El proyecto de nuevo Código Penal que envió el gobierno nacional al Congreso mantiene la penalización a las mujeres que aborten, pero brinda herramientas para que no vayan presas.
La decisión fue mantener el texto tal como lo había redactado la comisión: la mujer que aborte tendrá una condena de uno a tres años de prisión y el juez podrá eximir la pena o dejarla en suspenso.
Así, la posibilidad de que el gobierno se subiera a la ola verde con el nuevo Código Penal quedó descartada.
Se mantienen las dos causales de aborto no punible de la ley vigente: peligro para la vida o la salud de la madre y si el embarazo proviene de un abuso sexual.
Además, el nuevo Código despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad y cuando su consumo sea en ámbitos de privacidad.
En simultáneo, se aumenta el mínimo de la pena para el tráfico de paco y se elevan hasta 25 años las penas para los cabecillas de las organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico.
