Este jueves, en respuesta al proyecto presentando desde el bloque Ciudad Futura, los representantes de las empresas de reparto que desembarcaron en los últimos meses en la ciudad –Rappi y Pedidos Ya (Glovo estuvo ausente)– se presentaron en el Concejo para dar cuenta del marco en el que desarrollan su actividad. En octubre pasado, el concejal Eduardo Toniolli presentó el reclamo en la Municipalidad de Rosario para que el Ejecutivo intime a las firmas Glovo y Rappi a regularizar su situación en Rosario.
“Es la primera vez que alguna instancia estatal las convoca, lo cual es positivo, pero a su vez evidencia que nunca nadie controló una actividad como esta, que ocurre a la vista de toda la ciudad”, aseguró el concejal Juan Monteverde.
El edil explicó que “el principal objetivo de esta reunión (a la que le seguirá una con los trabajadores) es poder garantizarles a las pibas y pibes que trabajan no sólo condiciones laborales dignas, sino también seguridad a la hora de salir a calle”.
Desde el bloque Ciudad Futura destacaron que se vieron predisposiciones y realidades diferentes de las empresas: mientras que Pedidos Ya manifestó tener a sus trabajadores en blanco, en el caso de Rappi se manifestó una desregulación y precarización absoluta. “Según Rappi la empresa posee 15 empleados, que son los administrativos, y el resto son «socios» que realizan repartos”, explicó Monteverde.
En relación con los vínculos labores, los concejales les preguntaron a los representantes de las mencionadas empresas qué ocurriría si a un repartidor le roban y lo matan, como ha ocurrido en otras partes del país. “¿Las empresas se hacen cargo de algo?”, indagaron, y hubo respuestas diferentes.
“Mientras los referentes de Pedidos Ya indicaron que la empresa cuenta con un seguro de vida, los de Rappi se desligaron completamente. Y sus representantes legales fueron más allá: «De quién es la responsabilidad frente a un robo», preguntó un concejal. «Del ladrón», dijo el abogado de Rappi”, reseñaron desde Ciudad Futura.
“Pareciera que cuando se trata de grandes empresas hay «vacíos legales» que se deben discutir y analizar, pero cuando los involucrados son excluidos o gente pobre sólo hay ilegalidad. En definitiva detrás de todo esto, siempre hay una discusión de poder”, destacó el edil.
Y remató: “Más allá de que algunas respuestas son inaceptables, la reunión sirvió justamente para que empiecen a dar explicaciones, y sobre todo, para que los pibes laburen seguros y en condiciones. El Concejo tiene que ponerse en ese rol: defender a los pibes y las pibas que necesitan laburar, y legislar para que estas empresas se amolden a las necesidades de nuestra ciudad".
