A casi seis años de la explosión ocurrida el 6 de agosto de 2013 en Salta 2141, que dejó 22 muertos y 62 heridos, comenzó este miércoles el juicio donde se intentarán establecer las responsabilidades penales de los once procesados. Del número de personas sentadas en el banquillo de los acusados ya se supo por boca de la Fiscalía que a dos se les solicitó el sobreseimiento por considerar que no hay pruebas suficientes para inferir que incidieron en la tragedia más importante de la ciudad. En este punto, la querella disintió y pidió penas para todos los imputados. La teoría del caso, para los agentes fiscales se basa en una "cadena de responsabilidadades"; para los querellantes fue una "suma concatenada de negligencias"; los defensores que hicieron la exposición criticaron la investigación y aseveraron que "no hay teoría del caso". La alocución de un abogado hizo que una familiar de una víctima fatal aplaudiera de forma irónica y tuviera que salir de la sala.
Carteles, fotos, un tinglado y una gran cantidad de personas en los dos accesos al Centro de Justicia Penal. Así se presentó la mañana en lo que fue el inicio de un juicio oral y público por el episodio más doloroso que vivió de Rosario. Cuatro voluminosas columnas de expedientes colocadas frente al tribunal contenían toda la información acumulada en la investigación, que partió de un hecho que dejó 22 familias sin sus seres queridos. Papeles que contienen, tal vez, la explicación a tanto dolor, angustia, sufrimiento y espera.
Minutos después de las 9, desde la sala 7 del edificio de justicia se comenzaron a dar los primeros pasos para conocer si las pruebas recolectadas durante años contra las personas señaladas como responsables penalmente por la explosión de Salta 2141 son suficientes para llegar a penas de prisión efectiva. Será el tribunal integrado por Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva, el que decidirá qué resolución es "justa" para los acusados en base a la evidencia lograda en el marco de la causa.
Una tragedia, una larga espera y las teorías del caso
Una explosión que lo cambió todo: una cuadra, un barrio y una ciudad. Desde aquella tragedia, toda fuga de gas genera mayor susto y tensión que antes. Para la fiscal Graciela Argüelles, que expuso el alegato de apertura de la Fiscalía, el 6 de agosto de 2013 "terminaron los hechos, no empezaron". La parte acusadora sostuvo que la tragedia fue la consecuencia "de una seguidilla reclamos por el gas".
"Todo comenzó el 24 de julio (2013), cuando la vecina Mariela Bozzo, que vivía en el noveno, llamó a la guardia de Litoral Gas porque se le apagaba el calefón y se entrecortaba la llama en la cocina", comenzó Argüelles, quien relató de forma cronológica todas las intervenciones que se hicieron en las instalaciones de gas de la torre que explotó hace casi seis años.
Para la fiscal hubo una "serie de omisiones que crearon una situación de peligro que aportaron al resultado final". Se trata de tareas presuntamente irregulares hechas por distintos gasistas y reclamistas de Litoral Gas. Explicó que tras el llamado de la vecina del noveno piso, los trabajos apuntaron a verificar si existía una eventual pérdida de gas, pero que todas las personas que manipularon los elementos de conexión del servicio jamás se detuvieron a responder el reclamo de baja presión.
Cada vez que la fiscal mencionaba en su teoría del caso las presuntas responsabilidades de personal de Litoral Gas, Viviana Leegstra, gerenta técnica de la empresa acusada por estrago culposo agravado, tomaba nota. Fue la única imputada que registraba con birome y papel datos sueltos que podían servirle de ayuda memoria.
Durante su alocución, Argüelles dejó en claro que el gasista Carlos García, el último que manipuló el gabinete de gas antes de la explosión, no cortó el suministro cuando comenzó a hacer los trabajos; tampoco la luz; no cerró la puerta de acceso al edificio; ni avisó a los vecinos cuando empezó el escape.
La fiscal apuntó contra el personal jerárquico de Litoral Gas al indicar que no brindaron la suficiente capacitación a sus subordinados ni ejercieron el control necesario sobre los trabajos que hicieron. "Viviana Leegstra y Claudio Tonucci carecían de un plan de previsibilidad, pudiendo agravar el daño causado por la explosión", aseveró.
Según la Fiscalía, nueve de los once acusados merecen penas de cinco años de prisión efectiva por el delito de estrago culposo agravado: Osvaldo García, Pablo Miño (personal que intervino en el cambio del regulador el día del hecho); Norma Bauer, Carlos Repupilli y Mariela Calvillo (miembros de la Administración del edificio de calle Salta 2141); Guillermo Oller y Luis Curaba (reclamistas de Litoral Gas); Viviana Leegstra (gerente técnica de Litoral Gas) y Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas). En tanto, solicitó el sobreseimiento del gasista José Luis Allala y el inspector Gerardo Bolaños.
La querella, por su parte, pidió la misma pena para todos los imputados. Ángelo Rossini, abogado por parte de la familia Gianángelo –quienes perdieron a Débora–, aseveró que la de Salta 2141 "era una tragedia evitable". "Todos tuvieron la posibilidad y el deber de evitar esta tragedia. Fue la suma concatenada de negligencias que generaron el riesgo para que ese 6 de agosto García y Miño generen la explosión que ahora nos convoca. García y Miño no dieron aviso a Litoral Gas para que autorice (el trabajo en el gabinete de gas)", añadió.
"Rosario tuvo un antes y un después. Durante las 2 horas 40 minutos (que se demoró en cortar el servicio tras la fuga) se generó combustión en la cañería. Prácticamente generó fuego. Hubo personas que murieron de forma violenta; otras, como (Débora) Gianángelo, murieron por inhalación de monóxido de carbono", amplió Rossini. En ese preciso instante, los padres de la joven fallecida, Sonia y Horacio, agacharon la cabeza y no pudieron contener el dolor. Sonia se sacó los lentes y atinó a secar con un pañuelo las lágrimas producto del sufrimiento de la pérdida de su hija, a esa que llevaba en la estampa de la remera que usaba adentro de la sala de audiencias.
Luego llegó el turno de la defensa. La exposición fue hecha por los abogados Víctor Corvalán, Gustavo Peyrano, Walter Stramazzo y Walter Calienta. También declaró Mariela Calvillo, la administradora por entonces del edificio.
Stramazzo fue el más crítico con la Fiscalía y la querella. Sostuvo que "no hay teoría del caso", que "hay un desconocimiento alarmante" sobre las normativas vigentes, y cuestionó la presunta "selectividad" de la Fiscalía a la hora de acusar a personal interviniente en tareas en la torre.
"La Fiscalía admitió la clandestinidad de los trabajos", señaló el defensor en alusión a que aparentemente Carlos García manipuló los elementos de conexión de gas del edificio sin haber dado cuenta a Litoral Gas.
"Habrá una inversión de la carga probatoria. Ninguna de estas personas tiene algo que ver con el estrago", concluyó Stramazzo, lo que generó que Eleonora López, hermana de Carlos López, víctima fatal de la explosión, se levantara de la sala y lo aplaudiera de forma irónica. La familiar de la víctima luego se fue de la sala.
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