Un proyecto con origen en Santa Fe y presentado en el Congreso nacional busca frenar el polémico recorte en las pensiones no contributivas a personas con discapacidad. La senadora María de los Ángeles Sacnun plantea derogar la norma en la que se basó la medida del gobierno nacional.

La iniciativa pretende “dejar sin efecto el decreto reglamentario en el cual se basa el Ministerio de Desarrollo nacional para hacer este recorte”, explicó la legisladora del Frente para la Victoria en Radio 2.

Sobre ese punto, la también abogada aseguró se trata de “una normativa vieja del año 97, tomada con un criterio absolutamente restrictivo y sin tener en cuenta la normativa que se ha dictado luego sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

El decreto en cuestión, el 432/97, reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Especifica cuáles son las condiciones para el otorgamiento de pensiones a la vejez y por invalidez. Su aplicación podría afectar a un millón y medio de personas.

Por eso, además de anular dicho decreto, Sacnun propone “encomendar al Ejecutivo que a la hora de tomar estas medidas se ajuste a las pautas del derecho interno del país que tiene jerarquía constitucional”, con lo cual, considera, “no podrían darse de baja este tipo de pensiones” a personas necesitadas.

“Queremos ponerle rostro humano a esta situación. Conocemos a muchísima gente que está quedando a la intemperie, en una situación de absoluta indigencia ante este atropello del Estado nacional, y eso nos sume en una profunda angustia”, expresó la senadora nacional en el programa La primera de la tarde.

Finalmente, sostuvo que ya recibió un numeroso apoyo de sus pares “de todas las provincias”, quienes le “plantearon que van a dar quórum para darle una rápida solución a este tema” a través del Congreso de la Nación.

Mientras el gobierno explica que la intención de la gestión es "transparentar" el sistema de otorgamiento de pensiones por discapacidad y culpa al kirchnerismo de haber tenido un "manejo clientelar y corrupto" de ese beneficio, los beneficiarios que se vieron perjudicados con la medida y referentes opositores de distintos espacios políticos salieron a cuestionar la aplicación "a la letra" del decreto emitido durante el menemismo.

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