La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, definió este sábado como "una persecución política brutal" contra la oposición la denuncia penal del gobierno nacional que la acusó, junto a otros 10 legisladores, de impedir la sesión del pasado 14 de diciembre que debía tratar la reforma previsional.
"No cometimos ninguno de los hechos que dice el gobierno", aseguró la legisladora al referirse a la denuncia penal presentada el viernes por Guillermo Soares Gache, de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y el Ministerio Público, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El escrito acusa a 11 legisladores, entre ellos a Axel Kicillof, Daniel Filmus, Nicolás del Caño y Horacio Pietragalla, de los delitos de "atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento".
La imputación se dio en el contexto de la sesión de la Cámara baja del pasado 14 de diciembre, en la que se frustró el debate de la reforma previsional.
En la denuncia se acusa a los legisladores del Frente para la Victoria y de la izquierda de haber obstaculizado el accionar de la Gendarmería, apostada en las puertas del Congreso de la Nación, y de permitir el ingreso al edificio de manifestantes con el objetivo de impedir que sesionara la Cámara.
En declaraciones a FM Delta que citó Télam, Bregman insistió en que "no puede ser un delito plantear algo en una sesión del Congreso como pedir levantar la sesión".
"El problema del país es la Justicia federal y la connivencia con el gobierno de turno", dijo Bregman y planteó que "la República que prometía Cambiemos suena más bien a un sistema de esclavitud", al advertir que "si en una sesión decimos algo que no le gusta al gobierno, van a denunciarnos penalmente".
El kirchnerista Pietragalla afirmó: “La idea es atemorizar no sé a quién a través de denuncias judiciales. En pocos meses van a intentar sacar una reforma laboral y quieren con esta denuncia marcar la cancha desde el poder Ejecutivo al poder legislativo. Condicionamientos, es lo que quieren hacer todo el tiempo”.
“No le vamos a dar más entidad a esta denuncia del Ejecutivo porque es un mamarracho jurídico. Por más que tengan videos, es una interpretación de la realidad. Que en mi caso me denuncien por encubrimiento agravado cuando estoy por tratar de que Gendarmería no se lleve un pibe de la calle en el momento en que sale a cazar, es medio irrisorio”, dijo a Tiempo Argentino.
“Este es un gobierno democrático pero muy autoritario. Con el poder judicial extorsionan y se manejan de manera mafiosa. Cuando ven un fallo que no les convence o no les gusta, hay persecución, amenazas”, expresó.
