El 6 agosto de 2013 Rosario sacudió al país con la explosión de un edificio que se cobró la vida de 22 personas, hirió gravemente a otras tantas y marcó la historia de cientos de familias. Esa mañana Carlos García, un gasista matriculado, trabajaba en el edificio de Salta 2141 junto con su asistente en una vieja válvula y fue ahí donde comenzó el horror.

La Justicia, casi cuatro años después, aún no determinó cuáles fueron las causas de la explosión ni quiénes son los responsables, pero lo cierto es que desde entonces quedó expuesta una problemática peligrosa a la que se le daba la espalda: Litoral Gas SA, la empresa que brinda el servicio en esta ciudad, no exige a fondo; el Estado, tampoco y –según la empresa–, hay edificios enteros fuera de la ley porque no cumplen con las normas establecidas para todo el país por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en 1991.

De acuerdo con el procesamiento dictado por la jueza rosarina Patricia Bilotta, se trató de una cadena de negligencias: porque la empresa, Litoral Gas, volvió a suministrarle gas al edificio cuando se sabía que había problemas en la conexión y no se tenía la seguridad de que esos problemas estuviesen solucionados (“no se habilitó el suministro de gas en condiciones de seguridad”, consideró la jueza).

Además, el edificio no cumplía con todas las regulaciones. Tenía, por ejemplo, un regulador de gas que no estaba permitido. El gas se conectó igual. A esto se sumó el trabajo del gasista matriculado García que ese día, de acuerdo con la Justicia, actuó “con negligencia” y desencadenó la explosión del edificio.

El camino de la causa es lento. La explosión ocurrió el 6 de agosto de 2013. El procesamiento se dictó luego de la primera parte de la investigación judicial, el 27 de febrero de 2014. El 26 de agosto de 2015 se elevó la causa a juicio oral, es decir que desde entonces, casi dos años, está a la espera de que se haga el juicio. La fiscal del caso, Graciela Argüelles, espera que se concrete en la primera mitad de 2017.

El 26 de agosto de 2015 se elevó la causa a juicio oral, es decir que desde entonces, casi dos años, está a la espera de que se haga el juicio.

Además de la causa penal por las responsabilidades de cada parte, hay un caso administrativo en trámite. En abril de 2014 el Enargas, a cargo de que las diferentes empresas de gas del país cumplan con las regulaciones y sus obligaciones, sancionó con una multa de 6,5 millones de pesos a Litoral Gas SA por encontrarla responsable de 13 faltas graves en el caso dela explosión ocurrida en Salta 2141. El organismo de control atribuyó incumplimientos a la concesionaria y aplicó las máximas sanciones económicas derivadas de la investigación administrativa: $500 mil pesos para cada una. Ni bien se conoció la resolución, Litoral Gas la consideró “injusta” y la decisión del ente de control del servicio fue cuestionado ante la Justicia. El caso ya llegó hasta la Cámara Federal de Apelaciones, que ratificó la multa el pasado 2 de febrero. Queda ahora esperar la decisión de la Corte Suprema, ante quien la empresa presentó un recurso el 3 de marzo de 2017. De acuerdo con la empresa, el problema que causó la explosión y las muertes fue del consorcio y el gasista, como ciudadanos privados, que trabajaron sin tomar las medidas necesarias.

Lo cierto es que a tres años de la sanción, la multa no se pagó. Para José María González, gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, “Enargas considera que no se tuvieron en cuenta algunos procesos administrativos pero nada tiene que ver con el hecho en sí de la calle Salta 2141”. Sin embargo, en la resolución que emitió el organismo de control se hacen nueve imputaciones contra Litoral Gas por no cumplir con la normativa vigente en el edificio en las semanas previas a la tragedia y también otras cuatro por el plan de emergencias que aplicó la empresa minutos después de la explosión. En tal sentido, la fiscal Argüelles analizó la resolución y la consideró un aval a su investigación, ya que el Enargas “corrobora que hubo irregularidades y conductas omisivas que generan responsabilidad penal enumerando además ineficiencia y falta de organización que agravaron los daños en las horas posteriores”.

La tragedia no se pudo prevenir. Vale preguntarse ahora qué se hizo (¿o no se hizo?) para que no vuelva ocurrir. ¿Qué nos asegura que no se repita un hecho similar?

Cómo nos cuidamos

Litoral Gas sostiene que las instalaciones particulares que tienen los vecinos de Rosario son antiguas y ése es el gran problema de la ciudad. Entonces surge una pregunta: ¿quién debe supervisar esta situación? Acá es cuando la empresa encargada del transporte y la distribución de gas natural se ataja: “Nuestra obligación termina en la casilla de gas del vecino”. Y colocan, como ejemplo paralelo, el servicio de energía eléctrica, considerando que cada ciudadano es responsable de lo que hace en su propiedad y que a estas empresas no les corresponde verificar “puertas para adentro” de cada casa cómo están los enchufes.

De aquí también se desprende la versión judicial que tiene Litoral Gas sobre la tragedia de Salta 2141: un gasista matriculado trabajando de manera clandestina a pedido de los administradores del edificio. Litoral Gas plantea ante la Justicia (ver acá, acá y acá) que, con el objetivo de acelerar los tiempos de resolución y tratando de evitar que una cuadrilla cortara el suministro, desde la administración del edificio se solicitó al gasista García que actuara sin comunicarlo ni pedir asistencia a Litoral Gas.

El miedo a quedarse sin gas no es menor e influye en que muchos vecinos no llamen de inmediato a la empresa y pongan en peligro su propiedad y su vida. “A mi vecino le cortaron el gas y estuvo seis (nueve o doce tal vez) meses sin gas”. La anécdota se repite: gran parte de los rosarinos tiene un conocido que padeció lo mismo. La sugerencia en las reuniones de consorcios es que, ante un supuesto olor a gas, no se debe avisar ni convocar a la empresa para evitar el corte. “Siempre se llama al gasista matriculado”, suele repetirse. Pero, en rigor, esa “enseñanza popular” no debe ser replicada, porque es peligrosa. Al gasista se lo llama ante una reparación puntual de una casa o departamento; si hay indicios de una fuga, señala Litoral Gas, quien debe ser convocada de inmediato es la cuadrilla de emergencias de la empresa, son ellos quienes están capacitados para hacer trabajos en la calle, para comunicar cuáles son los pasos a seguir y, sólo a partir de su autorización, comenzar las eventuales tareas de un gasista.

El miedo a quedarse sin suministro de gas (y a tener que invertir dinero y pasar semanas o meses sin este servicio básico) no debería pesar más que la prevención. Alertar sobre la existencia de olor a gas es la única forma de evitar una tragedia y el gerente de Relaciones Institucionales de la concesionaria lo deja claro: ante una denuncia de olor a gas no siempre se corta el servicio, ingresa el reclamo y se dispara una orden de trabajo, una cuadrilla de la empresa acude de inmediato y verifica si hay pérdidas. “Si está sobre la vereda, la repara Litoral Gas y muchas veces no tiene que interrumpir el suministro”, precisa González. Y, además, agrega: “Si el problema es en el interior de la propiedad, se corta el servicio e interviene la administración o el consorcio para que contrate a un gasista”.

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El problema es que el relato de los usuarios no siempre coincide con la versión de Litoral Gas: consideran que la empresa lleva adelante un comportamiento sistemático y todos los casos derivan en la suspensión y corte del servicio a usuarios residenciales por supuestas “medidas de seguridad”. Fernanda Blasco es una periodista de la ciudad que estuvo dos veces sin servicio, en dos edificios distintos: “A menos de un mes de lo de calle Salta, uno de mis vecinos sentía olor a gas constantemente y, aunque el gasista del edificio ya había dicho que estaba todo bien, llamó igual a Litoral Gas. Al toque la empresa cortó todo”. En ese caso fueron siete los meses de complicaciones diarias por no tener gas: “Me iba a cocinar a lo de mi hermana, pasaba por el súper y me llevaba a mis dos hijos, mientras ellos jugaban con sus primos yo hacía tartas para después guardar en el freezer”.

Sin oponerse a la implementación de medidas tendientes a mejorar la seguridad y la integridad física de los rosarinos, los vecinos se nuclearon en “Usuarios y Consumidores Unidos (UCU)” para evidenciar y cuestionar el “modus operandi” que, según ellos, vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor. Denuncian que se colocan arbitrariamente cepos en los reguladores de gas tanto de los edificios como de las unidades funcionales internas (departamentos de propiedad exclusiva de los usuarios) y se priva con ello del servicio a todos los habitantes sin informarles, al momento del corte o con posterioridad, las faltas o irregularidades sobre el lado “red usuario” que dieron motivo al eventual corte de suministro, así como tampoco se informan las medidas o reformas que deberán realizarse a los efectos de lograr la posterior rehabilitación.

Visto desde esa perspectiva, para UCU el comportamiento de Litoral Gas resulta arbitrario y abusivo, al avasallar el derecho a la información de los usuarios e incumplir obligaciones. “Esto es así toda vez que la suspensión a los edificios se realiza, no sólo sin informar las supuestas irregularidades en áreas comunes ni las medidas a tomar para su readecuación, sino que además el corte en los departamentos se realiza sin que se hayan llevado a cabo inspecciones en ellos, sin constatar irregularidades en su red interna”, sostienen desde Usuarios y Consumidores Unidos.

“Detrás de una cara de boluda hay una gran boluda. Gracias por el agua helada”. En Rosario es conocida la historia de una estudiante que debió padecer agravios como este cuando llamó a Litoral Gas porque sintió olor en su edificio y todos se quedaron sin servicio. Le pegaron carteles de punta a punta del edificio y el acoso fue constante. Ante una denuncia y posterior corte, los usuarios quedan en una situación de extrema incertidumbre por la falta de información sobre la causa de la cancelación de un servicio público esencial para el normal desarrollo de la vida cotidiana. Y tienen miedo de llamar. Conseguir un adecuado asesoramiento con respecto a qué medidas de seguridad se deben tomar para rehabilitar el servicio parece ser utópico, porque los usuarios quedan vulnerables ante ciertos abusos que se dan dentro del mercado de los gasistas, que muchas veces aprovechan la insuficiente información que circula para su beneficio personal, e inducen en algunos casos a realizar reformas incorrectas o no necesarias para obtener la rehabilitación.

Conseguir un adecuado asesoramiento respecto a qué medidas de seguridad se deben tomar para rehabilitar el servicio parece ser utópico

La Ley Nº 24.076, que otorga el marco regulatorio nacional luego de la privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado, sostiene en su artículo 52 que es el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) quien debe “velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública, en la construcción y operación de los sistemas de transporte y distribución de gas natural, incluyendo el derecho de acceso a la propiedad de productores, transportistas y distribuidores previa notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza potencial a la seguridad y conveniencia pública”. ¿Lo hace? No. La presencia del Estado al momento de regular o controlar tanto a los propietarios como a la empresa Litoral Gas es prácticamente nula. Es el propio interventor del Enargas, David José Tezanos González quien lo asume.

Para conocer en profundidad cuáles son las tareas preventivas y qué tipo de inspecciones se llevan adelante, desde Chequeado se realizaron pedidos de acceso a la información pública en la Municipalidad de Rosario, Litoral Gas y Enargas, donde se solicitó toda documentación de diagnóstico hecha sobre la situación de la red de gas en esta ciudad. Y fue Tezanos quien reconoció el débil control en la respuesta brindada a Chequeado: “El ente no cuenta con información referida al número de inspecciones realizadas en la red domiciliaria, tarea ésta que forma parte de la gestión operativa de las respectivas empresas distribuidoras“; en otras palabras, dice que Litoral Gas (en el caso de Rosario) es quien debe inspeccionar sus propias redes. La respuesta del interventor del Enargas es contradictoria, ya que en las primeras líneas señala que el ente “es el encargado de regular el transporte y distribución de gas por redes bajo los objetivos básicos de la protección adecuada de los derechos de los consumidores”, tal como lo establece la ley mencionada.

La Municipalidad de Rosario también respondió los pedidos de acceso a la información y dijeron que tampoco son ellos los encargados de inspeccionar a este tipo de empresas concesionarias. En la misma línea, la fiscal del caso, Argüelles señaló a Chequeado que “los Estados locales no son quienes deben supervisar la red domiciliaria ni el trabajo de Litoral Gas”. Por el momento, sólo una denuncia y posterior orden judicial permite el ingreso a una propiedad privada para verificar la red domiciliaria. No se tiene en cuenta la magnitud y la peligrosidad al momento de convivir con una conexión irregular; ni la empresa, ni el Estado ni mucho menos el Ente Regulador, quieren hacerse cargo de supervisar los domicilios.

Desde agosto de 2013 y hasta 2014 las denuncias por pérdidas en los edificios se multiplicaron y la cantidad de cortes rondaba los 100 por mes.

De los ocho mil edificios habilitados dentro de la red de gas natural de Rosario, cientos se encuentran sin servicio. En Litoral Gas reconocen que desde agosto de 2013 y hasta 2014 las denuncias por pérdidas en los edificios se multiplicaron y la cantidad de cortes rondaba los 100 por mes. “El promedio histórico de cortes por estas causas siempre fue de 20 mensuales, número que volvió a estabilizarse desde 2015”, señala González, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa concesionaria.

¿Cuánto duran los cortes: días o meses?

Si hay una irregularidad en la conexión, Litoral Gas interrumpe el suministro y avisa a la administración del edificio para que llame a un gasista matriculado, quien es el encargado de analizar y decidir cómo solucionar el problema ingresando los detalles de la obra en la empresa para que ésta los apruebe.

Si está todo en orden, la obra es habilitada y una vez terminada viene la inspección de Litoral Gas. “Como máximo son 15 días”, sentencia González. ¿Pero cuántos son los rosarinos que no tienen gas? Según la empresa encargada del transporte y la distribución de gas natural en Rosario son 100 los edificios que tienen el servicio interrumpido, y de esos 100 son 50 los que llevan más de seis meses en la misma situación por problemas ajenos a Litoral Gas: “Lo que más dilata el proceso de volver a tener gas es cómo los consorcios financian las obras”. Y agrega que “algunas veces no hay ni un consorcio formado. Es muy difícil organizar las obras de adecuación que deben hacerse para habilitarlos”. ¿Disputa entre inquilinos y propietarios? “Muchas unidades están deshabitadas o son monoambientes en alquiler a estudiantes de otras localidades”, concluye González.

A Litoral Gas no le gusta escuchar que la red de Gas en Rosario está en crisis, que parece no tener paz y que cíclicamente suceden episodios que ameritan estar preocupados. “Necesitamos unos 15 días para pronunciarnos, nos llegan proyectos complejísimos, pero no más”. González, vocero de la empresa, nos desafía a revisar caso por caso, poniéndose a disposición de cualquiera de los propietarios o consorcistas de los 100 edificios que no tienen servicio; de los 50 que van resolviendo su situación en los plazos “estimados” pero también de aquellos otros 50 que llevan más de seis meses sin gas. “La información está, sabemos cuándo ingresó el expediente y qué pasó día a día con cada uno”.

Antecedentes que no sirvieron

Ya en abril de 2013 se habían encendido las alarmas no sólo de la ausencia de controles sino también de la desidia de muchos constructores: una fuerte detonación en el Complejo Ribera seguida de un incendio quemó a Mariel Cataldo, una estudiante de 21 años que murió días después tras quedar con el 95% de su cuerpo afectado. Tanto la cocina como la caldera de las viviendas de esa torre se abastecían con garrafas y no con gas natural ya que el edificio, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, aún no tenía el “final de obra” y se encontraba con gran parte de los departamentos ocupados. El “final de obra” es un simple trámite administrativo gratuito que debe realizarse en el Municipio donde el constructor presenta todas las certificaciones y una serie de inspectores supervisan que el inmueble se encuentre en condiciones de ser habitado. “Claro está que es sumamente imprudente habitar un lugar sin terminar y, aunque el trámite es gratuito, no suelen dimensionarse las dificultades que tendrían, por ejemplo, las tareas de emergencia en un edificio sin su ‘final de obra’ aprobado”, señaló a Chequeado el jefe de Bomberos Zapadores de Rosario, Andrés Lastorta.

Se necesitaba una adecuación de todo, de todos. Los rosarinos comenzaron a desconfiar del tendido de gas y los meses posteriores a la explosión de la calle Salta fueron un sinfín de denuncias que desembocaron en cientos de hogares que se quedaron sin suministro: los vecinos tuvieron una sensibilidad hasta entonces desconocida, sentían (o creían sentir) olor por todos lados y, cuando se convocaba a la empresa, Litoral Gas apelaba a la medida que tenía a su alcance: el corte. Según datos proporcionados por la empresa, desde agosto de 2013 y durante 2014, los llamados que llegaron por pérdidas en edificios multiplicaron por ocho la cantidad de cortes en Rosario.

Pero el problema sigue, a pesar de que la cantidad de reclamos bajó. Rosario recibió otro cimbronazo cuando en marzo de 2016, al despertarse de la siesta, Alejandro Bogado quiso hacerse un té y voló todo. En Balcarce 23 Bis, a escasos metros de Salta 2141, este profesor de música de 60 años prendió la hornalla de su cocina y sintió un fogonazo que derrumbó su departamento y el del vecino, colapsando el techo y una pared medianera. Hubo un nuevo muerto, tres heridos y varias familias que debieron mudarse porque se quedaron sin hogar. Aunque parezca hollywoodense, Valeria Piazza, la fiscal a cargo de la investigación, señaló que hubo micropérdidas y acumulación de gas entre las paredes del inmueble. Si esto se replica, la ciudad es una bomba de tiempo.

La fiscal a cargo de la investigación, señaló que hubo micropérdidas y acumulación de gas entre las paredes del inmueble. Si esto se replica, la ciudad es una bomba de tiempo.

Factor K de inversión

El Factor K, que no tiene nada que ver con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Fernández, es un mecanismo utilizado en los sistemas regulatorios de costo de servicio y tuvo vigencia, según Litoral Gas, hasta 1999. Este Factor K era un porcentaje agregado a la factura de gas de todos los usuarios y servía como fondo para la construcción de las obras de infraestructura necesarias.

Era un instrumento adicional a otros en el proceso de financiar y amortizar las inversiones y en la Argentina se utilizaba para costear obras que directa o indirectamente se reflejaban en los usuarios del sistema de gas. Las obras acarreaban beneficios a un conjunto considerable de usuarios y tendían a aumentar la capacidad, la seguridad y la confiabilidad del sistema. Cuando el Factor K desapareció, desaparecieron las inversiones. Pasaron los años y la red comenzó a mostrar falencias, años sin obras de infraestructura.

¿La solución? El Estado nacional se haría cargo. Según el ex ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, desde 2012 y a través del plan “Más Cerca” hubo más de 2000 obras terminadas (y 3096 en ejecución) en más de 1682 comunas y municipios de todo el país. “Más Cerca, Mejor País, Más Patria” desembolsaba el dinero a cambio de mantener congeladas las tarifas de gas. El Gobierno iba a financiar la ampliación, pero los pesos no llegaron a tiempo; mientras tanto los constructores, ávidos por el boom inmobiliario, comenzaron a nuclearse buscando una respuesta inmediata y que no demorara su negocio. Así nacieron los fideicomisos.

Las tres obras que necesita Rosario alcanzaban un total de $80.600.000: 1) Refuerzo Gasoducto Cámara Norte (comuna Soldini) por $45.100.000. 2) Refuerzo ramal calle Pellegrini, calle Gorriti y Estación Norte por $18.300.000. 3) Modificación de seis estaciones reguladoras de presión (San Martín y Montevideo; Roca y Catamarca; San Juan y Corrientes; Oroño y Córdoba; 1º de mayo y Córdoba; y Zeballos y Necochea) por $17.200.000. La foto era sonriente: la intendenta, Mónica Fein, y el ministro De Vido juntos. Las firmas de Fein y también la del entonces secretario de Obras Públicas ahora detenido, José López, florecen en los expedientes. La transferencia del dinero nunca se concretó. La empresa que ganó la licitación, Peitel SA, se quedó con los planes de trabajo en la mano.

Quieren gas, no le dan

Según el Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina del Consumidor, son miles los propietarios que no pueden ingresar a sus nuevos hogares por la imposibilidad de conectarse al sistema de gas en Rosario. En este sentido, los Usuarios y Consumidores Unidos señalan que, ante el pedido de factibilidad del suministro de gas, Litoral Gas condiciona la realización de las ya mencionadas obras civiles de gran envergadura, con costos que oscilan entre los $ 200.000 y los $ 500.000, ya que deberían ser afrontados en forma directa por los propietarios del edificio.

La voz de Litoral Gas es categórica: “Las constructoras saben ahora que al costo de la obra de gas dentro del edificio tienen que sumarle el costo de las de ampliación de la red troncal”. Para González, “teniendo en cuenta que un departamento común de dos ambientes se vende en US$ 100 mil, el costo de obra de red es ínfimo”.

Los usuarios lo rechazan en forma terminante; las presentaciones judiciales tildan este accionar de “infundado y sin base legal alguna”. Ninguna ley menciona que los compradores de unidades funcionales que deseen solicitar el servicio de gas tengan que pagar o efectuar obras de tamaña envergadura. Una exigencia tal debería estar plasmada en una normativa que al día de la fecha no existe. Los propietarios hablan de inconstitucionalidad e ilegalidad, de trato discriminatorio frente a los demás usuarios del servicio de gas en Rosario, a los cuales nunca se les exigió ninguna prestación particular más que pagar el derecho de conexión.

Litoral Gas está a cargo del transporte y distribución del gas natural, el Estado no aparece, para la ONG “Usuarios y Consumidores Unidos” suena abusivo trasladar el costo de obligaciones a los vecinos. Son obras a realizarse en lugares alejados de los edificios, una inversión que debería afrontar la empresa o el Estado Nacional, provincial o municipal.

El tiempo no sobra ya que, según informan desde Litoral Gas, el gasoducto que viene de Soldini está al máximo de su capacidad. Rosario se abastece de tres gasoductos: el ya mencionado que viene desde el oeste, uno llega del norte del país y un último viene desde el norte de la provincia de Buenos Aires. Actualmente la zona que tiene problemas para generar nuevas conexiones es el norte de Rosario y la demanda de nuevas conexiones es grande. Los domicilios particulares no son el problema sino los edificios, que al tener más unidades multiplican la exigencia de una red pensada para menos unidades.

En Rosario poco y nada cambió desde la tragedia de la calle Salta 2141. Los controles por parte del Estado y la empresa concesionaria son los mismos pero no suficientes. Que Rosario no siga explotando por reparaciones clandestinas, por micropérdidas en las paredes o por edificios habitados sin final de obra, depende de los propios vecinos de Rosario, aunque la mayoría no lo sepa ni tenga en cuenta.

Investigaciones locales de Chequeado

Investigar sobre problemáticas locales y que pase algo con los resultados fue el desafío que nos planteamos en Chequeado hace más de un año, cuando decidimos lanzar el proyecto del que forma parte esta nota. Fue una idea ambiciosa, llevar adelante simultáneamente investigaciones en cinco ciudades argentinas –la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y La Plata–, y, sobretodo, no hacerlo de manera tradicional.

Aunque un periodista fue el líder de cada proyecto de investigación, no trabajó solo y en secreto, como suele hacerse en estos casos. Porque nada de lo que se publica hoy se mantuvo en secreto. Al contrario, quienes siguen a Chequeado saben desde hace varios meses que estábamos a la búsqueda de información sobre fallas en las conexiones de gas en Rosario.

Primero le pedimos a nuestros seguidores en las redes sociales que nos aportasen información sobre usuarios residenciales que no tuvieran el servicio, y luego convocamos a todos los que estuvieran interesados a un hackatón para investigar juntos. De ahí salió información valiosa que fue incorporada en la investigación que hoy presentamos.

Nuestra idea con este proyecto no es sólo investigar, sino hacerlo con quienes son los principales interesados y pueden hacer algo con los resultados: en este caso, los vecinos rosarinos. Estamos convencidos de que se puede experimentar en el periodismo y explorar nuevas formas de investigar y de narrar.

Con esa idea lanzamos “Investigación periodística con participación ciudadana”, que cuenta con el apoyo de Fondo para la Democracia de Naciones Unidas (UNDEF). Esta es la cuarta de cinco investigaciones que hicimos en este proyecto, pero esperamos que sean solo las primeras de muchas más.