La comisión de Trabajo de la Legislatura santafesina analiza un proyecto para que las empresas que se contraten para la obra pública, incorporen entre sus trabajadores a presos que gocen de libertad condicional, estén bajo prisión domiciliaria o próximos a cumplir la totalidad de su condena. El objetivo que avanzar en la reinserción laboral y social de quienes delinquieron. El cupo propuesto es del cinco por ciento.
Consultado por el periodista Ciro Seisas, del programa A Diario (Radio 2), el director Provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria, Pablo Bufarini, señaló que la iniciativa apunta a “ofrecer herramientas para la inclusión”; y en tal sentido, añadió, el trabajo es uno de los instrumentos socializadores y re socializadores por excelencia.
Bufarini agregó que las personas que formen parte del programa, sólo lo podrán hacer orden judicial mediante y que serán evaluadas por un equipo interdisciplinario durante el tiempo que dure su trabajo.
El proyecto fue presentado por el diputado socialista Joaquín Blanco en forma conjunta con la Dirección.
En total, la iniciativa beneficiaría a unos 4 mil reclusos y establece que el Estado se haga cargo por tres años de la mitad del pago de ingresos brutos por cada empleado. Además –según publicó El Ciudadano– establece la capacitación laboral permanente y gratuita para los presos con la posibilidad de acceder a financiamientos de hasta 10 mil pesos por parte del gobierno provincial para emprendimientos familiares o cooperativas, como también una ayuda de 4.000 pesos proveniente del Estado nacional, a través del Ministerio de Trabajo.
