El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este martes a la mañana que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea citada a declaración indagatoria por la compra de un edificio para la Procuración.
Según consignó la agencia DyN, Taiano consideró que se impone "la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido" en la adquisición del inmueble ubicado en la calle Perón 667 por 43,8 millones de pesos (unos 8 millones de dólares en 2013).
Sospechan que la comisión que se pagó por esa operación fue exagerada y que se habría cometido tráfico de influencia.
Ahora, el juez federal Julián Ercolini deberá resolver si cita a la jefa de los fiscales quien este martes dio una entrevista a Radio Con Vos y se defendió de la acusación y del posible intento del gobierno nacional de removarla de su cargo. Dijo que no piensa irse y que, si se firma un decreto para removerla, ella resistirá y recurrirá a la Justicia para evitarlo.
La jefa de los fiscales adelantó que no puede "acatar un acto de invalidez que expondría a los fiscales a que fueran destituídos por decreto".
El edificio en cuestión está ubicado en Perón 667 –allí Gils Carbó tiene su oficina– y la transacción fue realizada a través de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. Como intermediario actuó Juan Carlos Thill, al que se le pagó unos 3 millones de pesos de comisión. Se trata del hermano del número dos del área de contrataciones, un funcionario de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.
La firma vendedora del edificio –Arfinsa, de la familia Bemberg– pagó 8 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry en concepto de comisión y ésta, a su vez, una subcomisión de 3 millones a Thill.
La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública, para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión. De hecho, el contrato entre la inmobiliaria y el broker se hizo el 4 de marzo de 2013, y la licitación para la compra se publicó el 6 de marzo de 2013.
"No había ninguna posibilidad de prever, ni para mí ni para los veinticinco... no dos o tres, ¡veinticinco! funcionarios de distintas áreas que controlaron el trámite, que un pariente de un funcionario de esta Procuración habría cobrado una comisión de tres millones de pesos, que son 176.000 dólares. Hubo absoluta transparencia", se defendió Gils Carbó.
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