Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron este viernes la elevación a juicio oral del caso Hotesur, en el que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner. Se investigan maniobras por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial.

El pedido fue elevado al juez federal Julián Ercolini y alcanza a otros 18 imputados, entre los que se encuentran los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario detenido Lázaro Báez. 

Se trata de la causa iniciada en noviembre de 2014 cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.

“La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvieron los fiscales en el dictamen. 

Pollicita y Mahiques remarcaron que la estructura estaba integrada, además, por “ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos, y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado”.

Según la acusación fiscal, la asociación ilícita funcionó “ininterrumpidamente, al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”. 

Los fiscales remarcaron que a través de la compra de hoteles como el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, se constituyó el “mecanismo a través del cual los ex mandatarios y los empresarios allegados canalizarían el dinero que era sustraído al Estado a través de la obra pública vial, otorgándole así la apariencia de provenir de una actividad lícita”.

“Ello, en definitiva, les aseguraría a los ex presidentes y a sus hijos poder disponer de una parte del dinero de la corrupción, ya que ante los ojos de las autoridades fiscales y anticorrupción dichos fondos contarían con un ropaje de licitud que enmascararía el verdadero origen del dinero”, remarcaron.

Entre los procesados de esta causa se encuentran Lázaro Báez, su hijo Martín; la sobrina de la ex presidenta, Romina Mercado, el contador Víctor Manzanares (detenido) y el empresario Osvaldo Sanfelice.