Desde el espacio Cambiemos en el Concejo realizaron un pedido de informes a la Municipalidad de Rosario por la compra de pan dulce y budines para repartir a sectores carenciados durante las últimas Fiestas de fin de año. En el oficialismo defendieron la transparencia de la licitación.

Los productos, 340 mil unidades, se adquirieron en noviembre pasado desde la Dirección General de Gestión Territorial, por un monto total de 9.701.900 de pesos, detallado en dos expedientes de adjudicaciones.

El primero de ellos, número 36215/2018, indica que se pagaron $7.134.900 por la compra de 170 mil unidades de pan dulce de alrededor de 400 gramos y fue adjudicado a la empresa Nomerobo SA, mientras que el segundo, número 36213/2018, por $2.567.000, fue para Pampa Global Trade SA para la adquisición de 170 mil budines sin fruta.

En el pedido, la concejal Germana Figueroa Casas preguntó quiénes fueron los destinatarios de los productos y el criterio para asignarlos, así como la metodología de la entrega.

“Se trata de una cantidad importante de productos en relación al total de habitantes de la ciudad de Rosario, estimada a 2017 en 992.323, según datos de la propia Municipalidad” dijo Figueroa Casas y agregó: “Se estima que en la ciudad hay alrededor de 350.000 hogares por lo que cada uno debería haber recibido un pan dulce o un budín”.

Por otra parte, la edil solicitó que la Municipalidad informe la razón por la que la licitación no se hizo fraccionada de acuerdo a la ordenanza 7602/03 para permitir a pymes y cooperativas de trabajo participar.

“Una estrategia electoral que les bajan desde Buenos Aires”

Por su parte, el concejal Horacio Ghirardi, del Frente Progresista Cívico y Social, opinó en El Tres que se trata de un “debate falaz” porque Cambiemos sólo intenta “instalar temas desde una estrategia electoral que les bajan desde Buenos Aires, que apunta a la confrontación”.

“Desde hace años se implementa esto –la ayuda a vecinos para Navidad– con un mecanismo muy objetivo, y todo es entregado desde organizaciones sociales, entidades religiosas como Cáritas, etcétera”, aseguró.

El edil insistió en que fue “un proceso licitatorio transparente, auditado por el tribunal de cuentas” y que lo que el municipio buscó fue “prevenir situaciones graves –como eventuales reclamos o saqueos a comercios, aunque sin mencionarlos– que el mismo modelo de Macri ha generado”.