El paro que hace una semana mantenía paralizados los puertos de la región desde San Lorenzo hasta Timbúes fue interrumpido este miércoles en el marco de una conciliación obligatoria que tendrá su audiencia en Capital Federal este jueves. Así, los 8 gremios que integran el sector y las empresas oleaginosas se reunirán para buscar un acuerdo, tras el reclamo de actualización salarial exigido por los trabajadores.
En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), el titular de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, confirmó que este miércoles muy temprano se realizó una asamblea en la que se decidió acatar la disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación para concurrir mañana a la audiencia. En tanto, se suspendió la paralización de la actividad en los puertos de la zona.
La medida de fuerza, que llevaba ya una semana, estaba encabezada por los ocho gremios que representan al personal tercerizado del complejo portuario (son unos 4 mil), que exigen una actualización a 27 mil pesos del Copa– el convenio que los regula– cuyo básico es actualmente de 19 mil pesos. El paro afectó a las 21 terminales de la región y unos 120 buques permanecieron amarrados e inmovilizados.
“Desde 2011 logramos un convenio, el Copa, con un salario diferenciado para trabajadores tercerizados que incluye a Barrido y Limpieza, Gastronómicos, Amarradores, Camioneros, Marina Mercante, Empleados de Comercio, Vigiladores, Carga y Descarga y Marineros, que trabajan dentro del complejo oleaginoso sin ser trabajadores aceiteros. Nosotros hemos impuesto un salario superior y este año las patronales se habían negado a discutir la actualización para 2017 en un intento de debilitamiento del movimiento obrero y en apoyo al gobierno nacional”, señaló el dirigente en contacto con los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain.
Quiroga explicó que el costo por día que debió asumir cada embarcación ronda los 25 mil dólares diarios, lo que implica que la medida generó una importante pérdida millonaria. “Acá no estamos discutiendo una situación económica, es una decisión política que deben tomar las patronales más importantes del país”, advirtió.
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