimiento de la ley irán en forma creciente en el siguiente orden: apercibimiento, multa equivalente a multiplicar en 10 a 10 mil veces el monto facturado indebidamente o la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
Además de invitar a las provincias, incluyendo a sus municipios, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley, el proyecto al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam subraya que el objeto “es garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales”.
Además, se busca evitar “distorsiones en la información el monto a abonar, producidos por conceptos ajenos a la prestación del servicio o improcedentes de ser incorporados en dicha factura”.
Más allá de la adhesión provincial, la iniciativa aclara que se trata de una ley de “carácter público nacional, siendo sus normas de carácter federal”.
Entre los sujetos obligados, el proyecto menciona a “los responsables de la facturación para el cobro de prestaciones de servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua, sean estos entes públicos o privados, independientemente de la figura jurídica que posean y el alcance territorial de la prestación del servicios”.
Finalmente, la autoridad de aplicación, o sea el Poder Ejecutivo Nacional, deberá notificar a los “sujetos obligados dentro de los veinte días posteriores a su promulgación”.
