Por una orden judicial, los bienes encontrados en un megadesarmadero ilegal ubicado en Ayacucho al 4400, en la zona sur de Rosario, pasarán a ser reutilizados por el gobierno provincial. Por la venta del metal que resultará de la compactación de autopartes -cerca de unas 200 toneladas– se recaudará dinero que será usado con fines sociales. También se prevé donar bienes a entidades civiles. 

Este sábado se llevó a cabo la etapa final de la compactación de autopartes en el megadesarmadero. Contó con la presencia del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende la flamante Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).

Según la información oficial, se calcula que tras la compactación quedarán disponibles unas 200 toneladas de metal, por los que el gobierno provincial percibirá fondos a destinarse con prioridad a escuelas, hospitales y clubes de barrio. En tanto, trece motores van a ser donados a escuelas técnicas, para mejorar sus talleres y darles mayores herramientas de aprendizaje a los alumnos, y un auto de colección (marca Chevy, de los años '60) se donará a un museo para que lo restaure y lo exhiba.

En contacto con la prensa, Pullaro expresó: “Vamos por los bienes que tiene la ilegalidad, y que tiene el delito en la provincia, en este caso, estas autopartes. Que por supuesto el Estado no tiene la capacidad de venderlas, pero sí de compactarlas y de donar ese dinero a instituciones de bien, fundamentalmente a la educación. Somos la primera provincia que les saca los bienes al delito y los pone a disposición de instituciones de bien o instituciones educativas”.

“Con esta acción le seguimos pegando al delito donde más le duele, que es en su poder económico. Para que todas estas piezas no vuelvan al circuito ilegal las vamos a compactar, de esa manera no quedará rastro del delito", planteó Figueroa Escauriza al tiempo que explicó que lo con lo recaudado “se comprarán elementos para escuelas públicas de Rosario, para dárselas a los estudiantes, por ejemplo computadoras o tablets".

A esto se suman las subastas de automotores que se harán a principios de octubre en el marco de la Aprad y las cuatro casas expropiadas en Melincué, que pertenecían a una red de prostitución y en junio pasado fueron escrituradas a nombre de la provincia. “Esos inmuebles están valuados en dos millones de pesos y serán utilizados con fines sociales”, ilustró Figueroa Escauriza.

En el caso del desarmadero rosarino, los automotores que estaban en proceso de desguace y las autopartes ya retiradas de los vehículos fueron decomisadas por la justicia provincial, por lo que se dio intervención a la APRAD. La Agencia, inaugurada en julio, se hace cargo de la custodia y destino final de los bienes decomisados. “Elementos como éstos, producto del delito, y que se encuentran bajo la órbita del organismo, van a ser en su mayoría destruidos a través de la compactación o posterior fundición, lo cual posibilita sean reutilizados como materia prima en la industria del metal”, abundó el secretario de Gestión Pública.

La empresa que realiza los trabajos de limpieza y separación de residuos, corte, compactación y transporte de los bloques de chatarra al destino de disposición final, donde serán fundidos y reutilizados en nuevos procesos productivos, paga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esa materia prima. Se estima que entre los bienes incautados en este desarmadero ilegal había 220 chasis y 200 mil autopartes.