El gobernador Miguel Lifschitz recibirá este miércoles a un grupo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación, que le trasladarán su preocupación por la ley que sancionó la Legislatura provincial el 30 de noviembre, donde se modificó el proceso de remoción de fiscales y defensores.
La normativa sancionada cambia el sistema de desplazamiento de funcionarios y lo deja de manera exclusiva en manos del cuerpo legislativo.
Según información del periodista del Tres Hernán Funes (Telenoche), el encuentro será por la tarde y en Rosario, en la sede local de la Gobernación. Participarán el fiscal general Jorge Baclini y dos funcionarios por cada Fiscalía Regional, que son cinco.
Los fiscales trasladarán al gobernador su postura de que pueda "estudiar la posibilidad de hacer uso de sus facultades constitucionales para remediar la situación, que coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de la calidad institucional", según definieron en un comunicado enviado tras la sanción.
La semana pasada, la Junta de Fiscales -compuesta por el Fiscal General y los cinco Fiscales Regionales- se reunió de manera extraodinaria y emitió un comunicado en el que advertía que les "llama poderosamente la atención que una ley de tanta importancia fue sancionada sin debate previo, en tiempo récord y en la última sesión ordinaria del año".
Asimismo, consideraron que "la nueva norma conforma un avasallamiento a la independencia y autonomía del órgano encargado de la persecución penal en tanto modifica el régimen de remoción de los Fiscales y Fiscales Adjuntos, que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo, circunstancia que refleja su dudosa constitucionalidad conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional".
Para los fiscales, las modificaciones aprobadas los coloca "en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica-funcional con capacidad tal de aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley".
Por el veto
Este lunes, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Argentina de Fiscales firmaron comunicados donde pidieron al gobernador de Santa Fe que vete la normativa.
Ésta última, lo hizo reservándose "el derecho de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia y eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
