El viernes 31 de agosto, en medio de la corrida cambiaria, el gobierno nacional oficializó las últimas nueve designaciones de altos cargos políticos con salarios desde los 80 mil pesos. Los nombramientos fueron 182 en el mes y 1.888 en lo que va de 2018. El promedio mensual es superior al registrado los años 2017 y 2016.
Según el relevamiento que realiza el economista rosarino Sergio Arelovich en base a lo publicado en el Boletín oficial nacional, los nuevos puestos jerárquicos fueron 1.955 en 2016 y 1.381 en 2017. El total desde el inicio de la gestión Cambiemos en diciembre de 2015 es de 5.401.
El dato llamativo, por la coyuntura de despidos masivos (esta semana en el Ministerio de Agroindustria) y ajuste de salarios y presupuesto en el Estado (las universidades, por ejemplo) es que este año el promedio mensual se elevó a 236, el máximo hasta ahora. La media de 2016 fue de 162 y había bajado a 115 en 2017.
Como si un amplio paraguas inexpugnable los protegiera de las tormentas, turbulencias y otros fenómenos economo-climáticos, las designaciones en la estructura del Estado nacional nunca se vieron salpicadas. Ni siquiera después del decreto 632/18 de julio pasado y difundido como de “congelamiento” de la planta hasta el 31 de diciembre de 2019.
Esa normativa que entró en vigencia el 10 de julio define “excepciones” en su artículo 2 y habilita cubrir cargos “que no puedan postergarse por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo”.
El 29 de agosto, entre los últimos nombramientos, Arelovich destacó la figura del “Director de la Residencia Presidencial de Olivos”. “Las excepciones en el decreto 632 de julio son la porosidad que permiten sortear ese congelamiento de la planta. Solo sirve para disciplinar a los trabajadores porque las cláusulas son muy laxas”, dijo a Rosario3.com el docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Sin requisitos mínimos
Del trabajo que inició el 11 de diciembre de 2015, Arelovich observó una particularidad: “El 80% de los nombrados no cumplen con los requisitos mínimos para acceder al empleo público. Es decir, para ocupar un cargo se supone que debés tener ciertas aptitudes y un título que te habilite, pero la gran mayoría de las designaciones incluye un artículo que los exceptúa de esas exigencias”.
“El caso más grosero es el de Laura Alonso (en la Oficina de Anticorrupción) que no es abogada pero me llama la atención que esto es generalizado. Uno puede pensar en poner a alguien que no cumple los requisitos pero que es de extrema confianza. Eso lo admito pero acá hablamos de miles de personas y eso es un problema”, añadió.
“Lo veo como un criterio de colonización del Estado. Cuando se vaya el gobierno quedarán funcionarios en áreas claves que manejan expedientes, decretos, resoluciones y contactos”, evaluó el economista e investigador.
Un mensaje en tiempos de ajuste
Desde su inicio, la gestión de Mauricio Macri dispuso por decreto la descentralización de los nombramientos en los ministerios. Los cargos menores no se publican en el Boletín oficial pero sí los de mayor jerarquía. El relevamiento no incluye Fuerzas Armadas, ni traslados, ni reasignación de funciones, ni empresas del Estado, Banco Central, organismos descentralizados con autarquía; ni el personal auxiliar o contratado del Congreso.
“Son los altos cargos creados sólo dentro de los ministerios. Es un cálculo conservador de la ampliación de planta y la comparación es siempre con el mismo criterio, es una selección homogénea”, explicó Arelovich.
Lon salarios van de 80 mil a unos 250 mil pesos. Un cálculo en base al mínimo de esos sueldos sobre el total de nuevos cargos durante 2018 implicaría un costo de unos 150 millones de pesos. Pero no es el monto, insignificante para el Estado nacional, lo que se cuestiona en este caso. Se trata del gesto político, de la coherencia y de eso que tanto se escuchó esta semana: credibilidad.
