“Que caiga quien tenga que caer”. No es la primera vez que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, utiliza esa frase para referirse a la depuración de la Policía pero lo hizo nuevamente este martes, en sus primeras declaraciones públicas luego de la zaga de detenciones en la fuerza provincial, y en coincidencia con la del ex jefe Rafael Grau.
“No permitiremos bajo ningún concepto la corrupción institucional en ningún ámbito del Estado, y en particular la Policía. Cuando detectamos un caso de presunta corrupción, vamos hasta el hueso. Acá no se cubre absolutamente a nadie, que caiga quien tenga que caer”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.
Reconoció que “ésta no era una decisión fácil porque vinculaba a la plana mayor” pero aclaró: “Acá hay que hacer lo que corresponde y lo hice yo personalmente al presentar la denuncia en mayo del año pasado. Es una decisión de un gobierno provincial”.
Pullaro resaltó una vez más que las fuerzas santafesinas “tienen más de 23 mil hombres y la inmensa mayoría son ciudadanos de bien que trabajan para garantizar seguridad a los santafesinos” pero sostuvo: “Indudablemente, hay algunas excepciones”.
En ese sentido añadió: “A cada una de las denuncias las impulsamos para darle un mensaje claro a cada policía que trabaja y eso también impactó en la caída del delito, ya que el 45% de los delitos violentos se redujeron”.
En otro orden, el ministro, acompañado de sus pares Pablo Farías (Gobierno y Reforma del Estado) y Ricardo Silverstein (Justicia) destacó que esta iniciativa “no hubiese sido posible con el viejo sistema penal de Santa Fe; ésta y las últimas detenciones tienen que ver con la reforma”.
“Queremos seguir jerarquizando a la Policía y separar la paja del trigo”, completó Pullaro, y concluyó con un nuevo y marcado respaldo al actual jefe de la Policía de Santa Fe, José Luis Amaya: “Es lo mejor que tiene esta Policía y no hay que ratificarlo porque su continuidad nunca estuvo en duda”.
El ex jefe de la Policía de Santa Fe Rafael Grau fue detenido este martes en la capital provincial, en el marco de una causa que investiga presunto fraude en la reparación de móviles.
Además, en la última semana se sumaron los casos de los 18 uniformados sospechados –uno por homicidio y los demás por encubrimiento– en la causa por la persecución fatal de junio pasado en zona sur, donde murieron dos jóvenes en circunstancias poco claras, y los agentes detenidos por la desaparición y muerte de Franco Casco en 2014.
